“Si el coronavirus llega a los campos de Xinjiang, muchos uigures van a morir”

Por afinidad étnica y religiosa, Turquía ha venido abriendo sus puertas a los exiliados uigures desde los años 60. Sin embargo, el número de éstos ha aumentado considerablemente en la última década a medida que se intensificaban las persecuciones chinas de la población musulmana en su tierra natal, la región autónoma de Xinjiang, conocida por los uigures como el Turquestán Oriental.

Actualmente hay entre 30.000 y 50.000 de estos refugiados en Turquía, que alberga la mayor diáspora de uigures fuera de Asia Central. Sus perfiles son muy diversos. Cuentan, a menudo de forma anónima, la misma historia de separación forzosa de sus familias, chantaje e intimidación orquestadas por Pekín y, sobre todo, el miedo por la suerte de sus muchos parientes recluidos en campos de concentración chinos.

Los defensores de los derechos humanos hablan del internamiento de al menos un millón de musulmanes en Xinjiang, bajo el pretexto de luchar contra el separatismo y el terrorismo islamista.

Sin embargo, desde el invierno, un nuevo peligro acecha a la diáspora: la propagación del coronavirus en los campos, que en la provincia china de Hubei ya ha causado la muerte de más de 3.000 personas.

“Si vuelvo al Turquestán Oriental, está claro que van a…”. Y Mohammed Izzet simula que se dispara en la sien con una pistola. En el test chino de peligrosidad ideológica, el joven tiene varias casillas marcadas. Su indeseable trayectoria comienza con sus estudios de teología islámica en El Cairo, interrumpidos por una salida apresurada hacia Turquía en 2016 para escapar de las redadas y extradiciones de uigures puestas en marcha por las autoridades egipcias, ansiosas por complacer a Pekín.

Continúa en Selimpasa, un antiguo pueblo de pescadores griego ahora absorbido por Estambul, donde el joven enseña en estos momentos religión en una escuela uigur y presenta programas de radio en su propio idioma, transmitidos por las redes sociales.

Con un currículum así, volver a China es impensable. La hermana mayor de Mohammed ya ha pasado por esto. Fue a visitar a sus padres en 2016 y “en 2017 fue condenada a 10 años de prisión por haber estado en Egipto”, explica el joven.

El problema estriba en que se llevó con ella a la hija del maestro, Müslime, en un viaje que no debía durar más de un mes. “Tenía seis años, ahora tiene nueve. Hace tres años que no puedo oír su voz”, susurra el joven, señalando una foto antigua de la niña.

“No puedo hacer nada más que esperar. Me encuentro impotente”, concluye Mohammed. Esperar y dedicarse a la educación de los 170 alumnos de la escuela de Selimpasa, un establecimiento con dos edificios de nueva construcción, un internado, un comedor, una biblioteca, un campo de deportes, una sala de oración... construida gracias a la financiación de benefactores uigures, turcos y saudíes, así como a las ayudas del Gobierno islámico-conservador turco y de las organizaciones humanitarias de su ámbito de influencia.

A primera hora de la mañana y al final del día, unos 20 maestros enseñan el idioma uigur y la historia del Turquestán Oriental, turco, inglés y religión a niños de 10 a 15 años, que también están matriculados en el sistema educativo turco. Entre ellos, 35 alumnos están alojados en el internado.

Como Mohammed, los niños han visto a sus parientes atrapados en China por un cambio repentino en la política de Pekín. En un gesto de apertura sin precedentes, entre 2015 y 2016 China emitió pasaportes a la mayoría de los uigures que los solicitaron. Pero a finales de 2016, exigió la devolución de todos los pasaportes y el regreso inmediato a China de los que los habían utilizado, amenazando con la cárcel a los que se retrasaron.

“Mi madre no pudo venir a Turquía porque uno de mis hermanos no había recibido su pasaporte. Mi padre fue a buscarlos y nunca regresó”, dice Yunus, de 10 años, un alumno interno de la escuela, junto a su hermano de 14 años, Abdullah. “El primer mes, pudimos hablar por teléfono, pero después, la comunicación se interrumpió. No sé si están libres o no”.

En un aparte, Abdullah confía: “Nuestro padre ha sido encarcelado y nuestra madre, enviada a un campo. Pero Yunus no lo sabe, no se lo hemos dicho”.

Como la mayoría de los exiliados, Raziye teme por la suerte de aquellos parientes que se han quedado en Xinjiang. Tras salir de China en 2007, esta treintañera, cuyo velo sólo deja ver sus ojos, pasó primero una docena de años en el Golfo Pérsico, donde encontró a su marido y tuvo tres hijos. Pero prefirió ir al encuentro de su familia en Turquía el verano pasado, por temor a que su país de acogida cediera a la presión china y ordenara la extradición de sus uigures.

Para su sorpresa, Raziye todavía puede hablar por teléfono dos veces al mes con su madre en Urumqi, un privilegio que generalmente Pekín niega a los miembros de la diáspora. “Cuando hablamos, mi madre me dice que el Gobierno chino es formidable, miente y llora”, cuenta la exiliada. Por ella supo del internamiento de sus dos hermanos en “campos de educación”.

También se enteró de la muerte del más joven de los dos, después de cuatro años de detención. “Murió el 3 de septiembre de 2019. Lo liberaron durante el verano porque sabían que se estaba muriendo. Y tres meses más tarde, se desplomó de repente en la cocina. Su cuerpo debía de estar muy débil”, explica Raziye.

Después de dos años en el campamento, el mayor también fue liberado en el otoño. “Incluso pude hablar con él. Pero era una persona muy diferente, como un robot. En realidad no hablaba, farfullaba por teléfono. Me acaba de decir que ya no ve con el ojo derecho. Siento que para él también es el fin”, explica la mujer, que rompe a llorar. “Mis hijos no conocen a su abuela ni a sus tíos. Mi madre tiene 75 años y vive en la miseria”.

