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Desde la inviolabilidad del rey a la República

Publicada el 19/06/2020 a las 06:00 Actualizada el 19/06/2020 a las 10:34

La posibilidad de un "monarca delincuente" fue un debate que estuvo presente en el proceso constituyente. Algunos como Enrique Gimbernat –decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares en aquel entonces y catedrático de Derecho Penal– adelantaron y advirtieron de ello. De la misma manera se han cumplido los peores vaticinios de Óscar Alzaga, que se negaba a aceptar esta posibilidad debido a las consecuencias que traería: si la hipótesis de que el rey delinquiera se hiciesen realidad "nos encontraríamos ante el desprestigio y, por ende, ante el ocaso de la Institución monárquica". Declive que se palpa tras el enésimo intento de investigación de las finanzas del rey emérito.

Y es que la respuesta de los letrados del Congreso de los Diputados a la solicitud de creación de una Comisión de Investigación por varios grupos parlamentarios: "Las prerrogativas constitucionales del jefe del Estado despliegan sus efectos de forma permanente", era bastante previsible. Prerrogativas que significan que a quien se le reconoce este privilegio no puede ser censurado, ni acusado, ni sometido a juicio. Y así será una vez más para desgracia y vergüenza de los españoles, a pesar del criterio del Ministerio Fiscal más acorde al Estado social y democrático de derecho que somos o decimos ser.

El artículo 56.3 de la Constitución, a pesar de su parquedad, es claro: "La persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Si se lee con atención dicho precepto se observa que la inviolabilidad y la irresponsabilidad están conectadas a «la persona del rey", es decir, al individuo Juan Carlos de Borbón, no a la Jefatura del Estado. Quiere ello decir que esas "prerrogativas constitucionales" están sujetas a una condición para que puedan ser efectivas: que no es otra que la de ser rey. Mientras se cumpla la condición se mantienen las prerrogativas. Y en tanto el rey no fallezca o no le fuere retirado el título el privilegio subsiste.

Corrobora esta tesis la redacción del artículo 56 de la Constitución. En sus tres apartados se refiere al rey como Jefe del Estado, como rey de España y a la persona del rey, desvinculada del cargo o referenciada a España. Y es en el último apartado, el tercero, donde establece la inviolabilidad y la irresponsabilidad, sin sujetar este privilegio al ejercicio de su cargo. Y esto tiene su lógica jurídica y política. Si el legislador constituyente hubiera querido vincular los privilegios de inviolabilidad e irresponsabilidad al ejercicio de la Jefatura del Estado, así lo habría declarado en el texto del precepto. Pero no lo hace. Y es que además con ellas lo que se busca es la protección de la institución a través del blindaje de su titular. Por ello estas prerrogativas protegen al rey en el ejercicio de su cargo y también cuando ha cesado en él.

Pero obsérvese que, tras la abdicación del rey Juan Carlos I, por el Real Decreto 470/2014, de 13 de junio, se le ha mantenido a éste el título de rey y el tratamiento de Majestad con carácter vitalicio. A mi juicio esta es la jugada que refuerza la letra del artículo 56.3 de la Constitución y la interpretación que hacen los letrados del Congreso de los Diputados. ¿Pero qué ocurriría si dicho Real Decreto fuera derogado? Este es otro debate.

El precio que los españoles pagamos para traer la democracia fue la restauración monárquica, a costa de la desaparición de las fuerzas políticas republicanas del proceso constituyente, en una operación perfectamente orquestada. La legalización del PCE en la semana Santa de 1977 se ha usado para acreditar el marchamo democrático de la Transición. Pero también se usó ésta para tapar –con excusas jurídicas– el retraso deliberado que se produjo en la legalización del partido que agrupaba a los republicanos: ARDE (Alianza Republicana Democrática Española), que no llegó hasta después de las elecciones de junio de 1977, impidiendo así su participación en las mismas y en el proceso constituyente que se abría. Como señaló Emilio Torres Gallego: "En 1977 las candidaturas republicanas eran cuanto menos una incógnita, 'porque podían arrastrar muchos votos y dar como resultado una importante minoría en el Parlamento. (…) [De esta manera] la famosa democracia se quedó sin saber si la opción republicana podía o no aspirar a algo'”. Esa operación tuvo dos beneficiarios: el PSOE, que logró hacerse con la mayoría del voto republicano, y la derecha, que pudo salvar el punto principal de la operación reformista de la Transición: la restauración de la Monarquía.

Pero el pasado siempre vuelve. Y la reiterada aparición de noticias sobre las finanzas del rey emérito y las andanzas de su familia han dejado a la vista el cierre en falso de la Transición. Hoy más que nunca el debate sobre la forma de Estado cobra vigor y reabre la esperanza de los republicanos de que la historia les haga justicia. Como decía Salvador Allende: que se abran las grandes alamedas por donde paseen los hombres libres para construir una sociedad mejor. Ya es hora de que los españoles se pronuncien en libertad: Monarquía o República.

