¡Insostenible!

82 millones de turistas y el colapso del Mar Menor

Fernando Prieto | Ignacio Marinas

Este año pasado han visitado España 82 millones de turistas. Cifra de vértigo, que mucha gente ya empieza a considerar como normal y que nos merecemos, como no podía ser menos. 2017 encadena el quinto año consecutivo con récord de turistas y los optimistas dan por sentado que podemos ser en pocos años la primera potencia en turismo mundial. El turismo supone el 13% del PIB y el 11% del empleo. Según datos de Exceltur, en 2016 el sector turístico generó unos ingresos 125.000 millones de euros. Recordemos que España ingresa más por el turismo que Arabia Saudí por el petróleo e, indudablemente, está más repartida la riqueza del turismo entre la población, a pesar de todos los problemas existentes, que en el caso del país árabe.

No es menos cierto que el "milagro" turístico español de los últimos años está determinado por la inestabilidad de otros países del Mediterráneo (desde Marruecos a Egipto y Turquía). Y que en el futuro otros destinos con mejor conservación de sus ecosistemas (desde México hasta Tailandia, etc.) podrían competir duramente con nuestra oferta turística. Pese a ello, las perspectivas de crecimiento del turismo masivo son muy altas.

A pesar de estas macrocifras es obligatorio revisar el patio de atrás de este milagro.

Por una parte los temas sociales y económicos, visualizados en las condiciones laborales de muchos de los trabajadores que obran este milagro: desde las Kelly a las tasas de temporalidad brutal inherente a este modelo de turismo de sol y playa configuran un entorno de una gran precariedad y temporalidad que es pura explotación de los trabajadores.

Los grados de saturación de muchos de los destinos turísticos ya han mostrado en varias localidades de España el hartazgo de los habitantes naturales, que va unido al aumento de los precios de alquiler y la aparición de agencias de alquiler como Airbnb que deja dinero a miles de propietarios de viviendas vacías. Esto tira de la inversión en pisos turísticos que está profundamente concentrada en manos de unos pocos inversores y que transforman el centro de las ciudades expulsando a los habitantes de las mismas con menores recursos.

También entra el turismo como incitador de las inversiones públicas en infraestructuras, muchas veces absolutamente deficitarias (como el AVE, docenas de infraestructuras sin sentido como los aeropuertos de Castellón, Ciudad Real y otros, autopistas como la de Murcia-Cartagena, que totalmente quebradas parece que el sector publico va a rescatar con el dinero de todos).

Los efectos ambientales del turismo masivo tampoco son un asunto baladí. Gran parte de los impactos se pueden calificar como irreversibles o muy difícilmente reversibles, por los elevadísimos costes que habría que pagar para revertirlos. Pensemos en los elevadísimos impactos ya causados: las murallas en primera línea de mar que incluso dan sombra sobre la playa, la ocupación de humedales, las pérdidas de biodiversidad, los cambios de flujos de sedimentos, etc., etc., etc. Y una gran parte de estos turistas se asientan sobre la dorsal mediterránea con elevados consumos de suelo, energía y sobre todo de agua. En tan solo una generación hemos multiplicado su urbanización por dos. Entre 1987 y 2011 hemos construido casi lo mismo que desde la antigüedad hasta esa fecha. Hemos edificado hasta el mismo límite del mar, incluso en ramblas. Seguimos con vertidos peligrosos, depuradoras que no funcionan y encima la hemos llenado de elefantes blancos: puertos absurdos, regasificadoras, almacenes de gas o urbanizaciones ilegales inviables.

La declaración de espacios protegidos ha funcionado parando esta locura en muchos sitios. Pero con la declaración de espacio protegido la presión inmobiliaria se dirige hacia zonas de gran valor ecológico lo más próximas posible a estos espacios, lo que dificulta la ordenación de las áreas de preparque, tan esenciales como el propio parque natural para la conservación de los ecosistemas.

La estacionalidad es especialmente grave para la sostenibilidad. Las depuradoras no dan abasto con lo cual se pueden ver todavía importantes vertidos sobre las propias playas. El tratamiento de los residuos sólidos urbanos se colapsa. Y la edificación masiva en la primera línea de costa se ha realizado en muchos casos sobre ecosistemas especialmente frágiles y vulnerables, cuya vulnerabilidad se agrava en un escenario de cambio climático.

El impacto en la sostenibilidad del sector turístico da para mucho más que este artículo. El país deberá hacer una adecuada evaluación de las políticas públicas y de las iniciativas de inversión privadas basadas en un buen estudio cuantitativo de sus efectos ambientales económicos y sociales de nuestro turismo. En estas líneas nos vamos centrar en el caso paradigmático del Mar Menor, la laguna litoral de agua salada de mayor extensión del país y que posee casi todas las figuras de protección, pero que, una vez más se han demostrado ineficaces para su conservación para las generaciones futuras.

