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No puede haber amnistía con las inmatriculaciones de la Iglesia

Antonio Manuel Rodríguez Ramos
Publicada el 11/09/2020 a las 06:00

Esta Transición eterna que nos trajo la segunda restauración borbónica se fundó en cuatro amnistías como los cuatro palos de una baraja: para los políticos, los militares, las grandes fortunas y la Iglesia católica que sustentaron la dictadura. Creímos ingenuos que la ley de amnistía de 1977 sería el principio del final y, casi medio siglo después, confirmamos que sólo fue el final del principio. El franquismo de quienes mantuvieron sus privilegios gracias a estas amnistías, sigue jugando a las cartas con nosotros, guardándose los ases en la manga. Sería necio e injusto no reconocer los innumerables avances democráticos que hemos conseguido entre todos y todas. Tan necio e injusto como negarse a ver que nuestros muertos republicanos siguen en las cunetas, que el emérito se gasta nuestra fortuna patrióticamente con los saudíes, que los bancos jamás nos devolverán los millones que les prestamos y que la Iglesia católica se apropió de nuestro patrimonio histórico por la gracia de Dios.

De las cuatro amnistías, la más sangrante por su valor incalculable y por su opacidad fue la que permitió inmatricular cien mil bienes de toda índole a la jerarquía eclesiástica. Es un tema complejo y oscuro, como un nublao de tiniebla y pederná, del que se aprovechan los obispos para hacernos caer en la ecuación simplista y falaz de que las iglesias pertenecen por definición a la Iglesia. Ni es cierto, ni el escándalo se circunscribe a la apropiación de edificios religiosos que siempre formaron parte de nuestro acervo cultural, porque con el mismo subterfugio también registraron plazas, calles, cocheras, cementerios, murallas, castillos, solares, caminos… y todo ello sin más prueba que la sola palabra del obispo.

Todo comenzó a mediados del siglo XIX cuando, tras las leyes desamortizadoras, el gobierno conservador reconoce por primera vez a la Iglesia católica la capacidad para registrar los bienes que adquiera legalmente a partir de 1860. Los que poseyera con anterioridad seguirían siendo desamortizables. Y, bajo ningún concepto, los templos de culto. El RD 6 de noviembre de 1863 excluía de inscripción los “bienes que pertenecen al dominio eminente del Estado, cuyo uso público es de todos, y los templos destinados actualmente al culto, pero si alguno de ellos cambia de destino y entra en el dominio privado del Estado, las provincias, los municipios o establecimientos públicos, debe exigirse inmediatamente su inscripción”. La norma es reveladora porque reconoce la naturaleza demanial de los templos de culto y cómo la desafectación los convierte en patrimoniales de la administración, es decir, en ningún caso de la Iglesia.

Este régimen no cambia durante la Segunda República que, siguiendo el modelo francés, regula el carácter público de los bienes religiosos de extraordinario valor histórico y cultural. Y tampoco lo hace el dictador, aunque sea por razones bien distintas. Como contraprestación a la ayuda recibida en la cruzada contra rojos e infieles, Franco sí permite a la jerarquía católica inscribir cualesquiera otros bienes y, a tal fin, equipara a la Iglesia con la administración y a los obispos con fedatarios públicos. Es evidente que estas normas deben entenderse derogadas por inconstitucionalidad sobrevenida, y nulos todos los actos realizados a su amparo, desde la entrada en vigor de nuestra Carta Magna. En este sentido se manifestaron maestros civilistas e hipotecaristas que nadie cuestiona como Albaladejo o Roca Sastre. Sin embargo, a diferencia de la Segunda República, la transición calló. Ni las declaró nulas expresamente, ni estableció el régimen jurídico de los bienes públicos de carácter religioso. Y de ambas negligencias se aprovechó la Iglesia católica, con la ayuda inestimable de Aznar.

