El ICO avala y los bancos deciden: España sólo verifica los créditos covid a partir de 50 millones, Alemania de 10 y EEUU de 1,7

El aval del Estado es el sostén que ha permitido a las empresas recibir en un año 120.800 millones de euros en préstamos para mantenerse vivas mientras sigue contagiándose el coronavirus. La línea de garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha sido todo un éxito de demanda, con más de un millón de operaciones hasta el momento que han disparado la financiación a empresas hasta niveles desconocidos desde 2008. A menos de un año de su estreno, se ha desembolsado el 65% de las cantidades previstas. Unos 40 países de todo el mundo han puesto en marcha programas de préstamos garantizados, según el recuento que hizo en diciembre el FMI. De hecho, la Unión Europea los ha convertido en su principal arma contra la parálisis económica provocada por las restricciones sanitarias. Aunque todos ellos comparten características comunes –la Comisión Europea estableció un marco temporal con las condiciones que deberían cumplir estos mecanismos de ayuda–, no son copias miméticas.

Como norma general, los estados han delegado en los bancos privados la facultad de conceder los préstamos que se benefician del aval público. Han descargado en ellos la evaluación del riesgo de los solicitantes de los créditos o han simplificado los procedimientos o incluso han aplicado una emisión casi automática de las garantías, eliminando el análisis previo de la solvencia del solicitante cuando la cantidad es pequeña y el Estado garantiza hasta el 100% del préstamo, como ocurre en algunos de los programas puestos en marcha en Alemania, Italia y Suiza. Todo ello a fin de ganar en rapidez, dada la situación de emergencia de las empresas, y para maximizar el alcance de las ayudas. La diferencia está en el grado de delegación y de control.

El BCE advierte de que el aval del Estado reduce los incentivos de los bancos a examinar y controlar la calidad de las operaciones; es decir, se ven tentados a asumir más riesgos a sabiendas de que éstos terminarán siendo pagados por el Estado. “Ésa es la teoría”, corrobora el profesor de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, “por eso el ICO ha establecido unas guías muy claras para determinar a quién se le puede conceder un préstamo y a quién no, y después, cuando audite las operaciones lo hará de acuerdo con esas guías”. García Montalvo cree, además, que el 20% de riesgo que asumen las entidades “no es desdeñable, ningún banco querrá perderlo”. Otro riesgo moral se añade, apunta el supervisor europeo, si las entidades financieras sustituyen préstamos con problemas de devolución ya antes del covid por los nuevos con garantía pública. Una práctica esta última que fue denunciada en España al comienzo de la pandemia por muchas empresas y que los bancos niegan.

En España es la entidad financiera la que aprueba la operación, “de acuerdo con sus procedimientos internos y políticas de concesión y riesgos”, según establece el ICO. Es decir, el banco hace sus propios análisis de riesgo y decide si el cliente –empresa o autónomo– cumple las condiciones exigidas por la normativa para acceder a la financiación. El otorgamiento del aval por parte del ICO es automático, explican fuentes el banco público, si la cantidad prestada es inferior a 50 millones de euros, un umbral muy alto comparado con los programas de otros países europeos. Posteriormente, el ICO se limita a hacer comprobaciones sobre una muestra aleatoria de los créditos concedidos.

Sólo en las operaciones por encima de 50 millones de euros es el ICO el que realiza también su propio análisis de las “condiciones de elegibilidad” de la empresa solicitante al tiempo que lo hace la entidad financiera correspondiente. El motivo para delegar en los bancos la tarea es que son ellos quienes conocen a los clientes y poseen la “capilaridad” suficiente para llegar a las empresas. “De otra manera habría sido imposible conceder un millón de créditos en un año”, resaltan a infoLibre fuentes del banco público.

García Montalvo cree que subir o bajar el umbral a partir del cual el banco público debe evaluar el riesgo depende sobre todo de la “confianza” que éste tenga en el sector financiero. Y recuerda la polémica que se suscitó en Estados Unidos cuando se supo que los créditos que debían ir a las pequeñas y medianas empresas habían terminado en los balances de grandes compañías. Que los bancos se encarguen del análisis de riesgos, recalca, es la única opción porque el ICO no está capacitado para soportar esa carga, y delegarla en las entidades financieras era la manera de “industrializar” el proceso. “Cuando llegue el momento de devolver los créditos, se verá si una concesión tan rápida, en tiempo récord, como se hizo, se llevó a cabo con buenos criterios”, resume.

