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Plaza Pública

Crisis democrática en Brasil y en América Latina

Cristina Faciaben Publicada 08/04/2018 a las 06:00 Actualizada 07/04/2018 a las 13:53    
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La democracia en América Latina está gravemente amenazada. El avance de las opciones políticas de derechas, con evidentes rasgos neoliberales, es una evidencia en toda la región. En Chile, Sebastián Piñera, del partido Renovación Nacional, ha vuelto a reemplazar a Michelle Bachelet, del Partido Socialista, como ya hizo en el año 2010. Mauricio Macri en Argentina está imponiendo políticas de ajuste que están causando que miles de personas llenen las calles exigiendo la retirada de los proyectos de reforma laboral y de pensiones. Colombia es un Estado donde la violencia sigue cebándose en los sindicalistas. Honduras está inmersa en una grave crisis democrática tras un evidente fraude electoral, mientras en sus países vecinos centroamericanos la vulneración de los derechos humanos no cesa y la violencia sigue quedando impune.

Pero tal vez el caso de Brasil, en parte por su dimensión y por tratarse de una de las economías emergentes del planeta —las llamadas BRIC— pero también por la trascendencia mediática de los protagonistas, lo que allí acontece a nivel político, financiero o social cobra mayor importancia.

El expresidente Lula da Silva ingresará de forma inminente en prisión para cumplir una condena de 12 años y un mes impidiéndosele, de este modo, que pueda ser candidato a las elecciones presidenciales del 7 de octubre de este año, donde los sondeos le dan un 36% de la intención de voto. Esta es la última etapa de un proceso judicial colmado de irregularidades y de escasa imparcialidad, que en todo momento ha parecido más perseguir el objetivo de evitar la candidatura de Lula que hacer justicia. En julio de 2017, Lula fue sentenciado por el juez federal Sergio Moro a 9 años y 6 meses de cárcel por un delito de corrupción, al considerarse que recibió un apartamento por parte de la constructora OAS, involucrada en la red de sobornos de Petrobras. Hechos que nunca fueron suficientemente probados. En enero de 2018, la Corte de Segunda Instancia rechazó una apelación contra la sentencia y la aumentó a 12 años y un mes. El pasado día 4 de marzo, el Tribunal Supremo Federal de Brasil desestimó el habeas corpus, vulnerando de este modo la presunción de inocencia prevista en la Constitución brasileña, y decretó la entrada inminente en prisión del expresidente.

Este proceso judicial contra Lula es un paso más en el flagrante deterioro de la democracia en Brasil, que se inició en 2016 con el impeachment o juicio político contra la legítima presidenta, Dilma Rousseff, y la imposición de Michel Temer como presidente, y ha continuado con la maniobra para imposibilitar que Lula da Silva pueda ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. No debe olvidarse que sobre Temer pesa un pronunciamiento judicial en contra, pero en cambio, el sistema político lo ha salvado y sigue presidiendo el país.

La fragmentación social entre detractores y defensores de Lula en Brasil va en aumento, así como la violencia. Ejemplo de ello es el atentado que hace pocos días sufrió la caravana de vehículos con la que Lula ha estado recorriendo el sur del país defendiendo su inocencia y su derecho a optar a la Presidencia, así como la recuperación de la democracia en Brasil, que fue tiroteada, o el asesinato de la activista social y concejal de Río de Janeiro, Marielle Franco.

Otra evidente muestra del riesgo para la democracia en Brasil han sido las recientes manifestaciones de sectores de las Fuerzas Armadas brasileñas a favor del encarcelamiento de Lula. El Ejército en Brasil tiene prohibido por ley realizar declaraciones políticas en público. Se da la circunstancia, no menor, de que estas declaraciones fueron leídas durante el noticiario con mayor audiencia de la televisión de Brasil. Este hecho demuestra la apuesta de algunos medios de comunicación, especialmente la cadena Globo, contra Lula y que recuerda peligrosamente al apoyo que Globo brindó al golpe de estado militar de 1964 contra el Gobierno de João Goulart, que dio lugar a una dictadura que se prolongó hasta el año 1985.

La democracia en Brasil y en gran parte de la América Latina está en grave riesgo. El problema no es Lula en sí mismo, sino el destino y el futuro de Brasil y con él, de la región. El Estado de derecho y democrático está maltrecho. Avanzan rápidamente las fuerzas políticas conservadoras para quienes los derechos y las libertades, la equidad y la justicia social, las clases populares y trabajadoras no importan, y aquellos y aquellas que las defienden son un estorbo que hay que eliminar.

La única vía posible para solucionar la crisis social y política en Brasil es la celebración de elecciones democráticas y libres, que respeten el ordenamiento constitucional y a las que puedan concurrir todas las fuerzas políticas. No puede permitirse que los intereses económicos, concentrados en unas pocas familias en Brasil, que posibilitaron y apoyaron en su día a la dictadura militar, que facilitaron el golpe contra Dilma Rousseff, que incitan a la violencia y los enfrentamientos entre brasileños y que están vetando a Lula como candidato a la Presidencia de Brasil, sigan destruyendo la democracia, la convivencia y las libertades en Brasil, disponiendo y dilapidando el patrimonio del país y demoliendo todos los avances sociales y los derechos de los y las trabajadoras que los gobiernos progresistas de Lula y Dilma construyeron y que beneficiaban a las personas más vulnerables.

Desde las opciones progresistas debemos seguir apoyando las movilizaciones y las acciones en pro del restablecimiento de la democracia y por unas elecciones libres y justas en Brasil junto a los sindicatos democráticos y con las organizaciones sociales y políticas brasileñas y de la América Latina en su lucha por el restablecimiento de la democracia, la paz, la justicia, los derechos y las libertades en la región.
__________

Cristina Faciaben es secretaría de Internacional y Cooperación de CCOO.
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