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Maniqueos político-judiciales al final de la pandemia

Publicada el 11/05/2021 a las 06:00

Al final del tercer estado de alarma, con el furor del converso, resurge la exigencia de su prórroga y el lamento ante la decisión firme del Gobierno de no pedir al parlamento su continuidad, dejando con ello en manos de la legislación de salud pública y de las Comunidades Autónomas el proceso de desescalada, eso sí sujeto al control y en algún caso sonado incluso al descontrol judicial.

Tal parece como si las evidencias científicas fueran las únicas a valorar y las limitaciones políticas fuesen de menor categoría para tomar decisiones. Es cierto que la incidencia sigue lejos del objetivo de los cincuenta por cien mil habitantes para controlar la pandemia y que por eso es obligado conjugar la esperanza de la vacuna con la prudencia. Como también es evidente la inexistencia de mayoría parlamentaria que respalde en el Congreso de los Diputados la prórroga de la alarma, y, por otra parte, que el resultado demoledor de las elecciones de Madrid nos sitúa ya psicológica y socialmente, lo queramos o no, de hecho en el terreno de la postpandemia. Una paradoja que la política tiene la obligación de entender y si es posible conciliar.

Hay quien, a pesar de todo, considera que el Gobierno debe proponer al Congreso una prórroga del estado de alarma, porque sería la mejor forma de garantizar la desescalada, independientemente de la previsible derrota parlamentaria, de las encuestas de opinión pública y de los resultados electorales en sentido contrario que muestran que de la fatiga pandémica hemos pasado, sin solución de continuidad, sobre todo con el rápido avance de la vacunación, a una actitud de minusvaloración de la pandemia en aras de la urgencia por recuperar la normalidad.

En el otro extremo están aquellos que, casi desde el principio, han negado la gravedad de la pandemia o en su defecto han rechazado la declaración del estado de alarma como dictadura de salud pública frente a la libertad de mercado y de consumo a modo de resumen y paradigma de todas las libertades. Algo muy similar en sus propios términos a lo dicho en la pandemia de gripe del siglo pasado. No hemos cambiado tanto.

Para algunos de estos, la mejor forma de gestionar las olas de la pandemia sería su famoso plan B, consistente en una serie de reformas de la legislación de salud pública, al objeto de actualizarla con la casuística de una mal llamada ley de pandemias y dotar asimismo a los ejecutivos autonómicos de la capacidad de limitar derechos fundamentales en su ámbito por razones de salud pública, cosa que ya existe en el carácter orgánico de la ley de medidas especiales. Un mal plan que no garantiza la seguridad jurídica que se pregona, que se escapa al actual reparto de competencias de las autonomías en materia de salud pública, y que significa por tanto una extralimitación inconstitucional. Por todo ello, no contaría con el apoyo de los partidos nacionalistas y ni siquiera de la propia derecha en el Congreso de los Diputados.

En esta situación, el Gobierno se ha encontrado de nuevo ante la necesidad de gestionar la desescalada, como en la primera ola, en base a la legislación de salud pública realmente existente y las medidas de control y aislamiento de contactos por parte de las Comunidades Autónomas. Algo muy similar a lo desarrollado en la legislación de los países de la UE, si bien cada uno con sus propias tradiciones jurídicas. A diferencia de entonces, y con objeto de evitar que las garantías judiciales y sus posibles contradicciones dificulten las medidas de control, ha modificado de nuevo la legislación de lo contencioso administrativo para además de atribuir el control a los TSJ de las autonomías, permitir el recurso al Tribunal Supremo al objeto de armonizar las previsibles contradicciones.

Lo que se ha echado en falta, sin embargo, ha sido un plan conjunto de desescalada pactado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como en la primera ola, que logre conjugar la inevitable flexibilización de las medidas de control con el rápido avance de la vacunación en los colectivos y edades de riesgo.