El Mar Menor

Este ecosistema es de un extraordinario valor ecológico pero las aguas procedentes de los cultivos agrícolas, la falta de depuración de las poblaciones colindantes y la industria turística lo han ido degradando progresivamente durante décadas hasta convertirlo en un ecosistema colapsado.

En la evaluación de la sostenibilidad es complicado distinguir el grado de vulnerabilidad de un sistema viendo el deterioro progresivo de un ecosistema de los valores paisajísticos y naturales espectaculares. Pero lo que es muy fácil saber es cuando un sistema es insostenible o está colapsado.

El ecosistema del Mar Menor se ha deteriorado progresivamente ante la desidia general de las administraciones presas del "milagro" agrícola y del "boom turístico" por docenas de años a pesar de las sucesivas llamadas de atención de los ecologistas y científicos de la universidad. Primero fue la construcción de toda La Manga y de sus playas, cuyo crecimiento y las sucesivas obras de urbanización e infraestructuras fueron cerrando la laguna e impidieron el flujo constante con el Mediterráneo. Añádase a esto la agricultura echando abonos nitrogenados sin control, y los vertidos urbanos y turísticos con depuración deficiente año tras año, dando como resultado constatable que la laguna se ha eutrofizado.

A día de hoy el Mar Menor es un ecosistema colapsado. El agua de las playas de la laguna no está transparente, huele mal en muchas zonas y los turistas, como es normal, directamente no van. Los negocios que estaban alrededor de la laguna han experimentado importantes descensos de ingresos, además de los efectos sobre el mercado inmobiliario, hoteles, etc.

Hoy, por fin, la administración regional ha decidido actuar. El proyecto de ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor se ha debatido estos días en el Pleno de la Asamblea Regional, después de un inmenso trabajo durante más de ocho meses de políticos y organizaciones sociales: Pacto por el Mar Menor, FAVCAC, Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, ANSE y Ecologistas en Acción Región de Murcia, agrarias y empresariales con su correspondiente dictamen de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, apoyándose en un exhaustivo informe sobre qué hacer con este ecosistema. Ese informe redactado por un nutrido grupo de expertos —ecólogos, ingenieros, hidrólogos, sociólogos, etc.— propone medidas para la recuperación y conservación del Mar Menor. Estas medidas, muchas de ellas basadas en la propia naturaleza, han sido apoyadas por los grupos políticos de Podemos, Ciudadanos y PSOE, que lo han asumido. Sin embargo, en las últimas semanas se ha presentado un nuevo informe por una parte de los sectores implicados: algunos agricultores no están de acuerdo con el diagnóstico realizado por los investigadores; han lanzado un contrainforme en el que sostiene que la contaminación no se debe a los efluentes agrícolas; y que se debe de seguir por el mismo camino ya transitado, el que nos ha llevado a un ecosistema contaminado y colapsado.

La agricultura legal y responsable, al igual que el resto de los actores implicados, que cumpla con medidas que frene y eliminen el colapso, es posible. Tiene que haber una agricultura sostenible compatible con el ecosistema de la cuenca del campo de Cartagena y con el resto de actividades económicas que depende de un medio ambiente sano.

Finalmente, ha ganado la solución transversal, consensuada, basada en la naturaleza y en estudios científicos; y no por los intereses sectoriales, respetables pero de parte (de algunos agricultores). Este proyecto se convertirá en ley regional, será uno de los instrumentos necesarios para la progresiva recuperación del Mar Menor y su entorno, y para el cumplimiento de diversa normativa comunitaria.

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El Mar Menor puede servir de campo de pruebas para ver si la principal industria del país puede ser compatible con la calidad de vida, la conservación de los ecosistemas y con los otros intereses de los sectores productivos implicados en cada territorio (también muy interesantes como el agroalimentario, el propio sector se verá beneficiado por estas medidas) pero articulados de una forma sostenible. Estas actuaciones pueden suponer un punto de inflexión para el Mar Menor y para el conjunto del futuro de la costa. Cualquier paso atrás supone poner en riesgo la recuperación de la laguna y el futuro económico del territorio.

Si este campo de pruebas sigue colapsado por falta de acuerdo, ineptitud o ineficacia para llevar a cabo las medidas previstas el futuro no será sostenible, los turistas irán a otros destinos mejor conservados, y la agricultura utilizará cada vez más fitosanitarios y fertilizantes.

Ya existen en España docenas de municipios turísticos con problemas muy cercanos al colapso: Calviá, Salou, Llucmajor, Arona, Ibiza, etc. El maná del turismo dejará de llegar como ya ha pasado en esa zona y se volverá a comprobar que los gastos de no actuar son a la postre mucho mayores que los gastos de una gestión sostenible. Ahora será necesario depurar, restaurar, recuperar, rediseñar paisajes, etc. Gastos mucho mayores de los que hubieran sido necesario realizar desde el principio. La comunidad autónoma de Murcia está indicando que otro futuro es posible en el Mar Menor. Que sirva de ejemplo para otros muchos territorios. No para las futuras generaciones, sino para nosotros.

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