Fue en 1998 cuando, por simple decreto y por primera vez en la historia, se privatizaron los templos de culto en España. Aznar derogó por inconstitucional el artículo que prohibía su registro. Con razón, porque la Iglesia tenía derecho a inscribir lo que pudiera probar que le pertenecía, aunque fuera un templo de culto. Pero, con el mismo criterio, debería haber derogado las normas que permitían su inmatriculación sin prueba alguna. Y ahí radicaba la trampa. Cayeron en el saco bienes que siempre pertenecieron al común como la Mezquita de Córdoba o la Giralda, por cierto, gracias al actual Arzobispo de Sevilla a quien el Ayuntamiento del PSOE acaba de nombrar Hijo Adoptivo a propuesta de la extrema derecha. El mismo que llegó a registrar y devolver vergonzantemente bienes de las cofradías sevillanas como la del Gran Poder en San Lorenzo, la capilla de la Macarena en San Gil, la de Pasión en el Salvador, o la de la Quinta Angustia en la Magdalena.

Así pues, la jerarquía católica ha puesto a su nombre más de 30.000 fincas desde 1998, según el listado que tiene en su poder el Gobierno desde hace dos años y que se niega a publicar. En total, unos cien mil bienes desde 1946. ¿A qué obedece este silencio? Mucho nos tememos que a la posibilidad de un acuerdo con la Iglesia. Eso explica las últimas declaraciones de Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal española, negando una impugnación a la totalidad pero reconociendo que "quizá haya algún bien, o alguna superficie alrededor de un bien que sea discutible". No hay que ser lumbrera para darse cuenta que el obispo está apuntando su posición en el acuerdo: devolver un puñado de bienes, los más extravagantes, y quedarse con el resto. Eso sí, cargando sobre las administraciones públicas su mantenimiento y rehabilitación cuando no sean rentables.

Por encima de Dios, la Iglesia católica cree en sí misma. Y defenderá con uñas y dientes lo que ha hecho suyo gracias a los privilegios franquistas que no se derogaron durante la transición. Para el Estado, sin embargo, no hay más Dios que la Constitución y la defensa del patrimonio público. No hacerlo sería un pecado civil y una traición democrática. Mucho más grave aún si se atreve a cometerla este gobierno de coalición que prometió lo contrario en la investidura. Hasta un aprendiz de jurista sabe que la nulidad y el dominio público no se negocian. Todas las inmatriculaciones son nulas desde 1978, y eso no quita a la Iglesia su derecho a inscribir aquello que pueda demostrar que le pertenece. Y ya va siendo hora de que el Estado regule el estatuto jurídico de los bienes públicos de carácter religioso, como ocurre en Portugal o en Francia, manteniendo el uso católico de los monumentos y asumiendo el coste de su conservación porque nos pertenece a todos y todas. Lo que no cabe, en ningún caso, es una amnistía más que nos recuerde que la transición sólo sirvió para que los de siempre se repartieran las cartas y ganaran la partida.

Antonio Manuel Rodríguez Ramos es profesor de Derecho Civil en la UCO y portavoz de la coordinadora estatal Recuperando.

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17 Comentarios
  • alooez alooez 12/09/20 13:01

    Es un alegato que tiene múltiples fisuras. y desde luego no puede presentarse como algo indiscutible. Que a Rodríguez Ramos no le guste la transición o el PSOE, es otra cosa. Debo recordar que en la doctrina civilista este señor es casi naides, que diría un argentino. Vayan a la página de Dialnet: toda su obra ha sido exprimir su tesis, y escribir artículos "alternativos", con una sola excepción, en sitios menores. Pero en fin, sería bueno que nos contara cuando y donde Albaladejo y Roca Sastre dijeron sobre la inconstitucionalidad sobrevenida del sistema. Desde luego, no se le puede quitar la razón en que aprovechando el sistema y la más que obvia laxitud de los Registradores de la Propiedad la Iglesia ha inmatriculado de todo, y ha sido corregida por los Tribunales, incluso en tiempos del oprobio franquista. Añadiría que considrear que los bienes de la Iglesia son de dominio público precisa considerarlos afectos al uso o al servicio público, artículo 338 del Código Civil, que seguro habrá leído el columnista. ¿Decir misa es un servicio público? Todo es bastante mas complejo, desde el punto de vista estrictamente jurídico (que también forma parte la dimensión política) un poquito de menos lobos. Lo ideal sería depurar lo inmatriculado, para lo que hay medios de sobra, y considerar lo que reste bienes privados, sujetos a todas las cargas administrativas y fiscales de la propiedad inmobiliaria que soportan todos los españoles.

