El restrictivo certificado covid de Francia se queda solo en la UE

En la gestión de la crisis sanitaria es un motivo de satisfacción, al menos para la Comisión Europea, la entrada en vigor el 1 de julio, tal como se había comprometido, del certificado covid digital. Sería la clave, en teoría, para restablecer la libre circulación de los ciudadanos europeos a través del continente, considerado como uno de los pilares indefectibles de la Unión.

Pero el escenario que algunos diputados europeos temían durante los debates de primavera en el Parlamento Europeo se ha hecho realidad rápidamente: en pocas semanas los Gobiernos de los 27 se han dotado de este novedoso certificado para darle un uso mucho más extenso con la pandemia, tan indispensable para la vida diaria como controvertido.

Es necesario para ir a un hotel en Portugal, para ir a un concierto en Alemania, visitar un museo en Austria, tomar un café en una terraza en Francia, ir a la piscina en Italia o simplemente para entrar en el país en Malta. Se han emitido ya más de 300 millones de certificados desde primeros de julio. Cada capital es soberana para fijar los límites exactos de “su” certificado. ¿Dónde se sitúa Francia en el mapa europeo ahora que acaba de extender el uso de su certificado con el aval de su Tribunal Constitucional? Comparamos la situación en Francia con Italia, España y Alemania.

Italia. No necesario en terrazas, pero sí para ir al cine o a la piscina

El país posee su propio certificado bautizado como green pass (certificato verde digitale). Es obligatorio para los mayores de 12 años desde el pasado 6 de agosto –tres días antes que en Francia– para ir al cine, al museo, a un gimnasio, a una piscina o a grandes eventos. En los restaurantes se exige sólo para los salones cerrados. Al contrario que en Francia, es posible utilizar las terrazas e incluso estar en la barra sin contar con esa preciada llave maestra. 

Cualquier profesional que no exija ese permiso se expone a multas que pueden llegar a los 1.000 euros. Del mismo modo que en Francia, “son los empleados o los propietarios quienes deben controlar el green pass pero no pueden pedir a los clientes el carnet de identidad”, explica la ministra de Interior Luciana Lamorgese.

A partir del 1 de septiembre, el certificado se exigirá a todo el personal de escuelas y universidades. Después de cinco días de ausencia sin haber obtenido dicho certificado, los enseñantes podrán ser suspendidos de empleo y sueldo. Una noticia preocupante para muchos profesores en ciertas regiones donde no se han vacunado todavía. Por ejemplo, en Sicilia sólo 4 de cada 10 han sido vacunados. El green pass se exigirá igualmente en los vuelos nacionales, el tren de larga distancia y algunos ferris.

El certificado tiene validez en Italia cuando una persona haya recibido al menos una dosis de vacuna (en Francia es efectivo una semana después de la segunda inyección), cuando haya pasado el covid en los últimos seis meses o con un test negativo en las últimas 48 horas (en Francia, 72 horas). A fecha 25 de julio, el 55,8% de la población en edad de ser vacunada había recibido la pauta completa y el 69,9% al menos la primera dosis.

Como en Francia, el certificado sanitario ha suscitado reacciones diversas. El sábado 24 de julio salieron a protestar por las calles de Roma unas 3.000 personas, comparando el ejercicio del poder de Mario Draghi, presidente del gobierno italiano, con una dictadura sanitaria. Los días 31 de julio y 7 de agosto hubo otras manifestaciones pero las protestas parecen más comedidas que en Francia. Milán reunió a 9.000 personas, Turín a 5.000, Nápoles y Génova a unos cientos. “No son anti-vacunas. Se oponen a las restricciones en defensa de su libertad de elección y no seré yo quien les meta en un gueto”, comentaba Matteo Salvini, el jefe de la Liga (extrema derecha, que apoya al gobierno en el Congreso). “Igual que ellos, yo no quiero vivir en una nueva Unión Soviética”, dijo.

El primer ministro Draghi reaccionó a las protestas explicando que la implantación del green pass es una condición indispensable para “volver a tener una vida normal”. Italia es el segundo país con más muertos de Europa por covid con 128.000.

