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La Fiscalía pide tres años de prisión para exdirectivos de Caixa Penedès por “autoconcederse” pensiones millonarias

  • El escrito de acusación detalla que los imputados diseñaron una estrategia a largo plazo con el fin de obtener ganancias desproporcionadas
  • Las actuaciones irregulares se produjeron de espaldas a los máximos órganos de la entidad

infolibre
Publicada el 29/04/2013 a las 20:59 Actualizada el 29/04/2013 a las 21:27
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Ricard Pagès Font, ex director general de Caixa Penedès.

Ricard Pagès Font, ex director general de Caixa Penedès.

EUROPA PRESS
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido tres años y medios de prisión para el ex director general de Caixa Penedès, Ricard Pagès Font, y tres años para los exdirectivos Manuel Troyano , Santiago José Abella y Juan Caellas. Los cuatro imputados se adjudicaron planes de pensiones millonarios según el escrito de acusación. Gracias a esta estretagia, se embolsaron 31.652.917 euros desde el año 2001.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled asegura que existe un delito societario continuado de administración desleal. Según su escrito, los imputados se otorgaron de manera irregular planes de pensiones y distintas pólizas. Su actuación se produjo "de común acuerdo", y generó "obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad", asegura.

La actuación de los cuatro exdirigentes de Caixa Penedès se habría producido "de espaldas a los máximos órganos colegiados" de la entidad. Por todo ello, el fiscal pide, además de las penas de prisión, una indemnización conjunta y solidaria de 12,6 millones de euros por parte de Pagès y Abella. Por su parte, los heredores de Jorba deberán devolver más de 2,5 millones de euros.

"Desproporcionada ganancia"

El escrito de acusación detalla la estretegia de los acusados, que habrían sido dirigidos por Pagès. Fue él quien, según el fiscal, diseñó una estrategia a largo plazo, "pensada para el momento en que pudieran cesar de su puesto", y orientada en todo momento a obtener una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad".

Las actuaciones irregulares comenzaron en el año 2001 y no se modificaron hasta 2009, cuando la crisis económica afectó a "la placidez del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido". El endurecimiento de los controles y las restricciones normativas derivadas de la reestructuración del sistema financiero provocaron una "apresurada reacción" de los acusados, que actuaron nuevamente de forma abusiva para buscar una cobertura formal a sus derechos económicos.

Pagès reunió para ello a la Comisión de Retribuciones de la caja, que se fusionó en 2010 con Caja Granada, Caja Murcia y Caja de Baleares, para formalizar la modificación de sus contratos, de tal forma que se blindasen sus privilegios.
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