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Plaza Pública

Dos nuevos impuestos frente al limbo fiscal de las grandes tecnológicas y el sector financiero

Susana Ruiz
Publicada el 19/01/2019 a las 06:00 Actualizada el 18/01/2019 a las 22:40
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Y por fin llegaron. Diez años después de la crisis, el Gobierno ha presentado hoy dos propuestas de ley para dos nuevos y esperados impuestos con los que espera recaudar casi dos mil millones de euros. Y son, sin duda alguna, un primer paso para corregir las deficiencias e insuficiencias en el diseño de nuestro sistema tributario. La política fiscal española sigue estando marcada por su carácter regresivo y un déficit recaudatorio casi histórico, que se agravó con la crisis a partir de 2008. El impuesto de sociedades, sobre todo de las grandes corporaciones, sigue siendo donde se encuentra el mayor desfase. De ahí que estos dos nuevos impuestos sean también una vía para ir logrando una aportación más justa y equitativa sobre los beneficios empresariales. Siguiendo los pasos de otros países europeos, la aplicación de estos dos nuevos impuestos representa la voluntad de corregir la desigualdad en el tratamiento tributario frente a rentas que ahora lograban escapar sin gravar.

El ITF, impuesto a las transacciones financieras, es una de las iniciativas que volvieron a cobrar fuerza después de la crisis. El sector financiero fue uno de los grandes beneficiarios de los procesos de liberalización acelerada de los mercados de capitales, generando un crecimiento exponencial de los intercambios financieros, la gran mayoría de ellas sin estar asociadas a intercambios comerciales reales. Sin embargo, la actividad financiera ha logrado mantenerse infra-gravada. De ahí nació la idea de diseñarlo de forma conjunta en el marco de la UE o al menos en los países de la eurozona. A falta de unanimidad, se activó un proceso de cooperación reforzada entre 10 países europeos para aplicarlo de forma coordinada que aún sigue en pie. Pero la falta de consensos ha hecho que los distintos gobiernos se pierdan en tecnicismos y el proceso se ralentice casi de forma indefinida.

Recuperar y lograr que este impuesto se implemente en este momento, a los diez años s de la crisis, es además de simbólico una cuestión de equidad tributaria. Su objetivo es recaudar más de un sector que ha estado en el origen de muchas de las turbulencias económicas que seguimos arrastrando, y gravar operaciones que hoy en día quedan casi libres de tributación. El diseño que hoy presenta el gobierno tiene un perímetro de aplicación reducido frente a las opciones que se han venido barajando. Tan sólo se aplicará a la venta de acciones emitidas en España por empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros, menos de 100 empresas.

Es un diseño que dejará fuera las acciones más especulativas y arriesgadas, en especial todo el mercado de derivados financieros. Es cierto que esta es una carencia que lo presenta como un modelo de mínimos. Por eso el gobierno debería considerarlo como una primera fase en el camino hacia una aprobación más amplia en el futuro, mientras defiende con igual compromiso el avance hacia un ITF europeo lo más ambicioso posible. España debe de seguir apostando por desbloquear los nudos técnicos y las tensiones políticas en lo que podría convertirse en el primer impuesto puramente europeo.

En cuanto al impuesto sobre determinados servicios digitales, también sigue la senda de países como Francia, Italia o Australia entre otros que ya han empezado a aplicarlo de manera unilateral. Es un diseño muy inspirado en la propuesta anunciada por la propia Comisión Europea hace unos meses. La venta de datos, “el petróleo del siglo XXI”, y la intermediación en determinados servicios de publicidad online eran como un espejismo tributario que permite en la práctica tipos efectivos absurdamente bajos. La Comisión Europea denunciaba que el tipo efectivo del sector tecnológico podía estar rondando el 9%, por debajo de la mitad que el resto de sectores de actividad. Aprovechando un sinfín de ajustes y desajustes entre los distintos sistemas fiscales, es como si los beneficios generados por estas actividades se perdieran en un limbo (fiscal). Y así, una empresa como Google logra trasladar artificialmente unos 23.000 millones de dólares sólo a las Islas Bermudas,  al tiempo que sigue canalizando gran parte de su actividad a través de otros paraísos fiscales europeos como Holanda o Irlanda. Los desajustes son abrumadores. En Irlanda, Google declaraba recientemente unos ingresos entorno a los 22.000 millones de euros con menos de 5 millones de usuarios. En España, en cambio, la empresa cuenta con cerca de 35 millones de usuarios, declara unos 1.000 millones de euros de actividad pero menos de 100 millones de euros de beneficios.

El arte (virtual) de no pagar casi impuestos tiene mucho que ver con las incongruencias del sistema fiscal internacional. Diseñado hace ya casi cien años cuando poco tenía que ver la realidad de los negocios con la era digital, se ha quedado totalmente obsoleto y desfasado. Es como si en la era Spotify, quisiéramos seguir usando un gramófono. En estos últimos cinco años se ha producido una efervescencia de reformas en cuanto a la fiscalidad internacional. Pero hasta ahora, todas las reformas han estado mirando al pasado, a parchear un sistema que no se sostenía, en lugar de mirar al presente y que se adapten a la realidad de los negocios del siglo XXI.

Ante este fracaso en cierta medida del consenso internacional, éste es en realidad un impuesto compensatorio ante los agujeros que aún quedan en el sistema fiscal internacional, y que permite que grandes empresas tecnológicas puedan escapar prácticamente al fisco, a pesar de tener una posición dominante en el mercado.

Un impuesto compensatorio que también debería ser concebido sólo como un impuesto temporal hasta que se logren reformas en el marco tributario internacional mas transformadoras, renovadas y justas para el conjunto de la ciudadanía. Sin ruido de fondo, son dos medidas para avanzar hacia una mayor equidad fiscal y en la vía de reducir la desigualdad, aunque su diseño aún pueda mejorarse y ajustarse mejor a las nuevas realidades empresariales.
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Susana Ruiz es responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón.
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