La península ha sido el primer país europeo en obligar a los médicos y demás sanitarios, tanto del sector público como del privado, a vacunarse a partir del 1 de abril. Los no vacunados tienen prohibido trabajar en contacto con los pacientes. Un grupo de unos 300 sanitarios de Lombardía (región de Milán, al norte de Italia) han recurrido a la justicia para que se anule esta obligación.

Alemania. Un certificado algo más flojo que en Francia

Algo más del 55% de los alemanes ha recibido las dos dosis de la vacuna (45,8 millones de personas) y más del 62% una dosis. Las cifras están aún lejos del objetivo fijado por Angela Merkel, que es de tasas “muy superiores al 70% y hasta el 80%”. Para llegar ahí, los länder alemanes han entendido bien el papel que juega el certificado sanitario, pero de manera más modesta que en Francia, incluso aunque la canciller no utilice expresamente el término pase, como en Francia.

Desde el 12 de agosto, la entrada a cines, museos, salas de deportes e interior de restaurantes, así como en hospitales y residencias de ancianos, está condicionada a la presentación de un test negativo, del certificado de vacunación completa o de haber pasado recientemente el covid. Pero sólo en algunas ciudades del país pues, como explica Le Monde, esas reglas se aplican solamente en las localidades donde tengan una incidencia de más de 35 casos por 100.000 habitantes, es decir, en unas cincuenta zonas básicas de salud sobre 401 de todo el país.

Esto no afecta a los transportes ni a los comercios y tampoco está obligado el personal sanitario (aunque existe un encendido debate). Debido al federalismo alemán, algunas regiones pueden decidir, a la carta, si extienden o no el alcance del certificado sanitario.

Mientras que Francia ha anunciado que a partir de octubre ya no serán gratis las PCR, Alemania ha decidido esta semana que los test de antígenos serán de pago a partir del 11 de octubre, excepto para los niños y adolescentes y las personas que no puedan ser vacunadas por razones médicas, que continuarán teniendo acceso gratuito a esas pruebas (las PCR sólo se pueden hacer con receta o en caso de test de antígenos positivo).

La gestión de la crisis sanitaria en Alemania se desarrolla ahora en plena campaña electoral, con elecciones legislativas el 26 de septiembre. Armin Laschet, candidato de la CDU-CSU y favorito para suceder a Merkel, ha sido criticado por cambiar de discurso en varias ocasiones sobre este asunto. Respecto a las manifestaciones, el empuje del movimiento Querdenker (“los que piensan diferente”) parecía perder fuerza a principios de agosto, al reunir solamente unos pocos miles de personas en la capital (leer aquí la investigación de la TAZ sobre “el fin del movimiento”). El diario Bild, uno de los transmisores de la protesta, titulaba no obstante, al día siguiente del anuncio federal: “¡Socorro, se endurecen las reglas del horror!”

España. Campeona de la vacunación

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha anulado la obligación de presentar el certificado sanitario para entrar en el interior de hoteles, bares y discotecas. Era la única comunidad autónoma que exigía el certificado después de que, a primeros de agosto, las autoridades judiciales de Andalucía, Cantabria y Canarias rechazaran la exigencia del certificado. El pasado 6 de agosto, los jueces andaluces estimaron que esta medida era contraria al derecho a la vida privada y a la no discriminación y que, desde su punto de vista, no cumplía los requisitos de pertinencia y de necesidad.  

Parece que el país no necesita animar a la vacunación tanto como sus vecinos europeos. España va en cabeza de la clasificación a escala de la UE, con el 62,2% de la población vacunada con dos dosis –una cifra superior también a la del Reino Unido (58,5%)–, según cifras oficiales al cierre de esta edición. El 72,6% de los españoles ha recibido ya una dosis. Además, los españoles muestran una de las mayores tasas del mundo de confianza en las vacunas.

En este contexto, el debate sobre la obligación de vacunarse parece menos urgente. Pero no impide que el Gobierno de Euskadi incluya en su futura ley sobre pandemias un artículo que abrirá la puerta a la vacunación obligatoria de los vascos.

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Traducción: Miguel López

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