El capital, en guerra contra el trabajo…y la está ganando

La economía convencional asegura que la recuperación del crecimiento económico, medida a través del Producto Interior Bruto (PIB), debería concretarse en salarios más elevados. Por dos vías. En primer lugar, porque ese mayor crecimiento implica más demanda de empleo por parte de las empresas para atender las nuevas y mayores necesidades de los mercados; en segundo lugar, porque los avances en la productividad laboral, asociados a la progresión del PIB, proporcionan el margen necesario para que mejoren las retribuciones de los trabajadores. Pues bien, veamos si ese escenario se está materializando en la economía española en los años de crecimiento –esto es, una vez superada la recesión–, entre 2014 y 2018.

En ese período, el aumento acumulado del PIB fue del 14,4%, lo que significó un avance del 2,7% cada año (ambos registros fueron sensiblemente superiores a la media comunitaria). Sin embargo, en clamorosa contradicción con las previsiones del “dogma neoliberal”, la evolución en ese período de la compensación real por empleado (salarios brutos más cotizaciones sociales a cargo de la empresa) revela una pérdida de capacidad adquisitiva acumulada del 1,5%; un 0,3% de media anual. Ese escenario de contracción salarial, a pesar de la notable recuperación de la actividad económica, ha implicado que el peso de las retribuciones de los trabajadores en la renta nacional, la masa salarial, se redujera en casi un punto porcentual, aumentando, en consecuencia, la participación de los beneficios.

Disponer del dato sobre la evolución de los salarios promedio es una primera y necesaria aproximación que debe ser completada con información que dé cuenta de la apertura del abanico salarial; de hecho, las retribuciones de los trabajadores son muy dispares dependiendo, entre otros factores, de su cualificación, antigüedad y posición en la estructura jerárquica de la empresa, de su tamaño, perfil tecnológico y del mercado donde opere, de la presencia de las organizaciones sindicales y de la existencia y características de la negociación colectiva.

En 2017, último año para el que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ofrece información sobre el salario promedio del empleo principal por deciles de ingreso, la remuneración media de los trabajadores situados en el nivel retributivo más alto era casi 10 veces superior a la de los posicionados en el tramo salarial más bajo; una situación algo mejor que la observada en 2014, pero que todavía revela una brecha considerable. Esa misma institución da cuenta del sustancial aumento del porcentaje de trabajadores de bajos ingresos, que ya ascendía al 16,2% del total en 2017 (12,9% en 2014).

Además de los salarios promedio y de su distribución, el volumen de empleo es el otro factor que determina la evolución de la masa salarial. En el periodo considerado, la economía española ha generado un buen número de empleos, cerca de dos millones, lo que ha supuesto un aumento acumulado del 11,2% en el volumen de ocupación. Pero la mayor parte de ellos han sido temporales o a tiempo parcial.

Los primeros han progresado un 30% y ya representaban en 2018 el 22,7% del monto total (3 puntos porcentuales más que en 2014); la segunda modalidad contractual también ha crecido en el período analizado, aunque con menos intensidad, un 15,8%, alcanzando el 14,5% del empleo global. Por esa razón, no resulta paradójico que, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al mismo tiempo que han aumentado las cifras de ocupación, entre 2014 y 2018 se ha mantenido estable el número de horas trabajadas. Ambas modalidades de contratación son de naturaleza inestable y por lo general perciben salarios más bajos que los empleos indefinidos a tiempo completo.

También resulta de utilidad la información aportada por la Sexta Encuesta Europea sobre Condiciones de Trabajo (con datos relativos a 2015). A la pregunta de si el puesto de trabajo conlleva trabajar a gran velocidad, el 19% de los encuestados contesta que casi siempre, y un 31% manifiesta que lo hace entre ¼ y ¾ del tiempo. Preguntados si su puesto de trabajo implica trabajar con plazos muy ajustados, las respuestas son, respectivamente, del 35% y del 29%. Asimismo, un 28% de los trabajadores indica que al menos una vez al mes ha tenido que realizar una jornada de 10 horas.

Los datos del INE sobre el número de horas extraordinarias, pagadas o no, apuntan en la dirección de un endurecimiento de las condiciones laborales (además de una fragante vulneración de la ley en el caso de las no retribuidas) con consecuencias negativas sobre la creación de empleo. En el último trimestre de 2018 se contabilizan más de 6 millones de horas extraordinarias, que, en comparación con el primero de 2014 representa un aumento del 15%. Las no pagadas, el INE estima que totalizan cerca de 3 millones a finales de 2018, equivalían al 46% del monto global de horas extraordinarias. Además del evidente impacto negativo que esto tiene en las arcas públicas y muy especialmente en el fondo que financia las pensiones, el trabajo regalado a las empresas –no es otra cosa obligar a los asalariados a prolongar la jornada laboral con la espada de Damocles del despido– supone una efectiva –aunque difícil de cuantificar, dada la ausencia de datos precisos– reducción del salario real.

En resumen, un panorama nada alentador para nuestra economía. El crecimiento económico ha vuelto, aunque las expectativas sobre su consolidación son cada vez más sombrías; no sólo en nuestra economía, sino también en Europa y a escala global. Pero los salarios continúan estancados o en retroceso para la mayor parte de los trabajadores, la precarización gobierna las relaciones laborales y la explotación de la fuerza de trabajo se intensifica.

Revertir esta dinámica, que está en el epicentro de un capitalismo crecientemente extractivo, tiene que ser uno de los ejes que vertebren una política transformadora al servicio de las mayorías sociales.

En mi opinión, esto significa, cuando menos, abordar en esta legislatura las siguientes transformaciones:

a) Derogar la reforma laboral de 2010, llevada a cabo por el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, y la del Partido Popular de 2012, y definir, de acuerdo con los actores sociales, un nuevo marco regulador que preserve la negociación colectiva y empodere a los trabajadores.

b) Comprometerse con un aumento de los salarios para que recuperen el peso en la renta nacional que tenían antes del estallido del crack financiero, y que los más bajos crezcan por encima del promedio.

c) Establecer un límite a las retribuciones de los altos directivos de las grandes corporaciones en una proporción, como mucho, de 1 a 10 (ahora están situadas varios cientos de veces por encima de la remuneración media de sus empresas).

d) Aumentar el salario mínimo hasta alcanzar el 60% del mediano.

e) Desincentivar las horas extraordinarias y prohibir las no pagadas.

f) Garantizar que, a igual trabajo, las mujeres perciben la misma retribución que los varones. 

g) Condicionar el acceso a los recursos y convocatorias públicas por parte de las empresas al cumplimiento de estas condiciones. __________________

Fernando Luengo es economista y miembro del Círculo de Chamberí de Unidas Podemos.