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El éxito de los miopes

Unai Sordo | Javier Doz
Publicada el 23/02/2020 a las 06:00

Finalmente se ha confirmado: la cumbre del Consejo Europeo ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en torno al Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, es decir, los presupuestos de la Unión Europea para los próximos seis años.

Una vez dejada de lado la propuesta de la Comisión Europea, al menos en lo que se refiere al techo de gasto, sobre la mesa estaba la propuesta que el presidente del Consejo, Charles Michel, había formulado para intentar llegar a un acuerdo en la cumbre del 20 de febrero.

La propuesta de la Comisión, formulada cuando la presidía Jean-Claude Juncker en 2018, suponía ya una disminución respecto a los presupuestos actuales (2014-2020), medida en términos de su peso respecto de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE-27.

Los 1,135 billones de euros[1], en compromisos de crédito de la propuesta de la Comisión, suponen el 1,11% de su RNB, frente al 1,16% de los presupuestos vigentes. Esa diferencia de 0,05 puntos de RNB significa una disminución de más de 51.000 millones de euros. Para conseguir aumentos en las prioridades que fijaba –medio ambiente y clima, I+D+i, Erasmus+, etc.–, la propuesta de la Comisión preconiza recortes del 10% en los fondos de cohesión y del 15% en la PAC.

Frente a esta propuesta –insistimos, ya de recorte– un grupo de gobiernos europeos, los de la llamada Liga Hanseática[2] capitaneada por el Gobierno neerlandés, ha planteado recortes más drásticos: establecer el tope de gasto en el 1,0% de la RNB, es decir en 1,022 billones de euros. Esto supone una disminución de cerca de 164.000 millones de euros respecto de los presupuestos actuales.

Frente a las posiciones de la Liga Hanseática, un grupo de países a los que se ha denominado de "Amigos de la cohesión"[3] –políticamente heterogéneos, como indica el que lo integren desde España y Portugal hasta Polonia y Hungría, pero unidos por el hecho de ser receptores de fondos y enfrentarse a los recortes en las políticas agraria y de cohesión– han anunciado su rechazo a la propuesta de Michel.

En la pasada cumbre europea, la Liga Hanseática se disgregó, incorporándose los países bálticos al grupo de "Amigos de la cohesión". Ha surgido un grupo radical de cuatro, los "amigos de la frugalidad", compuesto por Holanda, Suecia, Dinamarca y Austria. Detrás, a no mucha distancia, está Alemania: juntos han llegado hasta el punto de defender el mantenimiento de los "cheques", obtenidos a rebufo del "cheque británico", y que ha permitido a esos cinco gobiernos pagar menos de lo que debieran desde que Margaret Thatcher consiguiera el suyo.

Confirmado el desacuerdo, corresponderá a Alemania, cuyo gobierno ejercerá la Presidencia de turno de la UE en el segundo semestre del año, el intento final de obtenerlo. Hasta el momento Alemania ha mantenido una posición públicamente discreta, aunque se sabe que está más cercana a las posiciones de la Liga Hanseática que a las de la Comisión Europea.

Pacto verde y transición justa. Intenciones sin recursos

La nueva Comisión Europea presentó en enero su Programa de trabajo. Incluye propósitos de apoyar el desarrollo del Pilar Europeo de Derechos Sociales con propuestas concretas sobre los salarios mínimos europeos y un seguro de desempleo europeo complementario. El proyecto principal es el Pacto Verde Europeo y su Mecanismo de Transición Justa.

Afirma el Programa que quiere asignar al Pacto Verde más de un billón de euros en los diez próximos años. En los siete de vigencia de los próximos presupuestos habría 700.000 millones para el Pacto, y de ellos unos 100.000 millones para el Mecanismo para la Transición Justa. Esta cantidad es insuficiente, a pesar de que consignar recursos con estos objetivos es capital si se quiere en serio alcanzar en 2050 una economía europea neutra en emisiones de carbono sin tener que afrontar un insoportable coste social y laboral.

Pero, además, en realidad en la propuesta de MFP 2021-2027 sólo figuran consignados para ese fin 7.500 millones de euros. El resto, hasta 100.000, vendrían de los fondos de las políticas de cohesión[4] –ya utilizados en la propuesta de Michel para finalidades diferentes como compensar los recortes en la Facilidad Europea para el Transporte–, de la cofinanciación de los países y de más créditos obtenidos por apalancamientos adicionales del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Respecto a los 700.000 millones globales de un Presupuesto que subirá poco por encima del billón de euros, sólo cabe decir que es imposible cuadrar el círculo: o bien se recortan drásticamente la mayoría de los demás programas o bien todos se pintan de verde, aunque sean de otro color.

Resulta lamentable la miopía de buen número de gobiernos europeos y de los principales responsables de las instituciones de la UE. Cuando la Unión vive la crisis política que sin duda supone la primera salida de uno de sus miembros, el Reino Unido, y cuando el nacionalpopulismo de extrema derecha progresa en bastantes países, presentar unas propuestas presupuestarias tan restrictivas significa apostar por menos Europa, es decir, ir en el sentido contrario de la única vía que permitiría ir cerrando las grietas y fortalecer el proyecto europeo.

