Cómo luchar contra el fraude fiscal: el ciudadano debe saber lo que cuestan los servicios públicos

El informe Medidas sociales para combatir el fraude fiscal en España de la Fundación Alternativas analiza la percepción social del fraude para proponer una serie de medidas y, de este modo, detectar los desafíos a los que se enfrenta la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La socióloga y autora del documento, María Goenaga, explica que el aumento de la recaudación se puede lograr fundamentalmente a través de una subida de impuestos, una mayor eficacia en los mecanismos de recaudo y una reducción del fraude fiscal. Según la investigadora, dada la coyuntura económica en la que nos encontramos, las dos últimas opciones deben de ser las prioritarias para la AEAT y para ello propone informar más y mejor a los ciudadanos.

Prevención, información y educación

Goenaga advierte de que la lucha contra el fraude adolece de un plan concreto en España desde el año 2008 y que en la estrategia en recaudación de impuestos priman las medidas de coacción sobre las preventivas o informativas. En este sentido, el dossier diferencia y propone un equilibrio entre la coacción real (sanciones o multas) y la coacción simbólica, por medio de mecanismos que logren la colaboración con el contribuyente y potencien su cumplimiento fiscal voluntario.

En el caso de la educación, el informe recalca la importancia de que los más jóvenes asimilen valores de responsabilidad tributaria y respeto por lo público. En España se institucionalizó en 2003 el Programa de Educación Cívico-Tributaria (PECT) de la AEAT pero, debido a los recortes presupuestarios, en la actualidad se encuentra paralizado.

La socióloga propone "revitalizar el PECT para formar a futuros contribuyentes" implicando, además, al Ministerio de Educación y al resto de departamentos del Estado como pasa con las campañas de seguridad vial. "Si no se pagan impuestos no se hacen carreteras y no habrá tampoco educación vial", constata.También invita a la Agencia Tributaria a facilitar más información y asistencia al contribuyente a través, por ejemplo, de la informatización y actualización permanente de su página web.

La autora cree que "es necesario un rearme moral para que los avances logrados en concienciación del pago de impuestos no se aniquilen por la crisis". Advierte de que "los ciudadanos reconocen no saber cuánto cuestan los servicios públicos". Por eso apuesta por cambiar la idea de que pagar impuestos es un acto meramente utilitarista porque en realidad es una inversión.

Los contribuyentes establecen continuamente comparaciones entre ellos y los demás en materia de equidad e igualdad. De hecho, en España –según las encuestas–, una amplia mayoría cree que los impuestos se cobran de forma injustase cobran de forma injusta, lo que también incide en su actitud positiva hacia tributar. Del mismo modo, y basándose en la dinámica de percepción de los ciudadanos, la corrupción "tiene un impacto muy negativo" según la autora. En cualquier caso, el informe se limita a proponer una eficiencia recaudatoria para mejorar los ingresos de la AEAT en el medio-largo plazo.

Mucho fraude fiscal en España

Hacienda recaudó en 2013 en la lucha contra el fraude fiscal 10.479 millones de euros, aunque se estima que la cifra de evasión al año en España es en torno a los 70 mil millones.

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Según datos de 2011 del Instituto de Estudios Fiscales –dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas–, casi ocho de cada diez ciudadanos tienen la percepción de que se ha producido un aumento del fraude fiscal en la última década. En la misma línea, otras opiniones recogidas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mismo año, revelan que el 90% de los españoles considera que existe mucho o bastante fraude en nuestro país.

Basándose en los estudios recogidos en el texto, los españoles obedecen a la hora de defraudar a causa morales –falta de honradez y de conciencia cívica–; causas económicas, como una presión fiscal excesiva que obligue a "trampear" para salir adelante; y causas de índole administrativa o percepción de impunidad de los grandes defraudadores e ineficiencia de la lucha contra el fraude.

También existe un dato para felicitarse en este contexto: los españoles, en general, no justifican el fraude fiscal. El 70% manifiesta no encontrar justificación alguna para llevarlo a cabo y nueve de cada diez están en desacuerdo con la afirmación "en realidad no está tan mal ocultar parte de la renta porque eso no perjudica a nadie".