Plaza Pública
¿Importa el salario de los ejecutivos de las grandes corporaciones?
En los últimos días buena parte del debate económico ha estado centrado en el salario mínimo; más concretamente en las consecuencias que tendría en términos de empleo proceder a su aumento. Y yo me pregunto ¿por qué no se habla del salario recibido por los ejecutivos de las grandes corporaciones? ¿debe ser considerado competencia exclusiva de las empresas concernidas? ¿es un tema menor sin consecuencias para la dinámica económica y empresarial?
De tanto en tanto, alguna publicación pone el foco en este asunto, pero es la excepción que confirma la regla: la información estadística al respecto es escasa y fragmentaria. Sin embargo, sobre el salario mínimo y sobre otras muchas magnitudes económicas existe abundancia de datos.
En mi opinión, la razón fundamental de este déficit es la ausencia de voluntad política –y, en consecuencia, de medios– para recoger sistemáticamente esa información, contrastarla y hacerla pública; del mismo modo que, en un terreno más general, no existe gran interés por recopilar datos sobre los ingresos y los patrimonios de los sectores más privilegiados de la sociedad.
Detrás (o delante) de estas lagunas estadísticas hay una evidente intencionalidad política: dejar fuera del debate los ingresos de los ejecutivos; centrarlo en el salario mínimo o, como mucho, en los salarios en general, y lanzar toda la artillería para anunciar la debacle económica que supondría su mejora.
En este contexto, valen su peso en oro publicaciones como las de OXFAM Intermon. Concretamente, el informe Quien parte y reparte: La huella en la desigualdad de las empresas del IBEX 35ofrece datos sobre las remuneraciones percibidas por los principales ejecutivos del IBEX 35. Con datos de 2018, los principales ejecutivos reciben de promedio 4,4 millones de euros al año, cantidad que, en algunas empresas, como Naturgy, ACS y Banco de Santander, se supera ampliamente. Comparando esas retribuciones con el sueldo promedio, representaban para el conjunto de las firmas 123 veces, siendo de 455 en Inditex, 257 en el Banco de Santander y 213 en el BBVA.
Mostrar asombro o incluso indignación por esta brecha salarial sería quedarse en la epidermis de un fenómeno que, sin duda alguna, resulta escandaloso. Estos desmesurados privilegios no se justifican en la productividad de quienes los disfrutan, sino en el inmenso poder que atesoran las élites empresariales, que se ha visto reforzado por las diferentes reformas laborales que, con el pretexto de flexibilizar los mercados de trabajo y adaptarlos a las fluctuaciones del ciclo económico, en realidad pretendían, y han conseguido, debilitar la capacidad de negociación y presión de los trabajadores.
Suponen un lastre tanto para las empresas afectadas como para la economía en su conjunto. Consolidan una casta vinculada a los mercados financieros, favorece operaciones bursátiles y especulativas destinadas a recompensar a los equipos directivos y principales accionistas, lastra la inversión productiva y retira recursos que podrían destinarse a mejorar los salarios de la mayor parte de los trabajadores.
Suficientes razones para ocupar un lugar preferente en el debate público y político. ¿Se podría hacer algo al respecto? En primer lugar, los gobiernos podrían establecer un techo y un suelo entre los salarios máximo y medio de, por ejemplo, 5:1, aplicable para las empresas del Estado y para las privadas que contraten con las administraciones públicas o que reciban recursos de las mismas; en segundo lugar, debería legislarse para que el mecanismo de fijación de retribuciones para los directivos sea transparente y sometido a la supervisión del conjunto del accionariado y de los trabajadores; en tercer lugar, habría que dotar de más progresividad a la estructura tributaria, muy generosa con los ingresos más elevados.
La batalla política en esta legislatura será, ya lo está siendo, dura. Empecemos por disputar el relato del poder. Ese que sostiene que aumentar el salario mínimo y el de la mayor parte de los trabajadores supone un problema económico; el que, al mismo tiempo, oculta y justifica los privilegios de las élites, que hasta ahora han disfrutado, con gobiernos de diferente signo político, de una confortable posición, marcando la hoja de ruta. Cambiarla en beneficio de las clases populares pondrá a prueba la voluntad y la capacidad del gobierno de coalición.
____________Fernando Luengo es economista y miembro del círculo de Chamberí de Podemos.
