El enterramiento

Estamos asistiendo con el movimiento de los restos de Franco, después de 43 años de muerto, a una crisis del Estado democrático en dos fases: la de la exhumación y la del enterramiento posterior. Parecerá exagerado, pero es así.

La exhumación -todavía no resuelta- no es un hecho episódico, aunque debiera serlo después de la discusión y votación por una mayoría de 198 diputados del Parlamento en el año 2017 de la proposición de ley para cumplir con el desarrollo de la la Ley de la memoria histórica, solo con la abstención del PP y ERC. Tal proposición fue ignorada por el Gobierno de Rajoy que no llevó a cabo iniciativa alguna para ponerla en marcha. Ya en ese momento se argumentó que el asunto era una cuestión de Estado, para lo que se requería un amplio consenso ya que no se trataba de “cuestiones de partido” ( Albert Rivera). Y lo que debiera ser un hecho sencillo y fácil, ha degenerado en una crisis de Estado.

Fue anunciar el nuevo Gobierno, nacido de la moción de censura, la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco y, cual otras especies, salieron de sus guaridas todos los franquistas de España, ocupando portadas y medios de comunicación con una profusión y entusiasmo casi juvenil. ¿Motivos?

Por una parte, la correa que se les ofreció a tantos franquistas en los medios de comunicación, que sin pudor alabaron su figura e hicieron apología del franquismo, lo que a estas alturas nos debiera estremecer, porque indica todavía la facilidad con la que se equivoca la libertad de expresión, tantos años luchada y duramente conseguida.

Podría todavía justificarse si ha servido para la discusión en las familias, y a los jóvenes menores de 40 años, les haya servido para que conozcan un poco el personaje del dictador y el régimen que alumbró y gobernó durante cuarenta años, mientras Europa y otras partes del mundo caminaban por regímenes democráticos.

A estos españoles se les ha desadoctrinado con este periodo de nuestra historia, porque los libros escolares hablan someramente y sin crítica del mismo y porque ni siquiera se llega a tiempo para explicarlo.

Y, por otra parte, si con el anuncio de la exhumación se rompieron los amplios consensos logrados en el Parlamento y se pasó de lo que es una cuestión de Estado a una lucha ideológica y política, con el conflicto creado por el lugar del enterramiento subsiguiente se ha agudizado la crisis y se han multiplicados los disensos.

De momento, con un protagonista principal, la familia, que ha puesto la orquesta, ha subido los decibelios de la música y está haciendo bailar alrededor de sus melodías a las instituciones del Estado democrático y a la iglesia católica como actores secundarios. A sus nietos no les interesa la momia, como con cierto desprecio dicen, solo en cuanto pueden poner en un brete al Estado. Una familia respaldada por los restos del franquismo echan un pulso y ponen en apuros al Estado democrático. El colmo de la audacia y el poder.

Se trata de la intervención y resolución por el Estado democrático de un asunto grave frente a las decisiones que tomó el Estado franquista. No es trivial. Se trata de dar un paso decisivo en el fortalecimiento y la consolidación de nuestro Estado democrático frente a lo que fue e hizo el Estado franquista, representado en la figura de quien fue el jefe único y supremo de todos sus poderes. Aquí no caben disensos y sí aparcar la lucha ideológica y política. Las luchas y disensos en este asunto debilitan nuestra democracia, más débil de lo que algunos se creen, y debilitan también la confianza de los ciudadanos en los partidos e instituciones estatales que la representan. No es posible hoy representar al Estado y presentarse en Europa con un ropaje franquista e ir afirmando que esto son cosas del pasado y que sólo sirve para “abrir heridas” . En Europa existe una memoria imborrable del fascismo, de sus consecuencias y de sus líderes por lo que a todos se les ha hecho caer en el ostracismo. Que se de una respuesta unánime, favorece el fomento de la calidad de nuestra democracia y os favorece a vosotros, Partido Popular y Ciudadanos, por si todavía se dan en vuestros órganos internos capacidad de discusión y decisión. Si vuestra intención es que el Gobierno fracase en este asunto, a lo único que contribuís es a tirar piedras contra vuestro tejado. ¡Tanta verborrea con otros asuntos y cuánto silencio en éste!