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Francisco Soler es abogado

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5 Comentarios
  • Jaca1930 Jaca1930 20/06/20 10:02

    Los constituyentes monárquicos hicieron muy bien su trabajo. Cuarenta y dos años después, cuando los más jóvenes de los votantes de la Constitución han superado los sesenta de edad, por aplicación del artículo 168 de la misma, para proceder la "la revisión" (ni siquiera a una posible reforma) de las normas contenidas en el Título II, es decir el que está dedicado a la Corona, se necesita: 1) la aprobación por mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado; 2) la disolución inmediata de ambas Cámaras; 3) la convocatoria de nuevas elecciones; 4) que los ahora elegidos ratifiquen la decisión de los anteriores; 5) que procedan "al estudio" (tampoco a la reforma total o parcial de las normas de ese Título) del nuevo texto a "revisar"; 6) que una vez realizado "el estudio" el nuevo texto sea aprobado por mayoría de dos tercios tanto en el Congreso como en el Senado; y 7) Que se ratifique mediante referéndum. Ni el sepulcro del Cid quedó tan magníficamente cerrado y sellado como lo está la Monarquía en esta Constitución de 1.978 (incluida la inviolabilidad e irresponsabilidad de los reyes, ya sea uno, o dos como ocurre actualmente, dado que al Emérito no se le ha despojado de su condición).

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  • Domingo Sanz Domingo Sanz 19/06/20 18:44

    Coincido en que las decisiones que se están tomando a favor de los reyes de España, aunque padre e hijo se pusieran a asesinar en medio de la Gran Vía con sendas metralletas, llena de vergüenza a España, pero no tengo claro que no sea posible una interpretación de la inviolabilidad que respete el sentido común y el instinto de conservación. En mi opinión es perfectamente posible interpretar la Constitución en términos de que se puede investigar, juzgar y meter en la cárcel tanto el ex como al rey actual. Tampoco estoy de acuerdo con un referéndum que, con toda seguridad, dividiría a los españoles en dos partes. La mejor solución es que el PSOE, ahora que se libra de Felipe González gracias a la CIA, declare que se acabó la monarquía y proponga un referéndum sobre la forma de Estado dentro de 45 años, en 2065, aunque teniendo en cuenta que el asesino Franco restauró la monarquía en 1947, lo suyo sería pactar un referéndum dentro de 45 + 28 años y, hasta entonces, una república para que probemos ese modelo, pues es lo único justo. Y a todo militar o armado que intente impedirlo, la nueva cadena perpetua esa que llaman prisión permanente revisable, o no. Pues en su caso, nunca.

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  • Camariscal Camariscal 19/06/20 11:45

    Mi experiencia profesional me ha llevado a creer más  que el indubio pro reo se aplica el indubio pro poderoso , en este caso pro Rey.Unica solución reforma constitucional y hacer una norma clara y rotunda,pero eso es imposible ,la derecha nunca lo consentirá salvo catástrofe real.

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  • joloto joloto 19/06/20 10:53

    En realidad no se trata tanto, a mi juicio, de una reclamación social como de la manifiesta falta de escrúpulos demostrada por estas regias personas. El saqueo de las arcas públicas se ejecuta, impunemente, por el máximo encargado de su seguridad
    Increíble, ahora nos bombardearan con soflamas encaminadas a intentar limpiar tan putrefacta institución. Tranquilos, ya está toda una legión de juristas preparados para negar toda posibilidad de justicia. Claro, una vez que el presunto y regio corrupto muera, quedará expedita la vía judicial, para vendernos después la milonga de que todos somos iguales ante la ley. No tienen escrúpulos ni vergüenza, son unos impresentables, pero los poderes nacinal-franquistas siguen guardando con celo y como siempre, sus intereses....al tiempo.

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  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 19/06/20 05:52

    El art. 6.4 CC define el FRAUDE DE LEY. "los actos realizados al AMPARO DEL TEXTO DE UNA NORMA - art. 56 CE78 - que persigan un RESULTADO PROHIBIDO POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO - art. 14 y art. 24 CE78 -, o contrario a él, - art. 14 y art. 24 CE78 - se considerarán ejecutados en FRAUDE DE LEY y NO IMPEDIRÁ LA DEBIDA APLICACIÓN de la norma que se hubiera TRATADO DE ELUDIR.
    La sombra de la corrupción institucional llega - ¿por qué no ? - también al dictamen de estos EXPERTOS EN DERECHO DE LAS CORTES. ¿O es sólo CRASA INCOMPETENCIA? ¿O HAY ALGUNA OTRA EXPLICACIÓN?
    El camino de Alfonso XIII se hace cada vez más presente y más ancho. Casi una autopista. ES IMPRESCINDIBLE UN INFORME PICASO. ¿O eso significará otro GOLPE DE ESTADO MILITAR, al estilo de Primo de Rivera? Eso sólo lo sabremos si se da.¿Se está preparando ya con los informes fraudulentos de la GC. ¿Basta un simple cese para TAPAR lo que, a todas luces, es un DELITO de prevaricación, OTRO de falsedad en un documento público y el AGRAVANTE de cometerse en SEDE JUDICIAL?
    ¿HAY EN ESPAÑA ALGUNOS QUE SON MÁS IGUALES QUE OTROS?
    ¿CUANTOS MILES?

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