Caso Nóos

El vídeo de la infanta, otro nuevo misterio para el caso Urdangarin

La difusión –parcial o total, está por ver– del vídeo de la declaración de la infanta como imputada por delito fiscal y/o blanqueo ha añadido un nuevo misterio a un caso algunos de cuyos puntos oscuros parecen de casi improbable resolución. Por ejemplo, quién ordenó seguir al juez José Castro y al fiscal Pedro Horrach en 2010. O si el antiguo colaborador del CNI Matías Bevilacqua, contratado por el abogado de Urdangarin, hizo algo más que ponerle en orden el sumario. 

Ahora, las incógnitas giran en torno a cómo alguien pudo esquivar los exhaustivos controles policiales. Y, sobre todo, a de quién fue la iniciativa y por qué o para qué. Todo eso y las circunstancias que rodean a los dos letrados a quienes la Policía apunta como autores de la grabación clandestina han alimentado los interrogantes desde el domingo a primera hora, cuando un fotograma del vídeo fue difundido como foto en la edición de papel de El Mundo.

Ayer martes, fuentes conocedoras de la investigación apuntaron a que este miércoles o mañana jueves podrían prestar declaración policial los dos sospechosos. Y no descartaron que se investiguen –si no se está haciendo ya– las llamadas y realizadas desde sus móviles el 8 de febrero y en fechas próximas.

Los dos sospechosos siguieron la declaración como enviados de Javier Saavedra, conocido como abogado de Julián Muñoz y que aquí representa al testaferro que prestó al círculo de Urdangarin una cuenta en Suiza. Por qué recaen las sospechas sobre ambos se perfila como una de las claves: el sitio donde se sentaron. Porque, aunque la imagen fue invertida como en un espejo, el truco duró poco. Y la conclusión policial es la de que el vídeo solo pudo hacerse desde una sola posición.

El rizo de la historia se riza aún por una sorprendente casualidad relacionada con la red social que lanzó el vídeo, wouzee.com, impulsada por una empresa a la que pertenecen el exdirector de El Mundo TV y Marcial Cuquerella, hermano de Julita Cuquerella, la antigua secretaria de Iñaki Urdangarin. Pero ningún dato indica que Saavedra o Cuquerella ni ninguno de sus socios de Wouzee tengan el menor vínculo con la grabación clandestina, que fue adelantada por el diario El Mundo.

Los dos abogados a los que todas las fuentes del caso señalan por sus nombres, Francisco Carvajal y María del Carmen Jiménez, asistieron en efecto al interrogatorio por delegación expresa del ausente Javier Saavedra. El abogado atiende la llamada desde un país latinoamericano al que, según sus palabras, se desplazó por un compromiso previo que le impedía seguir la declaración de la infanta.

Saavedra: "Lo único que sucede es que la Policía ha hecho el ridículo"

Saavedra defiende a capa y espada la inocencia de sus dos colegas y anuncia que ambos demandarán a quienes publiquen que la grabación fue obra suya. Pero su énfasis no se dirige a exonerar a sus enviados sino, sobre todo, a restar importancia penal a lo sucedido: “Revelación de secretos no puede haber porque no se trataba de una declaración bajo secreto de sumario. Puede haber desobediencia, pero entonces habría que ver se ha desobedecido”. Y es aquí cuando dispara sus dardos contra la Policía: “¿Pero este qué numerito es? Lo único que sucede es que la Policía ha hecho el ridículo”, espeta el abogado.

La Policía aplicó los filtros  a todos y cada uno de quienes iban a presenciar en la sala de los juzgados de Palma el interrogatorio a Cristina de Borbón. Requisó móviles, impidió el uso de iPad y ordenadores, revisó bolígrafos y plumas y, en teoría, cerró la puerta a la entrada de cualquier artilugio de los disponibles en tiendas de espías.

Pero algunos de esos artefactos electrónicos –y así lo recalcan conocedores de la materia- resultan difíciles de detectar, lo que ha disparado las hipótesis: un reloj, una minicámara oculta en unas gafas, en un bolígrafo, en un alfiler de corbata o incluso en un maletín. De momento, son eso: hipótesis. Ayer por la tarde, las fuentes conocedoras de la investigación aseguraban que no se había practicado ningún registro. "Y cuanto más tiempo pase menos útil puede ser pero si no se hace alguien dirá que no ha habido interés por descubrir qué ocurrió", apunta otra fuente.

La empleada de Madrid y el socio del bufete de Marbella

La primera de los dos sospechosos, María del Carmen Jiménez, trabaja como empleada del bufete de Javier Saavedra en Madrid. Y el segundo es socio de un despacho de Marbella con cierta relación profesional con Saavedra. Su bufete se localiza en el mismo edificio, la misma planta y la misma puerta que el que en la ciudad costera utilizaba el equipo del conocido defensor de Julián Muñoz.

Además de con Saavedra, infoLibre contactó ayer telefónicamente con su empleada María del Carmen Jiménez. La abogada, una de las sospechosas de haber desobedecido al juez al grabar a la infanta con algún artilugio de los habituales en las tiendas de espías, hizo una reflexión: “No sé cómo ha conseguido usted este teléfono”. A partir de ahí, solo pronunció otra frase: “No tengo ninguna declaración que hacer”.

Algunas fuentes del caso subrayan que había un tercer abogado suplente en la sala, que se sentó en el mismo banco que los dos anteriores y que o bien los conocía con antelación o bien goza de facilidad para entablar relaciones sociales. Algunos testigos los vieron hablando “como en grupo”. Pero los investigadores –o así lo afirman- han descartado la hipótesis de que este tercer hombre guarde conexión con los sustitutos de Saavedra. En la foto corporativa del bufete para el que trabaja, el tercer abogado aparece sonriente y  con la cara desnuda. En Palma llevaba gafas.

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