Sanidad universal: entre la justicia y el orden

“Prefiero la injusticia al desorden”, esa frase de Goethe parece haberse instalado en el núcleo de las políticas de aquellas personas que siguen pensando que la sanidad universal no es un asunto ligado a los derechos humanos, sino a la correcta ordenación jurídico-administrativa de nuestro territorio, porque lo primero es el orden y después va la justicia.

Hace cinco años el gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, nunca tanto cinismo cupo en un solo título. Desde entonces nuestro Sistema Nacional de Salud sufrió una gran reforma: el acceso a la sanidad dejó de ser un derecho más o menos ligado a residir en España, y pasó a ser algo a lo que se accedía si se lograba tener la condición de asegurado; las personas migrantes en situación de irregularidad documental quedaban fuera de la asistencia y se justificaba todo ello en una mezcla de argumentos de orden jurídico, de confusiones malintencionadas con el concepto de “turismo sanitario” y de alusiones al ahorro y la contención presupuestaria, que no venía sino a decir que les recortamos a ellos —los de fuera— para no recortaros a vosotros —los de dentro—.

La realidad es que más allá de la caverna política donde el acceso a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones para todas las personas residentes en nuestro Estado es algo indeseable, impracticable e insostenible, existe un sentido común conquistado a base de movilizaciones en favor de la sanidad universal, ya sea por parte de las Mareas Blancas, colectivos de sociedad civil organizada como REDER, organizaciones de profesionales sanitarios o por parte de los partidos políticos que desde sus ámbitos de trabajo han intentado darle la vuelta con mayor o menor éxito al Real Decreto 16/2012.

Hace unos días se avanzó un paso más en ese sentido, diferentes partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados se sentaron (nos sentamos) para firmar con las organizaciones que conforman la Red de Denuncia y Resistencia al RD16/2012 un pacto por la sanidad pública y universal, con la firme creencia de que los pactos que cambian las cosas son los que se firman teniendo como motores a los colectivos de la sociedad civil, comprometiéndonos a desarrollar iniciativas conjuntas para que la recuperación de la universalidad de la asistencia sanitaria sea una realidad.

Paralelamente, Ciudadanos presentó una proposición no de ley (es decir, un documento no legislativo que solo sirve de posicionamiento político) para seguir insistiendo en que la cobertura sanitaria sea un derecho ligado exclusivamente a la ciudadanía y que se garantice una serie de prestaciones más restringidas para los inmigrantes en situación de irregularidad documental, y esto lo hacen amparándose en algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Lo cierto es que existen muchos acuerdos, tratados y recomendaciones de instituciones supranacionales que instan a los gobiernos a dar a los inmigrantes indocumentados una asistencia sanitaria más amplia que los mínimos exigibles que parecen plantearse por parte de Ciudadanos; especialmente elocuente es el documento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde se reflejan las recomendaciones de que las políticas de los países en relación con el derecho a la salud se basen en tres principios: I) evitar la denegación o limitación de acceso a los servicios sanitarios, II) prevenir la acción de terceras partes que pudiera redundar en una limitación del derecho a la salud y III) adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales, de promoción y otras de modo que se pueda satisfacer el derecho a la salud. Estas recomendaciones van más allá de darle derechos a las personas que ya tienen el derecho a tener derechos y tratan de abrir el horizonte de derechos para toda la población un poco más allá de los “mínimos exigibles” que en ocasiones se argumentan.

Tras leer la propuesta de Ciudadanos de vincular la asistencia sanitaria a la condición de ciudadanía (y no a la de residencia en el territorio) hay quien podría preguntarse: ¿Qué problema hay con que la sanidad solo sea para las personas que ostenten la ciudadanía? Martha Nussbaum, en su libro Las fronteras de la justicia nos ayuda a entenderlo:

"... encontramos el problema urgente de extender la justicia a todos los ciudadanos del mundo, de desarrollar un modelo teórico de un mundo justo en su totalidad, donde los accidentes de nacimiento y de origen nacional no viciaran desde el principio y en todos los sentidos las opciones vitales de las personas. En la medida en que todas las grandes teorías occidentales de la justicia social parten del Estado-nación como una unidad básica, es probable que necesitemos también nuevas estructuras teóricas para pensar de forma adecuada este problema."

La asistencia sanitaria, como derecho básico debería garantizarse más allá de los accidentes de nacimiento, especialmente por su notable influencia en la conservación de las capacidades de los individuos y su papel central en la justicia social. Construir nuevas realidades sanitarias que refuercen el vínculo entre el Estado-nación como dador de derecho a la asistencia sanitaria es como plantear modelos de políticas públicas que incidan en reforzar la relación entre el empleo y la capacidad de subsistencia y acceso a los derechos sociales; es decir, no solo son medidas regresivas, sino además miopes y sin capacidad para construir las instituciones públicas que necesitamos para el futuro.

La diferente regulación europea, el turismo sanitario, la sostenibilidad del sistema… son mantras justificadores de recortes de derechos, alejados de toda prueba empírica cuando no manifiestamente incorrectos. No solo podemos dar asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación de irregularidad documental que residan en nuestro territorio, sino que además debemos (y estamos capacitados para ello) seguir luchando por un modelo de cobertura sanitaria que demuestra que con la fortaleza del sistema público de salud y una financiación adecuada a las necesidades es posible mantener, desarrollar y mejorar un sistema sanitario que sea inclusivo, no excluyente y generador de salud.

La asistencia sanitaria universal debe ser solo el primer paso hacia la universalización de todos los determinantes sociales que nos permitan una vida digna. El primer paso de muchos.

El Ejecutivo aprueba el decreto para rescatar la Sanidad universal

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Marta Sibina Camps es diputada de En Comú Podem y portavoz de Sanidad del grupo confederal Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.

Javier Padilla Bernáldez es asesor de En Comú Podem para la Comisión de Sanidad.