La mayoría de los españoles agradecerían enormemente el consenso y la unanimidad de todas las instituciones del Estado, desde la Jefatura que podría pronunciarse para desligarse de lo que fue su nombramiento, pasando por el Gobierno y por el Parlamento sin olvidar al Poder judicial. Este último poder tiene que estar preparado y alerta para defender al Estado. Como últimamente todo se judicializa, ¡estaría bueno que en este asunto, solo político, un juez o jueza considerara que puede intervenir! La familia no pinta nada en el mismo y poco la iglesia católica, con matices. Recordemos someramente la historia.

El lugar del enterramiento fue decidido a la muerte del dictador entre el Gobierno y el rey Juan Carlos, ya nuevo jefe del Estado, sin que el dictador y la familia tuvieran ninguna previsión al respecto. Sin entrar en detalles, fue una decisión del Estado franquista. Y si la Jefatura del Estado intervino en el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos, ahora Felipe VI, su hijo y sucesor, tiene que intervenir y colaborar para quitarse los sambenitos de encima. Es lo pertinente. Sería una decisión valiente y acorde con la Constitución para celebrar como se merece su 40 aniversario. Leer sus capítulos es sencillo, pero tiene sus exigencias. El Gobierno podría aconsejarle esa intervención en la que apoyara como el jefe supremo al Estado nacido de la Constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo español y ganaría su figura. Y sería más eficaz que la del Estado vaticano. Si fue el Estado franquista el que decidió el lugar del enterramiento, a sensu contrario, la exhumación y nuevo enterramiento de sus restos pertenece al Estado democrático decidir ahora qué hacer con ellos. Si resultó fácil al Estado franquista solucionar el lugar del enterramiento del dictador, no tendría que resultar tan complicado al Estado democrático entregárselo a la familia para que lo entierren donde quieran menos en otro lugar sagrado. Si el Estado democrático no resuelve este problema aparecerá como un Estado débil, sometido a los restos del franquismo. A esa debilidad responde la declaración que “la familia tenga un poco más de humildad”, Abalos dixit.

El Gobierno y la Iglesia católica quieren quitarse el muerto de encima, mientras la familia quiere endosárselo a los dos. Y ese muerto endosado lleva consigo un equipaje muy negro y el pago para ambos de un precio muy alto. Por eso cada uno quiere endosárselo al otro. La iglesia católica al Gobierno y el Gobierno a la Iglesia.

Contradiciendo las palabras de Meritxell Batet, y de otras declaraciones gubernamentales, el Gobierno tiene margen, mucho margen para impedir el enterramiento en otro lugar sagrado. Esa tiene que ser la condición para entregárselo a la familia. Los restos del muerto no son los de uno cualquiera. Y la familia tiene que aceptar que a los esposos se los entierra juntos en el Pardo desde donde se nos gobernó. ¿Y Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, tiene margen para rechazar a Franco?, le preguntan al teólogo Juan José Tamayo, que contesta: ¡Cómo no va a tener margen! Igual que la Iglesia tiene margen para excluir a teólogas y teólogos heterodoxos...”. “Oigan ustedes, que enterrar a Franco en un lugar sagrado es mantener los vínculos con la dictadura”, prosigue Juan José Tamayo. Ese es el matiz. A la jerarquía católica hay que exigirla que desuna su suerte con el franquismo, que colabore con el Estado democrático y que una a sus fieles frente a los impios, que muchos creyentes así lo dicen y piden. Y educarlos en la fe. Sería deseable en este momento histórico que la Conferencia Episcopal -ya es hora- dirigiera una carta pastoral a los fieles para que se leyera en todos los templos y lugares de culto. Ganaría muchos enteros, sin agarrarse a esa bobada antievangélica de que Franco es “un cristiano porque ha sido bautizado”. De todas formas como la Iglesia católica es una institución privada y aunque el registro de la propiedad diga otra cosa, solo es inquilina y administradora de las iglesias y catedrales, construidas con el sudor, la sangre y los dineros de nuestros antepasados, como los palacios no son del monarca ni los edificios ministeriales lo son del Gobierno.

