Presuntos imputados

Vaya por delante una obviedad, sólo necesaria en el país que más y peor practica la técnica del ventilador en el análisis de la corrupción política: si José Antonio Griñán, Manuel Chaves o cualquier otro dirigente o exdirigente socialista han propiciado, consentido u ocultado el fraude en la concesión de subvenciones que se investiga en el caso de los ERE de Andalucía, deben ser investigados, juzgados y condenados con arreglo a la ley. Sin ninguna contemplación. Al contrario: ocupar un cargo público añade un plus de exigencia y de transparencia. Un escrupuloso respeto a las leyes, en el fondo y en las formas.

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, ha dictado un auto en el que ordena informar a Griñán, a Chaves y a cinco exconsejeros de la Junta de Andalucía de la investigación abierta en abril de 2009, y comunicarles "en calidad de imputados" que pueden personarse en la causa, "participar en las diligencias que se practiquen" y solicitar "todas aquellas que consideren convenientes para sus intereses". Reconoce Alaya en el propio auto que no tiene atribuciones para imputar o inculpar a aforados, y que su obligación sería elevar a los tribunales superiores una "exposición razonada" de los indicios de delito que individualmente afectan a cada uno de los implicados y que justificarían su imputación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía o por el Tribunal Supremo.

Alaya critica el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que califica de "confuso", y lo interpreta (especialmente el 118 bis) a su modo para concluir que no es el momento todavía de ceder el caso a instancias superiores, aunque sí el de informar a siete aforados de que en la práctica los considera ya "imputados" o al menos presuntos imputados, figura jurídica inexistente pero absolutamente gráfica. No son (todavía) imputados, pero van camino de serlo y mientras tanto pueden empezar a defenderse, si quieren, de "cierta carga incriminatoria acerca de presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros".

La "vertiente política"

Una de las claves de este nuevo auto figura en el folio tres, donde Alaya recuerda que ha ordenado "una serie de declaraciones (...) entrando de lleno en la vertiente política de los hechos". Y la vertiente política de los hechos, según Alaya, apunta a los máximos responsables de la Junta de Andalucía durante una década. Y esa vertiente política no excluye la coincidencia de que el auto de 'presunta imputación' se dicte el mismo día que toma posesión el nuevo Ejecutivo de la Junta andaluza.

El pasado 27 de agosto, Juan Antonio Griñán ejecutó la dimisión que había anunciado mes y medio antes y la justificó, entre otros motivos, en el deseo de "preservar a la Junta de la erosión" provocada por el caso de los ERE fraudulentos. La "vertiente política" del vergonzoso robo de aún no se sabe con certeza cuántos millones de euros destinados a empresas y parados de Andalucía es evidente. Susana Díaz, sucesora de Griñán, ha procurado poner kilómetros políticos de distanciakilómetros políticos con su predecesor nombrando un Ejecutivo en el que nadie haya tenido la menor relación con el asunto investigado. La renuncia de Griñán no ha incluido la entrega de su acta de parlamentario andaluz, por lo que mantiene su aforamiento por el TSJA, aunque la implicación de Chaves arrastraría todo el caso al Tribunal Supremo si finalmente resultara imputado. Si lo que pretendía Griñán era proclamar su inocencia a través de la renuncia, mantener el aforamiento sirve para realimentar la sospecha. 

El auto de Alaya y su "vertiente política" pueden constituir una filigrana jurídica, que le permite seguir con un caso abierto hace más de cuatro años y sumar siete aforados al centenar de imputados. La Fiscalía y los afectados tienen cauces para recurrir esa decisión y hay instancias superiores que en su momento tendrán que valorar la actuación de la juez y las responsabilidades de los políticos señalados. Mientras tanto, quien quiera recurrir a la técnica del tan dañino ventilador lo tiene fácil: ¿Qué ocurriría en este país (y qué dirían los altavoces del discurso único) si el juez Ruz comunicara a Mariano Rajoy y a Javier Arenas que pueden personarse en el caso Bárcenas en "calidad de imputados" pero sin serlo?caso Bárcenas