Alemania acorrala a las ONG que considera demasiado "políticas"

A la ONG antiglobalización Attac Deutschland, el hachazo le cayó el 26 de febrero. Los jueces del Tribunal Federal de Finanzas, que deciden en última instancia sobre casos relacionados con fiscalidad y aduanas, han estimado que la asociación había traspasado una línea roja. Según este tribunal, el activismo de la asociación constituye “una injerencia en la formación de juicios políticos y en la opinión pública (…) que no cumple ningún papel de utilidad pública”.

La decisión ha sido remitida, para su aplicación, al tribunal regional de Hesse (un Lander al Oeste de Alemania), que es el encargado del asunto. En las próximas semanas, Attac perderá pues su estatuto de “utilidad pública”. “Para una asociación esto supone la pérdida de una especie de sello de confianza y también el final de ventajas fiscales importantes, como la posibilidad de desgravar por donativos. Por otra parte, sin este estatuto, una asociación no puede poseer bienes obtenidos de donativos y debe, en función de lo que prevén sus estatutos, deshacerse al final de su patrimonio”, explica Stefan Diefenbach-Trommer, presidente de la Alianza por la Seguridad Jurídica de la Formación de la Voluntad Política, una asociación creada para su defensa formada por unas cuarenta pequeñas y grandes ONG alemanas.

Desde que el tribunal de Hesse validó esta pérdida de estatuto, la situación de Attac Deutschland pueden llegar a ser crítica: “Este enjuiciamiento es grave. Se ciñe a la normativa fiscal e ignora la dimensión social y política del asunto. Hay un rechazo total a tomar en cuenta lo que constituye el debate democrático. Esto se inscribe en una tendencia actual autoritaria que parece querer reducir el derecho a la palabra de la sociedad civil”, estima Stefan Diefenbach-Trommer.

Al otro lado del Rin, la normativa fiscal incluye numerosas reglas y define 25 campos temáticos (educación, defensa del medio ambiente, deportes, preservación de las tradiciones, carnaval, ayuda a la juventud y a la vejez, etc.) que permiten sin demasiada dificultad conseguir el estatuto de utilidad pública. La normativa precisa que las asociaciones afectadas pueden expresar públicamente opiniones políticas, pero sólo para explicar su posición y sus acciones en el campo temático de su elección. Por el contrario, la normativa no acepta que una asociación que quiera tener un estatuto de utilidad pública formule reivindicaciones políticas demasiado generalistas y las defienda de manera activa.

“Nuestro campo temático es la educación y la democracia”, era la respuesta de Attac, que no convenció a los jueces federales. El caso de Attac, la ONG que molesta muy a menudo al “capitalismo financiero” del distrito financiero de Frankfurt, no es aislado. La última semana, Campact, una ONG especializada en peticiones políticas de calado en Internet, ha anunciado que sus acciones y su estatuto de utilidad estaban igualmente bajo investigación.

“Podemos permitirnos no reaccionar a la intimidación ya que nuestros ingresos proceden de cientos de miles de pequeños donantes. Pero cuando una organización está apoyada por un modelo de fundación, la cuestión fiscal es problemática. Hay que aceptar entonces límites en los compromisos políticos o bien encontrarse en una situación peligrosa... El fallo sobre Attac es verdaderamente una mordaza para una sociedad civil crítica”, explica Damian Ludewig, miembro de la dirección de Campact.

La puesta en entredicho del trabajo de ciertas entidades asociativas no concierne solo a las ONG demasiado generalistas, sino también a las que entran a priori perfectamente en el marco definido por la normativa fiscal. Así, la sección alemana de PETAPETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la ONG anglosajona bien conocida por su defensa del “derecho de los animales”, se encuentra también en el banquillo de los acusados, acosada por algunos diputados del partido liberal (FDP) que cuestionan el estatuto de la asociación en una moción presentada ante la comisión de finanzas del Bundestag.

PETA está acusada de cometer delitos al difundir películas sobre el sufrimiento animal grabadas en secreto en granjas o mataderos alemanes. PETA, que considera legal la difusión de estas películas, niega haber ordenado la filmación.

Entre las ONG perseguidas queda un pez gordo que mucha gente quisiera pescar. Se trata de la ONG Deutsche Umwelthilfe (DUH), que se ha ocupado en Alemania del escándalo de fraude en las emisiones de carbono de Volkswagen, el Dieselgate. También es la que ha presentado denuncias contra muchas ciudades alemanas por no respetar los límites de contaminación. Estas denuncias, que irritan al máximo al Gobierno federal, al lobby del automóvil y a algunas ciudades del país, han terminado en su mayor parte en sentencias que obligan a los municipios implicados a prohibir parcial o totalmente el acceso de los viejos motores diesel a los centros de sus ciudades.

En su último congreso nacional, el partido conservador de la canciller Angela Merkel (CDU) ha adoptado una moción que prevé la revisión del estatuto de utilidad pública de la DUH: “Les va a ser duro conseguirlo porque la DUH está claramente dentro de los números de la normativa fiscal. Por otra parte, su estatuto acaba de ser renovado por cinco años. Por eso algunos diputados conservadores quieren cambiar la ley”, explica Stefan Diefenbach-Trommer.

Lo confirma el diputado conservador bávaro Stefan Müller (CSU, aliados de la CDU), para quien es insoportable que “pequeños grupúsculos de militantes acosen a partes enteras de la sociedad explotando todos los recursos jurídicos”. E insiste: “Necesitamos reglas más severas para impedir los abusos, como el del caso de Deutsche Umwelthilfe, que impide la elaboración de soluciones consensuadas”, afirma.

La nueva presidenta de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha mencionado por su parte la posibilidad de excluir a esta ONG de los contratos públicos de investigación. Según Stefan Diefenbach-Trommer, no es demasiado tarde para prepararse ante ataques de ese tipo y bloquear esta deriva autoritaria que no es, según él, mayoritaria en el seno de la clase política alemana: “No obstante, es esencial ver qué pasará cuando termine el juicio contra Attac. Dependiendo de las decisiones del ministerio federal de finanzas (…) esto podría desembocar en una nueva ola de inculpaciones”, dice con preocupación.

  Traducción de Miguel López.

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