El Gobierno puede darle órdenes con un estilo democrático, pero con determinación y firmeza asumiendo que es el Ejecutivo. El Gobierno tiene que coger el toro por los cuernos, sin peloteos. Se han acabado los días en los que los príncipes, reyes y dictadores eran enterrados en lugares sagrados. Eso ocurría en otras épocas. Y si el dictador fue un “caudillo” impío, aunque sus monedas dijeran lo contrario, menos dudas caben.

O como dice Berna González, “el tamaño del mérito para llegar a esto (un dictador enterrado en una catedral) es tan colosal que el Gobierno haría bien en meditar sus siguientes pasos”. Y los siguientes pasos no han sido los más acertados. La nueva inhumación de los restos de Franco es un asunto político interno exclusivamente. Que la vicepresidenta del Gobierno, haya acudido a Roma para negociar el lugar de un nuevo enterramiento, a pedir auxilio a la Santa Sede, una iglesia externa, no hace más que condicionar su autonomía y limitar su fuerza. Un Gobierno que representa a un Estado de 45 millones de ciudadanos y con una extensión de 505.000 km2 no puede ir a un Estado de poco más de mil, aunque tenga fieles por todo el mundo, a mendigar en un asunto que no le compete. Desde el momento en que en este asunto interno la vicepresidenta va al Vaticano acepta una relación de inferioridad (de rodillas, la ha viñateado Peridis) en la negociación de otras cuestiones que el Estado ha tenido que plantear como la pederastia, de la que el Gobierno evita criticar a la iglesia. Do ut des. En términos políticos, es un fracaso.

Si el Gobierno no se muestra firme, ¿con qué motivos creíbles el Gobierno puede denunciar los acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, promover una ley de libertad religiosa como ha pedido María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado o desarrollar hasta el final la Ley de la Memoria Histórica?

Como cuestión de Estado, si el Gobierno no encuentra todavía suficiente cobertura legal, tendrá que buscarla en el Parlamento con la reforma de la Ley de la Memoria Histórica que se anuncia u otra, para que se pronuncie sobre este asunto civil, laico, político e interno, en definitiva un asunto de poder del Estado, no ético, y que no puede dar motivo a una crisis del Estado. No podemos ir de crisis en crisis. ¡Unanimidad, señores/señoras diputados/diputadas! No hagan de ello una lucha política, eduquen a los ciudadanos y fomenten los valores democráticos. Así que manos a la obra. Unir a los españoles contra el fascismo franquista es obligado.

Las viñetas de Peridis sobre Franco merecen un cuadro de honor. La exhumación y el enterramiento son dos momentos de un mismo hecho y no se puede desenterrar al dictador de un lugar sagrado para llevarle a otro lugar sagrado en coche de caballos. Menos mal que rucio y rocinante no le acompañarían.

Pero antes de que ocurriera ese posible paseo, los ciudadanos, miembros de la sociedad civil, jóvenes y viejos, las asociaciones civiles y religiosas de base de todas las confesiones, cristianos, musulmanes, judíos, del campo y la ciudad tendríamos que salir a la calle -ya se han iniciado las movilizaciones- como lo han hecho en Alemania, en varias ciudades y poblaciones, al grito de somos “indivisibles” como el poder más poderoso contra la exaltación del franquismo. __________________

Felipe Domingo es socio de infoLibre