¿Qué tipo de gobierno hace falta para afrontar el conflicto catalán?

En el último momento, las fuerzas políticas independentistas han conseguido formar gobierno en Cataluña. Tenían un interés claro en evitar nuevas elecciones, pues, tras los excelentes resultados de En Comú Podem el 20-D, había un temor justificado de que el apoyo al independentismo disminuyera.

Como no podía ser de otro modo, se han vuelto a disparar todas las alarmas en el establishment español. Y vuelve también el run-run de la gran coalición, la necesidad de un gobierno estable que haga frente al desafío independentista, o, con menos rodeos, que el PSOE ponga sus diputados al servicio de la derecha por el bien de una España unida.

Vayamos por partes. ¿Qué cabe esperar del nuevo Gobierno catalán? Los independentistas son conscientes de que a pesar tener una mayoría absoluta de escaños, su apoyo popular en las elecciones plebiscitarias fue el 48%, que, dada la participación registrada, representa solamente un 36% del censo. Con esas cifras es evidente que no se consigue la secesión de un territorio por medios democráticos. No obstante, la candidatura de Junts pel Sí se mostró partidaria de seguir adelante. La justificación, un tanto pueril, que dio Artur Mas fue esta: puesto que el Estado no le permitía celebrar un referéndum, recurría a unas elecciones legislativas con carácter plebiscitario y, como sucede en toda elección legislativa, lo importante no son los porcentajes de voto, sino obtener una mayoría de escaños en el Parlament; conseguida esa mayoría, nada, según Mas, les impedía seguir adelante.

Con un apoyo popular insuficiente, ¿cómo puede el nuevo Gobierno catalán avanzar hacia la secesión en los próximos 18 meses? El plan, tal como se anunció en la resolución del Parlamento catalán aprobada el 9 de noviembre pasado, consiste en ir creando “estructuras de Estado” (Ley de Hacienda catalana, Ley de Seguridad Social catalana, etc.), de manera que cuando la situación esté madura se realice una Declaración Unilateral de Independencia. Ahora bien, hasta los independentistas más extremos saben que no obtendrán reconocimiento internacional con tan bajos niveles de apoyo en la sociedad catalana. ¿Cómo puede llegar entonces la independencia?

El eslabón más débil del procés es, en mi opinión, el insuficiente apoyo popular. Sin embargo, mediante una huida hacia adelante, los independentistas cuentan con que, en respuesta a sus planes de “desconexión”, una reacción agresiva del Estado español (la suspensión de la autonomía por el Gobierno central, o la suspensión de funciones del Presidente de la Generalitat por el Tribunal Constitucional) desencadene una crisis en la que crezca el número de ciudadanos partidarios de la independencia y se despierte cierta solidaridad internacional con Cataluña. Creo que esta es la interpretación más sencilla y razonable de la estrategia seguida por los independentistas.

Para que todo les salga bien, es preciso que el PP siga al frente del Gobierno de España y que el Tribunal Constitucional mantenga su doctrina cerril en la que el principio democrático queda subordinado enteramente al principio constitucional (en Quebec se desatascó la cuestión porque el Tribunal Supremo de Canadá entendió que era necesario conjugar ambos principios, concluyendo que no podía forzarse a un territorio a permanecer en un Estado si la población de aquel territorio muestra una voluntad mayoritaria clara y estable de separarse). El PP se ha negado en rotundo a dialogar sobre el asunto catalán o a iniciar un proceso de reforma constitucional. La derecha no ve en la reivindicación de independencia sino una aberración política y considera que la única respuesta posible consiste en garantizar la unidad de España por todos los medios legales a su alcance.

En caso de que se forme un gobierno de concentración nacional con PP, PSOE y Ciudadanos, o estos dos últimos grupos faciliten la formación de un gobierno minoritario del PP, la situación quedará abocada al enfrentamiento y la crisis institucional, lo que supondrá un desgaste fuerte e innecesario del sistema democrático español y de la convivencia política en nuestro país.

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Si, por el contrario, llega una alianza de izquierdas al poder y el PSOE pierde el miedo a ser acusado de romper la unidad de España, se abre la posibilidad de que el nuevo gobierno adopte una posición más abierta, cambie los términos del debate y contribuya a desactivar en parte la demanda independentista. En la actualidad hay un núcleo grande de independentistas que no van a cambiar de postura haga lo que haga el Gobierno de España, pero hay también un segmento importante que opta por la independencia ante el cerrilismo de las instituciones españolas. Una disposición negociadora contribuiría sin duda a que algunos independentistas “accidentales” se replanteasen su postura.

Como ya he defendido en otras ocasiones, creo que un referéndum pactado ente el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña sería fundamental para desbloquear la situación actual. No se trata de reconocer un “derecho de autodeterminación” ni nada parecido: el referéndum sería un instrumento político acordado entre las partes para determinar cuál es el apoyo a la secesión. En el acuerdo habría que especificar qué cuenta como una mayoría clara (por ejemplo, al menos la mitad del censo), si el “sí” tiene que ganar en las cuatro provincias, cuánto tiempo habría de transcurrir hasta la celebración de un nuevo referéndum en caso de que ganara el “no”, qué tipo de negociaciones se abrirían en caso de que ganara el “sí”, etcétera.

Se esté de acuerdo o no con la propuesta del referéndum, creo que un gobierno de izquierdas haría lo posible para que el problema catalán no degenere en una crisis institucional profunda, que es lo que va a suceder si el PP continúa en el poder, en solitario o con apoyo de los socialistas. Los acontecimientos en Cataluña, lejos de reforzar la posibilidad de una gran coalición, exigen un cambio político para que un gobierno con una actitud distinta se atreva de una vez a desactivar este conflicto.