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Cataluña: estado de la cuestión

Jesús Moncho Pascual

El problema o conflicto catalán estaba y está encima la mesa. Y todo problema (por definición) requiere  una solución. Los caminos para su solución han de comenzar siempre con la misma pasta de aquello que estamos tratando, han de ser de la misma naturaleza de aquello a solucionar. Es decir, si el tema es político, se ha de dar una solución política. Pero las fuerzas conservadoras españolas, por no enfrentar el problema o temerosos ante el mismo, no le quieren dar tal tratamiento, lo sacan del tablero y juego político, para dejarlo en la vía de la mera inexistencia o no reconocimiento. A todo lo que pedían los catalanes, desde hace tiempo, Rajoy y el PP han dado el mutis por respuesta. No es que no se reconozca el derecho democrático a decidir, es que se niega tajantemente cualquier demanda o petición desde Cataluña.

Frente al bloqueo institucional y político, a Cataluña le quedaba explorar la única vía restante: hacer, o intentar hacer, el camino por su cuenta. Sin pararse a pensar que esto comportaba, quizás, ponerse fuera de la ley. Las elecciones pretendidamente plebiscitarias le dieron la mayoría parlamentaria, pero no la mayoría social, sólo un 48%. Con tal bagaje proponen el “referéndum o referéndum” y la posible «Declaración Unilateral de Independencia». Argumentos estos suficientes para la derecha española (amparada en la derecha europea: Merkel, May, Macron, Tajani, Weber... y la mayoría del Parlamento Europeo) para descargar toda su fuerza y peso con todos los instrumentos disponibles: políticos (PP, PSOE, C’s), policiales, y judiciales. Los independentistas, una vez salidos de la vía legal, jugaban con sus fuerzas: la fuerza social, la fuerza del pueblo. Obviamente, un 48% no era suficiente. Las mayorías sociales, que son suficiente aval para hacer progresar las sociedades democráticas, no se  daban en este caso. Habían hecho, los independentistas, en su ingenuidad, un mal cálculo. No sólo las fuerzas constitucionalistas actuaban desde el resto de España, sino que también desde dentro de Cataluña una mayoría no estaba de acuerdo con los independentistas. El resultado ya lo sabemos.

De momento, dos lecciones quedan claras: la primera es que la acción y la voluntad popular no pueden expresarse al margen de la ley (principio de legalidad); la segunda nos dice que la ley no puede enervar la expresión de la susodicha voluntad popular (principio democrático) hasta obturarla. Por lo tanto, la democracia tiene que ser el resultado de la aplicación simultánea de ambos principios debidamente conjugados. Y ese es el trabajo de los políticos. Todo el resto es o son ganas de crispar la sociedad.

Y de momento parece que los caminos sean continuar en la senda de la represión por parte de la oficialidad, descabezando por todos los medios a los líderes del soberanismo con la prisión o inacción de los Jordis, de Junqueras y de Puigdemont. Y abocando, por lo tanto, a los soberanistas a perseverar en su camino hacia la consecución de la mayoría social que avale sus propósitos legítimamente democráticos (lejos, esta nueva vez, de DUIs).

Quizás, la postura más inteligente sería, ahora y aquí, llevar la solución del problema a los caminos políticos. Dar voz a los unos y a los otros. Acordar. Y dar estabilidad a la sociedad para treinta o cuarenta años más. La independencia no es necesaria. Decidir por sí mismos cómo quiere comportarse una sociedad, sí es necesario. Para eso han de disponer de suficientes y reales competencias fiscales, legislativas y ejecutivas. Ponerse de acuerdo es muestra de civismo político. Lo contrario es poner sólo los co... encima de la mesa. ____________

Jesús Moncho Pascual es infoLibre

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