El aval bancario

Una de las cosas que más indignación me produce, es ver con qué facilidad aquí, ante una crisis creada por estamentos financieros e institucionales, se hace pagar las consecuencias a la parte más débil de la sociedad: la familia. En los cuatro años que llevo por estas tierras, fueron miles y miles las familias desahuciadas y echadas con muy malas formas de sus casas, en las que hacían su vida familiar luego de un proceso de empobrecimiento en el que el Estado incumplía e incumple garantías constitucionales en cuanto a vivienda y salario digno (artículos 47 y 35 de la Constitución Española).

Tuve que ver, leer y escuchar, como muchos y muchas de esos afectados se quitaron la vida a cuenta de la fuerza bruta de unas policías que cumplían lo que se le ordenaba, diluyendo así responsabilidades ante esas muertes. Muertes que debieran ser juzgadas repartiendo responsabilidades allí donde hubiera “dictados de fuerza” que producen decisiones difíciles como es sacarse la vida. La Constitución protege a todo ciudadano ante la carencia de una vivienda y de un salario. Si una crisis económica produce paro, y este paro produce la pérdida del trabajo que da el sustento y garantías de pago, es el Estado el que tiene que asumir los costes o avales de la nueva situación, ya que es el avalista principal de toda persona que viva en este estado, conforme reza en el articulado de la Constitución.

Y digo que me da indignación, por ser espectador de dos realidades distintas en países y estados de una misma Unión Europea. La del Estado neerlandés de los Países Bajos y la del Estado español que, a pesar de que la Constitución protege y promueve al ciudadano a tener una vivienda y un salario digno, cuando un trabajador acude a una entidad hipotecaria para hacerse con esa vivienda, no recibe aval ninguno del Estado. Es ese trabajador el que tiene que aportar el aval o avales que figurarán en un contrato y que, en el caso de incumplir los pagos acordados, la entidad financiera que no percibe lo acordado pondrá en marcha todos los mecanismos coercitivos, que llegan en este país a utilizar bomberos y policía como si de un ataque terrorista se tratase, sin miramientos y por la brava.

Al trabajador no se le pide el aval de su trabajo y los ingresos que percibe, que cuenta para acceder a más o menos crédito, sino y principalmente, de un aval superior que normalmente la gente joven no posee, lo que le obliga a procurar ese aval en la familia, sean padres, hermanos, cuñados, primos o amigos que, ante este pedido en tiempos de bonanza económica, arriesgan un patrimonio facilitando a ese hijo, hermano, cuñado, primo o amigo propiedades que en un futuro incierto, pueden ser pasto del fuego que produce un incendio, el incendio de unas relaciones familiares que por causas ajenas a ellos (crisis económica) se ceba en ellos por el desamparo casi total del Estado que se lava las manos ante los afectados, pero que salva económicamente a los causantes de esas crisis, haciendo uso de los medios económicos que el ciudadano aporta al Estado en forma de impuestos, y que (demostrado) no hace casi nada por recuperar todo el capital aportado para salvar a entidades privadas que, en el caso de beneficios (que es casi siempre) no lo comparten con los demás miembros de ese Estado. O sea: privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Ese es el lema que sigue el Partido Popular en su gestión del Estado que procura muy mucho no publicitarlo, por si se le diera a los incautos ciudadanos de a pié, de tomar cartas en el asunto y se revolucionaran un poco exigiendo responsabilidades ante el atraco encubierto que nos están a cometer.

En el otro lado, no en el del charco o del estrecho, sino en el de la Unión Europea, en los Países Bajos donde puedo dar fe de lo que digo y escribo, cuando un trabajador acude a una entidad bancaria para hacerse en propiedad de una vivienda previamente visitada, recibe asesoramiento bien de la entidad bancaria o bien de los Makelaars diversos que abundan y aconsejan. En el trato y firma de los papeles necesarios para una hipoteca, el “aval” ni se menciona ni aparece en papel alguno que tenga que firmar ese trabajador. El “aval” son los ingresos totales del trabajador o de la entidad familiar que figuren en la propiedad, para dar respaldo a unos pagos que los expertos valoran en baremos de acceso al crédito. Y aquí se acabaron las dificultades para la concesión de un crédito hipotecario.

Si esto es así de fácil en los Países Bajos, uno tiene derecho aquí, en España, a preguntar por esta diferencia tan abismal entre dos países de una misma Unión Europea: ¿Qué pasa en el caso de ese trabajador o entidad familiar, si a cuenta de una crisis cualquiera, pierden su trabajo? La respuesta para cualquiera que conozca los Países Bajos es sencilla: ¡NADA!, aunque este nada traiga muchas gestiones y molestias. La realidad es que el trabajador o entidad familiar, tiene el respaldo del Estado en cualquier situación que se produzca y afecte a un salario y vivienda; pague un organismo u otro, pero no puede estar y vivir en los Países Bajos sin uno y otro derecho. Nadie se tirará por la ventana o por el balcón para quitarse la vida por causa de vivienda o salario, el Ayuntamiento y todos los organismos institucionales trabajarán para que en un corto espacio de tiempo, se solucionen esos problemas que se ocasionan cuando a uno se le truncan posibilidades de vivir dignamente. ¡No se vive de la caridad que aquí impulsa el Gobierno a través de la religión, hay derechos! Eso es un Estado democrático, no la pseudodemocracia que aquí nos construyeron desde el 78, en la que se alimentó a mucho Alí-Babá con 40 o 800 ladrones que se metieron en la política para robarnos a los inocentes ciudadanos que lo consentimos. ¡Es urgente el cambio! _________________

Federico Elodio Avila Soto es socio de infoLibre