País Vasco
Urkullu y el obispo Uriarte atribuyen a abusos de la policía 94 homicidios en Euskadi desde 1960
Un informe encargado por el Gobierno vasco cifra en 1.004 las personas muertas por vulneraciones de derechos humanos acaecidas en Euskadi, de las que 94 corresponderían a las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE), 837 a ETA y 73 a grupos parapoliciales y de extrema derecha.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, y el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, han presentado este viernes el Informe de Vulneración de Derechos Humanos en el Caso Vasco, que recoge los atentados cometidos por ETA, el GAL y otras organizaciones terroristas, así como los abusos cometidos por las fuerzas policiales entre 1960 a 2013.
El documento, que forma parte del Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, ha sido elaborado por el propio Uriarte; el exdirector de Derechos Humanos del gabinete de Juan José Ibarretxe, Jon Mirena Landa; la jueza Manuela Carmena y el profesor de Derecho y exconcejal del PP, Ramón Múgica. El estudio no se limita solo a casos ocurridos en Euskadi, sino que recopila otras vulneraciones de derechos que se produjeron en otras zonas.
El informe, que se define como una recopilación de los trabajos anteriores, ha sido elaborado a partir de casos "constatados y constatables en base a fuentes fiables y suficientemente documentadas".
En sus páginas se indica que en los casos en los que "la existencia de graves violaciones de derechos humanos puede afirmarse pero no documentarse cuantitativamente, esta realidad se reflejará a partir de indicios preliminares reconocidos como tales según los estándares internacionales".
El número de heridos se cifra en 3.772 personas
Además de las 1.004 muertes que recoge, el documento también cifra en 3.772 el número de heridos. En el caso de los atribuidos a las FSE, se indica que estos comportamientos han causado 94 muertes, nueve de ellas bajo custodia policial, 20 en controles policiales o situaciones similares y 17 por confusiones, errores o abusos. El estudio señala que los abusos policiales provocaron 746 heridos en el periodo analizado.
El estudio diferencia entre varias etapas. En el caso de las muertes causadas por las FSE se indica que entre 1960 y 1975 hubo 26 fallecidos, mientras que entre 1976 y 1978 se produjeron 30 muertes, entre 1979 y 1982, otras 24, y desde 1983 hasta la actualidad, 14.
En el caso de ETA, a los 837 asesinatos de la banda se añaden entre 2.365 y 2.600 heridos, mientras que a los grupos parapoliciales y de extrema derecha, como el GAL o el Batallón Vasco Español, se les atribuyen 73 asesinatos y 426 personas heridas.
Crímenes no esclarecidos
En uno de sus capítulos, el documento constata la "penuria de datos y la abundancia de casos no investigados" y pide tomar medidas para clarificar los crímenes de ETA no esclarecidos y para determinar la "realidad y extensión" de la extorsión económica (el llamado "impuesto revolucionario" de la organización terrorista) así como el número de personas que abandonó la comunidad autónoma por la amenaza de ETA.
El informe solicita que se investiguen las violaciones de derechos humanos no clarificadas y cometidas por "las fuerzas del orden público".
Por otra parte, se indica que, por varias dificultades que existen para disponer de datos e investigar los casos de tortura, sería conveniente elaborar un estudio sobre "la fiabilidad de las denuncias" y las investigaciones de las mismas entre 1978 y 2013.
227 personas más habrían perdido la vida en circunstancias vinculadas con la violencia
El estudio también remarca aquellas situaciones de sufrimiento que, aunque no se consideran vulneraciones de derechos humanos según los estándares internacionales, no significa que no deban tenerse en cuenta. Como por ejemplo, destaca que 227 personas más han perdido la vida en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia, entre ellas, suicidios, manipulando el propio armamento o por disparos fortuitos.
El lehendakari ha destacado que el trabajo se ha elaborado por personas independientes y "desde la primacía de los principios éticos", con el objetivo de "garantizar la justicia, la reparación y la verdad para todas las víctimas, sin equiparaciones ni discriminaciones".
Informe de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)
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Urkullu ha afirmado que el informe contiene datos objetivos. "Los datos informan, no pueden hacer daño, el daño lo puede hacer una interpretación de los mismos que no atienda a los principios éticos", ha manifestado.
El documento, que será remitido al Parlamento Vasco, pretende "corregir las lagunas en el reconocimiento y la reparación" a las víctimas, según ha explicado el presidente del Gobierno autonómico.
Por su parte, Uriarte ha manifestado que este trabajo pretende ser "una modesta contribución a la paz y la reconciliación", y que se ha elaborado desde una "exquisita sensibilidad". El obispo emérito de San Sebastián ha indicado que "la verdad entera tiene aristas que la hacen difícilmente digeribles", pero que se ha afrontado el estudio "evitando toda equiparación" entre unos y otros sufrimientos.