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  • losdel38 losdel38 11/09/20 23:45

    Yo creo que ha quedado demostrado que el enemigo Nº 1 de la Iglesia no son los no creyentes ni los rojos......los enemigos de la Iglesia son esa piara de golfos,de ladrones de violadores de niño/as de mafiosos que hace cientos de años lo forman el 80% de Obispo/curas que no tienen ni honor. A Franco le dieron los mismos honores que al Caliz y a la virgen lo metieron bajo Palio ....y así nació el Santisimo Franco que cojidos de la mano con Obispo/curas asesinaron a 5,000,000 millones de indefensos trabajadores..... España es el unico Pais del Mundo que en democracia o en dictadura quien ordena y manda es la banda obispo/curas.

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  • Ulia Ulia 11/09/20 17:34

    En países como Alemania, por ejemplo, a cada cual le descuentan de su nómina el importe correspondiente a la religión que declara profesar, y lo mismo ocurre con los jubilados. No tenemos que pagar los que no profesamos ninguna.

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  • Ulia Ulia 11/09/20 17:29

    Revisen el concordato de inmediato, y de paso además de recuperar el patrimonio, no permitamos que buitres como Carlos Herrera en la Cope, y 13 TV, tengan magníficos sueldos a cuenta de todos los españoles.

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  • Alfa Alfa 11/09/20 14:44

    A la iglesia urge ponerla en su sitio. Basta de privilegios. Quien la necesite que se la costé. Sobre las inmatriculaciones de principio hay que anularlas todas y los obispos si son propietarios de algo que lo demuestren claramente

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  • Fernandos Fernandos 11/09/20 11:19

    ¿No habría que juzgar al Aznar por facilitar a esta banda de ladrones, apropiarse de lo que no es suyo? Aparte que este gobierno se ponga las pilas y les cobre los impuesto que no pagan y se dejen de historias de congelar las pensiones o el sueldo de los funcionarios.

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    • Sotram Sotram 11/09/20 21:55

      Y después quien les votas?

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  • Larry2 Larry2 11/09/20 10:50

    No nos cansaremos de denunciar esto, la iglesia es una multinacional en España. Se apropió de bienes, los sigue utilizando, y beneficiándose, y no pasa nada en un estado aconfesional, está claro, esto no debiera ser así. Felipe Gonzalez lo tuvo en sus manos, mayoría democrática tenía en el parlamento, pero a la iglesia y al ejercito, ni tocar, que sigan contentos y rezando. Ahora toca arreglar esto, y como se ha dicho si la iglesia tiene bienes suyos pues que lo demuestre, agur.

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  • toscane toscane 11/09/20 10:19

    Muchas gracias por la información tan precisa sobre el tema.

    Que un señor particular, como es un obispo, tenga las mismas capacidades que un notario es un tremendo dislate.
    Y mas aún cuando, además, es parte en el asunto.

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    • alooez alooez 12/09/20 16:26

      tan precisa...mente parcial y simplista

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  • toscane toscane 11/09/20 10:19

    Muchas gracias por la información tan precisa sobre el tema.

    Que un señor particular, como es un obispo, tenga las mismas capacidades que un notario es un tremendo dislate.
    Y mas aún cuando, además, es parte en el asunto.

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  • Excomulgado Excomulgado 11/09/20 08:33

    ¿Qué le debe el PsoE a la iglesia católica para no haberla puesto en su sitio, como a una banda de ladrones, cuando gobernó con mayoría absoluta aplastante como por ejemplo en 1982?.
    Hay que hacerles cumplir la ley como a todo el mundo, expropiarles todo lo que han robado y encarcelar a quienes no colaboren.
    Estoy harto de mantener a esta bandada de buitres viviendo a nuestra costa y robandonos cada vez que pueden. Cambiense las leyes que hagan falta, pero hay que acabar con esta lacra de ladrones.

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    • Sotram Sotram 11/09/20 21:59

      Le digo lo mismo qque a Fernandos: "Y después quien les votas? ( A los partidos de la coalició) ?

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    • Ibaetatik Ibaetatik 11/09/20 10:35

      Llevo haciéndome esa pregunta desde 1982. No encuentro respuesta.

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