Medicina de familia en tiempos de pandemia

Recientemente podíamos ver en un gran número de medios de comunicación el siguiente titular: “Los médicos piden la dimisión de Fernando Simón”. El contenido de la noticia aclaraba que era el Consejo General de Colegios de Médicos el que pedía el cese del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Pero qué importa mentir cuando lo que buscas es un titular impactante.

Obviamente no todos los médicos hemos convertido a Fernando Simón en el centro de nuestras iras, es más, no todos los médicos nos sentimos representados por los colegios profesionales. Sin embargo estos sí que se atribuyen la representatividad de todo el colectivo, y muchos medios, por lo que hemos podido ver, así lo entienden también. No tienen en cuenta -ni unos ni otros- que la colegiación es obligatoria, de forma que nos vemos forzados a pertenecer a una organización que en muchos casos defiende objetivos radicalmente contrarios a nuestras ideas, así como a pagar las cuotas correspondientes con que se financia. Se trata, en mi opinión, de una grave anomalía en una sociedad democrática, que sólo puede corregirse con los cambios legislativos que permitan que la pertenencia a estas organizaciones sea voluntaria.

Y es que por mucho que algunos se empeñen hay una gran disparidad de puntos de vista entre el colectivo médico. Así lo hemos podido ver también recientemente con algunas convocatorias de huelga desigualmente secundadas, como la que planteó con carácter indefinido para el último martes de cada mes la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Tras el fracaso del 27 de octubre ha habido un cambio de estrategia.

Cuando un sindicato corporativo dice “hasta aquí hemos llegado”, es porque se están poniendo en peligro los privilegios de alguien. Supuestamente el detonante de aquella convocatoria fue la publicación del Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Sin lugar a dudas supone una ofensa para los especialistas médicos de este país y para todo el sistema de formación MIR. Como se ha señalado desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) este Real Decreto es la mayor vulneración que ha sufrido desde 2012 nuestro Sistema Nacional de Salud y, tal vez, el mayor menoscabo que el conjunto de especialidades ha visto en toda la democracia.

Para quienes conocemos bien a uno de los principales responsables del mismo, el dimisionario director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Rodrigo Gutiérrez Fernández, no fue una gran sorpresa. En el SESCAM, le padecimos muchísimo tiempo. Después de años con administraciones socialistas, se mantuvo en cargos de alta responsabilidad en los oscuros tiempos de De Cospedal, los de, entre otros desatinos, el recorte de plazas MIR en Castilla-La Mancha y la amortización de plazas de médicos, especialmente en atención primaria, lo que no fue obstáculo para que tras la vuelta al gobierno regional del PSOE fuera ascendido a Director General de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria. Según recoge en su currículum en Linkedin ocupó entre otros cargos el de secretario general del SESCAM y defe de servicio de Recursos de Asistencia Primaria, en unos tiempos en los que se potenció la contratación de médicos extracomunitarios, especialmente en atención primaria.

De forma que, si bien es un auténtico disparate pretender contratar médicos sin formación especializada, incumpliendo por otra parte la normativa comunitaria, estamos ante una medida que se lleva perpetrando desde hace muchos años, incluso con los mismos protagonistas. Pero hay otro aspecto del Real Decreto que sí puede haber actuado como detonante: la posibilidad de que se desplacen recursos profesionales de una actividad a otra, en que pueda ser más necesaria.

Tenemos que tener en cuenta varios factores precursores de la situación actual:

1) Las plazas MIR no se ofertan en base a un estudio de necesidades del Sistema Nacional de Salud, sino según la capacidad docente de los distintos servicios. Esto ha llevado a un déficit histórico de especialidades como medicina de afmilia, así como a un exceso de especialistas de muchísimas otras.

2) Los hospitales han tendido a absorber todos los especialistas que forman, dado que los criterios de contratación suelen favorecer la endogamia. Esto ha llevado en muchas ocasiones a servicios sobredimensionados que, sorprendentemente, generan listas de espera inabarcables, básicamente por una gestión ineficiente. Ahora bien, si esta gestión es fruto de incompetencia o de mala fe es otra cuestión. El hecho es que se demoran consultas, exploraciones complementarias, intervenciones… que finalmente en muchísimas ocasiones acaban siendo concertadas con la sanidad privada. Con frecuencia los profesionales que demoran en la pública y resuelven en la privada son los mismos, toda vez que hace tiempo que se renunció a tratar de poner limitación a esta doble actividad.

3) En atención primaria, por el contrario, se ha tendido a despreciar a los residentes que terminan su formación, ofreciendo sólo contratos de sustitución, a veces por días sueltos, con frecuencia de lunes a viernes, cada día en un sitio diferente… Esto ha favorecido que muchos médicos de familia se hayan decantado por las urgencias hospitalarias o por buscar salidas laborales en otros países.

4) La pandemia del covid-19 ha supuesto una sobrecarga de trabajo en atención primaria. Ni siquiera el relativo paréntesis veraniego permitió un respiro, ya que a la sobrecarga que teníamos hubo que añadir el tener que cubrir a los compañeros de vacaciones. Así, ha sido frecuente vernos haciendo jornadas de trabajo que se prolongaban más allá de la hora de finalización teórica de la misma.

5) En los hospitales, sin embargo, una vez que se suspendió la actividad ordinaria, muchísimos servicios han estado funcionando muy por debajo de su capacidad. En verano no tuvieron problema para hacer sus vacaciones. Y sin tener que suplir a compañeros. Por otra parte, se han desarrollado las más variadas estrategias, teóricamente para evitar contagios, pero que en la práctica han supuesto obstáculos innumerables para acudir a sus consultas: servicios que solo admiten interconsultas telemáticas, otros que realizan PCR previa todo paciente que acude presencialmente, devolución de solicitudes de exploraciones que puedan suponer algún riesgo de generar aerosoles…

En definitiva nos encontramos con una parte de los profesionales médicos desbordados, especialmente en atención primaria, y un sector muy numeroso de los hospitalarios a muy bajo rendimiento. ¿No podrían estos profesionales realizar tareas de apoyo? Es obvio que no están cualificados para desarrollar la tarea de un médico de familia, probablemente la especialidad más compleja y exigente, pero sí que podrían encargarse de tareas de triaje, básicamente telefónico, o de seguimiento de casos y contactos.

En cualquier caso, hemos sido muchos los que considerábamos que no era este el momento, en plena pandemia, de plantear una huelga con la que sólo perjudicaríamos a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Aquellos que ya se han decantado por contratar seguros privados, que en algunas comunidades autónomas, como Madrid, supera el 40% de la población, tienen otras alternativas asistenciales.

Francisco Escobar Rabadán es socio de infoLibre