Rápidos, pequeños y avalados al 100%

También en Alemania los préstamos con garantía del Estado los concede de forma automática la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), siempre que su cuantía no exceda de los tres millones de euros. Por encima de esa cantidad y hasta 10 millones, sí que se somete a los solicitantes a “un procedimiento de revisión acelerado y simplificado”, explica a infoLibre un portavoz del banco público alemán. Para operaciones de más de 10 millones de euros, la KfW lleva a cabo su propia evaluación de riesgos completa. Es decir, el banco público alemán vigila las operaciones a partir de un umbral mucho más bajo que el español. En estos dos últimos casos, el aval del Estado alcanza el 90% del préstamo. Para los llamados Schnellkredite –créditos rápidos–, de entre 300.000 y 800.000 euros, la garantía estatal es del 100% y la KfW no hace ningún análisis de riesgo. En España la garantía pública es menor: los avales del ICO cubren el 80% del préstamo si el solicitante es un autónomo o una pyme y el 70% si es una empresa de mayor tamaño.

En Francia, el autónomo o la empresa obtiene de su banco un acuerdo preliminar que sólo se convierte en definitivo cuando Bpifrance, el banco público, da su visto bueno. Las empresas de menos de 5.000 trabajadores y menos de 1.500 millones de euros de facturación deben pedir un certificado en el portal de Bpifrance antes de que la entidad financiera cierre la operación y desembolse el dinero. Para las que superen los umbrales antes citados, el Tesoro francés verifica la solicitud y la decisión final corresponde al Ministerio de Economía. El Estado avala hasta el 90% de los créditos solicitados por las empresas de menos de 5.000 trabajadores y entre el 70% y el 80% de las más grandes.

En Italia, el Fondo do Garanzia no evalúa el riesgo de los préstamos de hasta 30.000 euros, cuyo 100% garantiza, y su concesión es automática y rápida. Si el solicitante es una empresa de menos de 500 trabajadores, el aval cubre el 90% del crédito y tampoco es necesario el análisis de riesgos previo. Pero es el consejo de administración del banco público el que aprueba las operaciones, tras verificar que la empresa es “elegible” y no excede los límites de ayuda previstos.

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Certificado de buena fe

En Reino Unido el British Business Bank supervisa los tres programas de ayudas a empresas creados por el Gobierno de Boris Johnson. Como en el resto de los países europeos, las entidades financieras privadas tienen “completamente delegadas” las decisiones sobre el otorgamiento de los préstamos con garantía pública. Los bancos deciden a quién prestan tanto si se trata de operaciones pequeñas, de entre 2.000 y 50.000 libras –de 2.322 a 58.000 euros– con un 100% de aval, como si son créditos para empresas pequeñas y medianas de hasta cinco millones de libras y con un 80% de garantía pública, o incluso para las de mayor tamaño, por encima de 50 millones de libras, también con un 80% cubierto por el Estado. Los bancos privados deben verificar si las empresas solicitantes cumplen las normas antifraude, contra el blanqueo de dinero y los procedimientos de verificación de identidad –conocidos en inglés como Know your customer–.

Finalmente, en Estados Unidos las entidades financieras también tienen la “autoridad delegada” de la Administración para aprobar los préstamos garantizados. La Small Business Administration (SBA) es la entidad pública encargada de supervisar el programa. A los solicitantes les basta con presentar en el banco una declaración responsable –good faith certification– para pedir un crédito del Paycheck Protection Program (PPP), que facilita hasta 10 millones de dólares –8,4 millones de euros– con el 100% avalado por el Estado. En ella debe certificar que “la incertidumbre económica actual hace necesaria esta solicitud de préstamo para sostener la actividad”. Pero, después, la SBA revisa todos los préstamos de más de dos millones de dólares –1,7 millones de euros–, y cualquier otro que considere que debe ser verificado. Para lo que puede exigir todo tipo de información adicional a la empresa, que deberá devolver el dinero si ha mentido.