Vidal deja el Senado tras decir que el Govern maneja información privada que no debería tener

El senador de ERC Santi Vidal ha presentado este viernes por la mañana su "renuncia voluntaria" al escaño, tras haber dicho que el Govern tiene los datos fiscales de los catalanes ilegalmente, informa Europa Press.

En un comunicado de ERC, Vidal afirma que hizo sus declaraciones en "un tono coloquial, intentando ser didáctico sobre el proceso" soberanista.

Añadió que las decisiones que se tomen en cada momento tendrán "la cobertura legal del Parlament y de la ley de Transitoriedad Jurídica" catalana.

El exjuez y senador de ERC, Santiago Vidal –suspendido de la Audiencia de Barcelona por participar en la redacción de una constitución para una Catalana independiente–, aseguró en una conferencia que el Govern de la Generalitat tiene "todos" los datos fiscales de los catalanes de forma ilegal.

El artículo de El País incluye varios vídeos de conferencias que ha dado últimamente sobre el proceso soberanista, donde el juez dice a los asistentes a un foro en noviembre: "En este momento el Govern de la Generalitat de Catalana tiene todos vuestros datos fiscales. ¿Eso es legal? Pues no, porque eso está protegido por la Ley de Protección Bases de Datos del Gobierno español".

La Fiscalía ordena investigar si el Govern obtiene datos fiscales ilegalmente

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El exjuez también reitera en sus declaraciones que el Gobierno catalán ha determinado "de los 801 jueces catalanes en Cataluña, cuáles comparten nuestros sueños e ideales". "Sabemos con qué jueces podemos contar", asegura Vidal, que señala que unos 300 magistrados destinados a la región son partidarios de jurar fidelidad a la república catalana.

Asegura que la Generalitat tiene presupuestados 400 millones de euros "debidamente camuflados" para organizar el referéndum y construir estructuras de Estado, y asegura que el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tiene contactos con países fuera de la Unión Europea para abrir una línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros en el caso de que el Gobierno central suspenda las ayudas del fondo de Liquidez Autonómica en Cataluña.