La demostración es que, sin que hayamos traspasado siquiera el estado de alarma, ya se han producido las primeras medidas que pretenden el mantenimiento de los cierres perimetrales y toque de queda del estado de alarma por parte de algunos ejecutivos autonómicos, si bien minoritarios, y como consecuencia  las primeras resoluciones de sus respectivos tribunales superiores de justicia, que, como era de esperar, han sido contradictorias e incluso opuestas entre sí.

Lo curioso son los términos opuestos de los argumentos, entre aquellos que consideran que basta que las medidas sean proporcionadas y selectivas para hacer frente a la situación de la pandemia para autorizarlas, y otros que atribuyen un carácter indeterminado a la ley de medidas especiales en materia de salud pública, cuando habla de adoptar las medidas que sean necesarias para controlar la transmisión.

Por eso entienden que las mencionadas limitaciones de derechos fundamentales sólo pueden hacerse con el paraguas del estado de alarma, incluso con el de excepción, de forma que, en su interpretación, la ley orgánica de medidas especiales quedaría restringida a dar cobertura exclusivamente a medidas casi quirúrgicas y limitadas a los ciudadanos infectados y sus contactos estrechos, es decir fuera de cualquier transmisión comunitaria.

De tal manera  que para ellos la única legislación posible mientras dure la pandemia sería la del estado de alarma o incluso de excepción, independientemente de las fases de su evolución. Cabe preguntarse por qué entonces el legislador se preocupó en elaborar una ley de medidas especiales de salud pública complementaria y en darle además un carácter orgánico, si no era para situaciones intermedias de la pandemia en las que fuera necesaria una restricción de derechos fundamentales, si bien con un carácter menos generalizado en el número de afectados, en un ámbito territorial más acotado y en un tiempo más definido, que el propio del estado de alarma. Así lo han entendido la mayor parte de las autonomías en sus medidas de desescalada.

En resumen, que el maniqueísmo no ha sido solo político y legal sino que ha trascendido hasta el poder judicial, si bien con carácter minoritario, en las distintas fases de la pandemia.

Lo que carece de toda lógica, e incluso de la mínima prudencia, es que en un nuevo ataque de negacionismo, el TSJ del País Vasco deje sin  instrumentos de salud pública al gobierno vasco.

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Gaspar Llamazares es fundador de Actúa

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4 Comentarios
  • Antonio Basanta Antonio Basanta 11/05/21 20:39

    Al sr LLamazares. Léase el maravilloso articulo del sr Tomas de la Quadra Salcedo en el Pais en abril y se lo explica fácilmente. La ley de medidas especiales se hizo para todo aquello que no fueran pandemias: Porque al intentarlo hacerlo para epidemias se vio que era anticonstitucional, porque explícitamente la Constitución declaraba utilizar el Estado de Alarma en una pandemia para limitar derechos fundamentales y exigía una ley orgánica de desarrollo, que es la ley de 1981. Así que en pandemias es obligatorio usar la ley de 1981 , es decir la que desarrolla el Estado de alarma. Para todas aquellas cosas de salud publica que no sean catástrofes es decir Pandemias, se utilizara la ley de medidas especiales, que en ningun caso pueden limitar los derechos y libertades individuales fundamentales de los ciudadanos. Es que lo veo tan claro que no entiendo que alguien no lo entienda. El famoso Plan B jurídico del PP es una fascistada para limitar y controlar a la población. y eliminiar las libertades fundamentales por cualquier sátrapa, autonómico o no.

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  • Ambrio Ambrio 11/05/21 17:39