Si se anuncian objetivos ambiciosos para el cambio de modelo económico hacia una economía verde y digitalizada, pero no se aporta una financiación mínimamente suficiente o creíble que proteja a los sectores afectados, en primer lugar a los trabajadores pero también a los propietarios de cientos de miles de pymes, al tiempo que se les encauza hacia nuevas formas de actividad y empleo, el resultado será un enorme descontento social que se achacará directamente a la UE. Si no se protege adecuadamente y se buscan nuevos empleos para los mineros del carbón, polacos o rumanos, o a los trabajadores del automóvil potencialmente afectados en Alemania o España, el resultado político más probable será un nuevo aumento del voto a la extrema derecha, y con ello enfilar el camino hacia el fin de la Unión.

El gen 'austericida' de los beneficiarios del euro

Es inadmisible el egoísmo y la insolidaridad de buena parte de los gobiernos de los países más ricos de la UE que sí, son contribuyentes netos a su Presupuesto, pero que al mismo tiempo son los que reciben las mayores ventajas en los intercambios económicos, tanto de mercancías como de capitales.

Resulta paradigmática al respecto la actitud del Gobierno neerlandés, presidido por el conservador Mark Rutte. Por un lado capitanea, con la condescendencia del Gobierno alemán, el bando de los recortes presupuestarios. Al tiempo muestra, al igual que Alemania, unos enormes superávits de sus balanzas comercial y por cuenta corriente, nunca corregidos por la aplicación del mecanismo de superávits excesivos: del 9,5% del PIB al 7,8% del PIB entre 2015 y 2020 (previsión de la CE), en lo que toca a la balanza de mercancías. Y del 11,2 %, 9,8%, 9,0% y 8,6% del PIB, entre 2018 y 2020, en la balanza por cuenta corriente.

Por otro lado, Países Bajos actúa como floreciente paraíso fiscal, cobijando la sede de decenas de miles de empresas fantasma, según denomina el FMI a las empresas sin actividad económica alguna, por las que pasan 3,5 billones de euros de falsa inversión extranjera directa[5]. Para reforzar la apuesta del gobierno neerlandés al dumping fiscal interno de la UE, que drena decenas de miles de millones de euros de recursos públicos a los Estados que no lo practican, el Gobierno de Rutte se opone a la aprobación de las directivas que pretenden acotar la competencia fiscal desleal en el impuesto de sociedades. También a la que propone cambiar el procedimiento de la unanimidad por el de voto por mayoría cualificada en materia de normas fiscales.

Comisiones Obreras rechaza firmemente las actitudes insolidarias de los gobiernos que pretenden realizar drásticos recortes en los próximos Presupuestos de la UE y pide al Gobierno español que se mantenga firme en su oposición a la propuesta del presidente del Consejo, Charles Michel, y que apoye las propuestas del Parlamento Europeo y del CESE (Comité Económico y Social Europeo del que nuestro sindicato forma parte activa). Ambas instituciones defienden que el MFP 2021-2027 consigne recursos equivalentes al 1,3% de la RNB de la UE27, lo que supondría 1.328.791 millones de euros.

Es necesario que haya una mayor sensibilización de las opiniones públicas de los países europeos en torno a esta cuestión y que los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil presionemos a los gobiernos en el sentido de lograr unos presupuestos más fuertes, que permitan fortalecer a la UE, hacer frente a los desafíos que plantean las transiciones justas verde y digital y las tendencias continuadas de ralentización de la actividad económica mundial, en un entorno lleno de riesgos geoestratégicos.

En nuestro país las políticas fiscales liberales, la promoción del dumping fiscal interno drenando recursos a las arcas comunes, la oposición a las políticas de armonización básica de impuestos frente a la competencia desleal entre territorios y administraciones, tiene nombre, apellidos y siglas: los que exigirán contundencia al Gobierno de España "en la defensa de los intereses nacionales y de nuestros agricultores" enfrentándose en Europa a quienes defienden las mismas políticas fiscales y presupuestarias que el PP de Díaz Ayuso en España. Políticas que disuelven democracias y fracturan sociedades.

 

[1] Todas las cifras se expresan en euros constantes de 2018

[2] Integran la Liga Hanseática los gobiernos de: Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa e Irlanda

[3] Son un total de 16 países: España, Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. Es de destacar la deserción, no se sabe si temporal o definitiva, de la Liga Hanseática de los países bálticos.

[4] Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo + (FSE+) y Fondo de Cohesión.

[5] Según la revista del FMI, Finance Development, en sus némeros de junio de 2018 y septiembre de 2019, el 40% de la IED del mundo, unos 15 billones de euros, pasa por “empresas fantasma”. El 85% están radicadas en 10 países, tres son Estados miembros de la Unión: Luxemburgo, 4 billones de euros, Países Bajos, 3,5 billones e Irlanda.

______________

Unai Sordo es secretario general de Comisiones Obreras (CCOO).
Javier Doz es representante de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo (CESE).

 

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1 Comentarios
  • Isa. Isa. 23/02/20 11:01

    Es vital, Unai. Manteneos fuertes. Es necesario qué organicéis Javier Doz y tú esa sensibilización dando voz y convocando fuertes movilizaciones civiles. Comparto artículo.

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