Cosas casi peores que la quinta ola

La quinta ola de la pandemia está siendo más leve, las vacunas ayudan, los jóvenes resisten mejor los efectos del virus. Pero todavía hay víctimas, incertidumbre, muere gente. Cada ola supone ir un poco a tientas hacia la fase siguiente. Y en medio de la tensión de unos datos que interpretamos a futuro como podemos, hay toda una serie de episodios de delirio político y judicial, una deriva desajustada al razonamiento lógico y en algunos casos del sentido democrático, que salta y salpica de los grandes asuntos a los más locales.

A todos nos gustaría saber hacia dónde cree Pablo Casado que le lleva el negacionismo a la dictadura franquista y su complacencia con los postulados de la extrema derecha. O en qué momento dieron el volantazo los magistrados del Constitucional para lo que era legal en los meses más duros del virus fuera ilegal más tarde. Algunos vocales del CGPJ han hablado de “deslizamiento hacia Vox” en los postulados de la sentencia del Constitucional. Y si miramos qué ha ocurrido en el último mes hay una partitura común en varios fallos judiciales, herederos de aquella investigación a la marcha feminista del 8-M.

Léase, el fallo legitimando el cartel de Vox contra los menores no acompañados a los que acusaron de la “problema social y político”, la caída del estado de alarma y ahora imputar a la responsable de salud de Baleares. Está pasando que ante la difusión de aquello que nos escandaliza, situado fuera de lo que aceptamos como razonable, hay jueces dictando resoluciones que encajan y apuntalan los discursos extremos a la perfección.

De Mallorca recordamos la estridencia de las pancartas de algunos adolescentes del hotel Palma Bellver: “Libertad”, “Queremos salir”, “Estamos puto secuestrados… pero en plan lo flipas”. Un maximalismo de unos chavales que celebran el fin de curso fuera de casa y la faena de acabar solos en una habitación. No hay más drama. Lo sorprendente es que no ha quedado en el capítulo viral de junio si no que un juez ha dado la razón al pancarteo en una decisión difícil de encajar con los antecedentes de la pandemia.

La Directora de Salud Pública de Baleares, imputada por delitos de detención ilegal y prevaricación, se va a pasar el verano pendiente de una citación por presuntos delitos que suman hasta diez años de cárcel. Imputada por hacer su trabajo. Su responsabilidad es prevenir riesgos a la salud. Confinó a los jóvenes como se había hecho en tantas otras ocasiones. Es más, cuando un juzgado revocó la medida preventiva del confinamiento, los estudiantes se fueron a sus casas. Es decir, solo podría haber prevaricado si una vez conocido el fallo, los hubiera mantenido dentro.

La imputación da credibilidad a la madre que sostuvo en la denuncia que los adolescentes habían sido secuestrados por una decisión ilegal (sic) del Gobierno Baleares. Un secuestro, decían. Acompañado por las fotografías de los chicos desafiantes en la balconada alzando las muñecas como símbolo de estar esposados. Mantener que la directora prevaricó implica que el juez entiende que pudo dejar a los estudiantes en el hotel por mero placer, a sabiendas de que era una decisión discrecional y no por salud pública.

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Hay que recordar que el macrobrote de Mallorca fue a primeros de junio. Uno de cuatro estudiantes dieron positivo, el alcance nacional se extendió por once comunidades, con más de cien casos en la mitad de ellas, y hasta 400 positivos llegaron a Madrid. Todavía no sabíamos a cuántas personas podría matar el virus en esta fase y cómo se llenarían las UCIS si los contagios por un viaje de fin de curso se extendían por España. No teníamos ni idea de cuán dañina sería esta ola.

En este escenario, la Directora de Salud decidió proteger a los chavales, a sus familias y al resto de la población. Entendió, como se había hecho desde el minuto uno de la pandemia, que el confinamiento de jóvenes que habían dado positivo o podían haber tenido un contacto estrecho debían permanecer en el hotel. Como se hizo en Canarias, incluso con menos conocimiento del virus que ahora. Y una cosa es que se declare ilegal el confinamiento y vuelvan a sus casas, otra que se lleven por delante, como mínimo, la tranquilidad laboral de un cargo público dedicado a proteger la salud de todos.

Es cierto que la justicia no puede ser preventiva. Y de hecho, que en situaciones de pandemia no se valoren las medidas preventivas tiene algo de contrasentido. ¿Cómo de grave tiene que ser un brote para tomar medidas? ¿Se decide en razón de la gente que puede morir o la gente que ha muerto? En este paradigma seguimos cinco olas después. Y como la justicia manda sobre los sanitarios y los responsables de Salud, la desproporcionalidad carga sobre ellos. ¿O a alguien se le ocurriría denunciar a un tribunal por prevaricación cuando, después de tumbar un confinamiento, hay muertos? Porque en este delirio, tendría más sentido que acusar a la directora de salud por intentar evitarlos. Al final estamos viendo lo imposible, hay jueces que decidieron no investigar el protocolo que encerró en residencias a centenares de ancianos en Madrid y murieron. Pero ven posible la detención ilegal en medidas que intentaban protegernos a todos.