Austria llega a la Presidencia de la UE como el país líder en medidas contra los migrantes

Desde el 1 de julio, Austria ocupa la Presidencia de turno de la UE, que tiene como lema: Una Europa que protege, idéntico al de Emmanuel Macron en la campaña de 2017 en asuntos europeos. El canciller austriaco Sebastian Kurz, un conservador de 31 años del ÖVP que gobierna con la ultraderecha del FPÖ, se presenta como una de las personalidades clave en la cumbre europea que daba comienzo este jueves en Bruselas.

Kurz, junto con sus aliados húngaros o italianos, aboga por dar mayor peso a los medios financieros y humanos de Frontex, la agencia europea encargada de vigilar las fronteras. También ha confirmado que Austria trabajaba con otros Estados europeos en la creación de campamentos para los migrantes que no pueden optar al asilo o para aquellos a los que se ha denegado la demanda fuera de la UE, sobre todo en Libia.

Desde que llegó al poder, en diciembre de 2017, la coalición de ultraderecha en el Ejecutivo también ha multiplicado los anuncios controvertidos dentro de sus fronteras. Estos son los principales textos legislativos con los que se trabaja en Viena, que corren el riesgo de ser contestados en Bruselas.

“Luchar contra la inmigración en el sistema social”

La coalición en el poder pone todo de su parte por convertir el país en menos “atractivo” para los migrantes. El Ejecutivo presentaba a finales de mayo su reforma, muy controvertida, de la renta mínima, garantizada a las personas sin recursos. La ayuda tendrá una cuantía máxima de 863 euros por persona y mes, siempre que se haya finalizado la escuela obligatoria en Austria.

Se trata de un mero trámite para los austriacos, pero no para todos los extranjeros. Estos últimos, si quieren percibir la integridad de la ayuda, tendrán que demostrar que dominan la lengua alemana –justificar el nivel B1 del marco común europeo–. En caso contrario, la ayuda quedará reducida a 563 euros. Se trata de “luchar contra la inmigración en el sistema social”, resume a su manera Sebastian Kurz.

La ley tiene que ser aprobada en el otoño y puede comenzar a aplicarse en 2019. Pero algunos expertos consideran que el Tribunal Constitucional puede paralizarla. Según un jurista, interrogado por el diario Der Standard, esta reforma contradice una directiva europea que prevé que los refugiados tengan acceso a las mismas ayudas sociales “indispensables” que los nacionales.

Disminución de la ayuda familiar para niños en el extranjero

Otra medida controvertida: la disminución de la renta familiar que se abona a los niños que viven en otro Estado europeo, pero cuyos padres trabajan en Austria. Según el proyecto legislativo presentado en mayo pasado, estas rentas quedarán ajustadas al nivel de vida del país donde reside el niño. Para los trabajadores de los países vecinos como Hungría o Eslovaquia, muy numerosos en Austria, supondría una bajada importante: la renta pasaría, por ejemplo de 174 a 93 euros por un niño que vive en Hungría, según el Ministerio de la Familia. Está previsto que la ley se vote este año y comience a aplicarse en 2019, pero en este caso también se plantea la duda de la conformidad con el derecho europeo. Austria corre el riesgo de que se le abra un expediente si la Comisión Europea considera que la ley viola la legislación de la UE.

Reforma del derecho de asilo

La formación de ultraderecha (FPÖ), titular de las carteras de Interior, Defensa y Asuntos Extranjeros, tiene las manos libres para poner en marcha su lucha contra la inmigración. El símbolo de estas políticas es el proyecto de ley presentado en abril por el controvertido ministro del Interior Herbert Kickl. Prevé confiscar el dinero en metálico de los demandantes de asilo, hasta 840 euros por persona, para financiar el coste que suponen a las arcas del Estado austriaco. El móvil también podrá ser intervenido para reconstruir el recorrido migratorio. Herbert Kickl pretende con ello que los refugiados tengan más difícil el acceso a la ciudadanía: si la ley se somete a votación, tendrán que esperar diez años en el país, frente a los seis actuales. Estas medidas han recibido numerosas críticas de las ONG, pero también del Ministerio de Asuntos Extranjeros, dirigido por la ministra, Karin Kneissl, nombrada por el FPÖ (aunque no es miembro del partido). El Ministerio considera que la prolongación del periodo de espera para pedir la nacionalidad entra en conflicto, según su fórmula, con la Convención de Ginebra relativa al estatuto de los refugiados. La ley debería ser adoptada en el Parlamento en el mes de julio.

Lucha contra el islam político

La ÖVP, como el FPÖ, también quieren reforzar la batalla contra el islam político. La coalición anunciaba a comienzos de mes el cierre de siete mezquitas, acusadas por la mayoría de tener vínculos con el salafismo y la expulsión de varios imanes, sospechosos de financiarse con fondos extranjeros, algo prohibido en Austria. Más de 40 imanes, miembros de la ATIB (Unión Islámica Turca de Austria) pueden verse afectados.

Desde entonces, las mezquitas cerradas han reabierto sus puertas. La asociación que gestiona la mayoría de ellas contesta la decisión ante la Justicia administrativa. Da igual: el anuncio ha permitido al gobierno demostrar su compromiso con una temática crucial para su electorado. En abril pasado, ya había anunciado la redacción de una ley “simbólica” destinada a prohibir que se vista velo en los centros de infantil y primaria.

Traducción: Mariola Moreno

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