“Querían hacerme informante”

Las familias que han permanecido en Xinjiang son un instrumento fundamental de presión en manos de las autoridades chinas para obligar a los exiliados uigures a guardar silencio. Mehmet Tohti Atawulla, que llegó a Turquía en 2016 para estudiar relaciones internacionales, ha decidido, no obstante, pronunciarse con la esperanza de que la presión de los medios de comunicación obligue a Pekín a liberar a sus dos hermanos y a su madre, que fueron internados en campos de concentración en 2017.

Tras la publicación de un primer vídeo en las redes sociales en octubre de 2018, la Policía china contactó con el joven y trasladó a sus dos hermanos a una fábrica, información confirmada por la publicación de sus fotos en un periódico digital chino. “Por lo que sé, están en realidad en campos de trabajos forzados. Pero al menos sé que siguen vivos”, comenta el estudiante.

Pero a Mehmet también le preocupa que el coronavirus pueda propagarse a Xinjiang. “Temo por mi madre. No creo que China haya tomado las medidas necesarias para mantener el virus alejado de los campos de concentración y del Turquestán Oriental en general”, confiesa. “Si China no cierra los campos de concentración, y si el virus llega a estos campos, será un desastre. Mucha gente morirá”.

Las amenazas que sufren las familias, utilizadas para silenciar a los disidentes, también pueden utilizarse para hacer hablar. Gülbahar llegó a Estambul en 2013 para aprender el idioma y regresó por última vez a China en 2016. Durante mi estancia, la Policía me llamó cinco o seis veces para preguntarme sobre mis actividades en Turquía. También se me obligó a firmar una especie de contrato, en el que reconocía mi responsabilidad y la de mi familia si participaba en actividades antichinas en Turquía”.

De regreso a Estambul, la estudiante perdió el contacto con sus padres, pero no con las autoridades. “En 2017 y 2018, los servicios de inteligencia chinos se pusieron en contacto conmigo varias veces. Querían saber qué hacían los uigures en Turquía, con quiénes hablaban, qué actividades organizaban”, explica Gülbahar, mostrando en su teléfono ejemplos de esas conversaciones a través de la aplicación WeChat.

“Querían que me convirtiese en informante. Utilizaron a mi familia para amenazarme. Pero no pude, me negué. El resultado es que mi padre está en un campo de concentración. Habrá quien haya aceptado”, lamenta la joven.

No todos los uigures de Estambul son estudiantes inofensivos. Tursun, originario de Kashgar, dejó China en 2015 con la esperanza de convertirse en un verdadero combatiente.

“Mi primera idea era ir a Siria, donde podría aprender a usar un arma, a luchar, y luego volver al Turquestán Oriental para enfrentarme a los chinos”, dice. “Pero una vez llegué a Egipto, tuve que enfrentarme a la realidad y cambié de opinión”, dice el joven, entrevistado en una de las cinco librerías uigures de Estambul. “Me di cuenta de que si iba a Siria, no volvería, que muchos de los nuestros habían muerto allí”.

Por consiguiente, Tursun optó por realizar estudios teológicos en El Cairo, interrumpidos en 2017 por un apresurado vuelo a Turquía para escapar de las redadas de la policía egipcia. Aunque no niega su aspiración a una yihad antichina, asegura que no le preocupa el radicalismo islamista. “Mi objetivo era sólo la libertad. Hay muchos jóvenes uigures como yo, listos para luchar contra los chinos por la independencia y la libertad”.

Llegada a Turquía en 2016 para hacer el doctorado, Zöhre presenció, unos años antes, la repentina desaparición de un gran grupo de estudiantes uigures en la ciudad cercana a Shanghái donde estudiaba en ese momento. “Incluso me llevaron a la comisaría central y fui interrogada por la policía dos veces”, recuerda. “Más tarde supe que habían dejado el país clandestinamente para ir a Siria”.

“Pero todo me pareció muy extraño. Sabíamos muy bien en ese momento que era una muy mala idea ir a Siria, que era una manipulación de los chinos, que China estaba buscando gente crédula para lavarle el cerebro con la ayuda de agentes uigures”, comenta la joven. “Además, nadie cruza la frontera china ilegalmente, ni siquiera un pájaro puede pasar”.

Para la doctoranda, no hay duda del propósito de la operación: “Se les dejó pasar voluntariamente, y una vez en Siria, el gobierno chino proclamó que los uigures eran todos terroristas”.

Turquía es una tierra de asilo acogedora con los uigures. Les concede fácilmente permisos de residencia de larga duración, permite las actividades de sus numerosas asociaciones y editoriales, y la celebración regular de eventos. Pero, en el plano diplomático, el silencio de Ankara, vinculado al desarrollo de proyectos de cooperación económica con Pekín, es cada vez más atronador.

Una realpolitik que deja un sabor amargo en la boca de Subat, joven periodista uigur afincado en Estambul desde 2013: “Por supuesto, cada Estado debe pensar en su propio interés, pero es muy doloroso ver que Turquía, en nombre de la economía, ha dejado de preocuparse por el destino de un pueblo de 15 millones de personas”.

La devolución a China, a través de Tayikistán, el verano pasado de una mujer uigur y sus dos hijas, si bien puede parecer más bien un fallo de las autoridades turcas, ha suscitado dudas en la comunidad. “La gente empezó a pensar en ir a Europa, a preguntarse qué deberían hacer si Turquía siguiese el ejemplo de Egipto y enviase a los uigures de vuelta a China”, explica Subat.

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Traducción: Mariola Moreno

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