    Dices que el TSJ del Pais Vasco les ha dejado sin herramientas juridicas? Y que esperabas? Para que les sirve entonces a la derecha el bloqueo del poder judicial? No es ningun capricho, es para estas cosas para lo que quieren a sus jueces conservadores. Son parte de su movida, ya sabes, como dijo M.rajoy, cuanto peor para vds... . Y lo peor, esque con la complicidad de muchos de vosotros, han hecho desaparecer la figura del unico politico que sacaba estas cosas a la palestra. Lo habeis consentido comprando las barbaridades y payasadas que se han vertido sobre el, o esque se ha vuelto oir algo sobre el tema de la renovacion, ahora que ya no va a estar iglesias, que era lo que el pp pedia. Con la salida de Iglesias, al que habeis protegido tan poco los politicos de izquierdas, vosotros sabreis porque, este y otros temas por los que habia que ser valientes para sacarlos a la luz caeran en el ostracismo y francamente, los que habeis quedado, no creo que vayais a resolver ninguno de los asuntos pendientes. Ni ennlas ccaa, ni en la sanidad, ni en la renovacion de los jueces ni en salvar lo publico ni en nada. Como quereis que se os vote si no haceis mas que hablar y hablar y quejaros pero sin daros cuenta que sois los que moveis a las masas. Os habeis acomodado y lo vamos a pagar todos. Perdona, eso si, el tono, ideologicamebte estamos muy cerca, pero creo que llevais años equivocados y eso lo aprovecha la derecha muy bien. Ya se que hoy por hoy no estas en politica. Pero estas cerca de ella y a veces se te ha llegado a ver en tv tirando por tierra el trabajo de quien si tenia valor para denunciar, tu y tantos otros. La pena es que le vamis a echar de menos nosotros mas desde aqui abajo que vosotros desde ahi arriba. Ahora las decisiones de los jueces y muchas otras, nos las comeremos juntos. Pero esta vez, el pueblo comera mas, quizas porque van a ser de color marron.

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  • ArktosUrsus ArktosUrsus 11/05/21 12:43

    Señor Llamazares, hay una explicación adicional a la que usted propone y que responde a su pregunta "... por qué entonces el legislador se preocupó en elaborar una ley de medidas especiales de salud pública complementaria y en darle además un carácter orgánico, ...". En efecto, pensaba en medidas muy limitadas en tiempo, intensidad y geografía porque tenía un as en la manga: la comunidad autónoma que necesite más, puede solicitar del gobierno la declaración de estado de alarma en su comunidad autónoma. ¿Por qué, entonces, este maniqueísmo político y judicial? Muy sencillo: las comunidades no quieren gobernar. Porque gobernar implica adoptar decisiones que pueden ir en contra de los intereses del gobierno para ir a favor de los intereses de los gobernados. ¿Cuándo ha tomado una comunidad autónoma española una decisión que pueda hacerle "quedar mal" frente a sus ciudadanos? Nunca. Las comunidades autónomas españolas se han acostumbrado a una posición comodísima: las exigencias vienen del gobierno central y las dádivas del autonómico. ¿Se imagina cómo reaccionarían las ciudadanos ante la petición del estado de alarma por parte del gobierno de su comunidad, cuando ve que en la de al lado los ciudadanos son "libres" de hacer casi lo que quieran? Yo se lo diré. La oposición se encargaría, en las siguientes elecciones, de acusar de "liberticidas" a los integrantes de ese gobierno. Porque la derecha nos ha acostumbrado (y nos hemos dejado acostumbrar) a que la oposición es negación incluso de las medidas buenas y necesarias. No matizarlas, sino estar en contra (de boquilla porque cuando alcanzan el poder hacen lo contrario de lo que propugnaron, como ocurrió con el caso paradigmático del IVA), porque ante una sociedad sin educación ciudadana (lo que lucha el PP por evitar la educación para la ciudadanía no es baladí) saben que esa inconsistencia no les va a costar votos. Incluso los "barones" territoriales se tentarán los machos antes de pedir algo que vaya en contra de las directrices del partido. Puede costarles el puesto internamente. O cambiamos la idea del ciudadano en cada ciudadano, os estaremos condenados a este maniqueísmo para siempre.

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    • Manuel Moret Manuel Moret 11/05/21 19:31

      Comparto plenamente este comentario. Lamentablemente, quedamos muy lejos de aproximarnos a lo que sería un estado federal, por mucho que algunos nos traten de convencer que el nuestro, es "cuasi" federal. Y resulta que ni es corresponsable, ni solidario, ni cooperativo. Se huye del compromiso y siempre ha de ser el estado central, -dichoso centralismo agobiante- el que deba asumir los mayores riesgos.

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