Castro se desplaza a Valencia para interrogar a quince testigos y cerrar el ‘caso Nóos’

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, interrogará entre este viernes y el sábado en Valencia a un total de quince testigos en el marco de unas diligencias dirigidas a esclarecer cómo fueron gestados los Valencia Summit organizados en 2004, 2005 y 2006 por el Instituto Nóos. Entre ellos se encuentra la diputada del PP en el Congreso Belén Juste y numerosos empresarios del sector turístico.

En concreto, se encuentran emplazados a declarar este viernes, en la Ciudad de la Justicia, la propia Juste, también exdirectora general de la Feria de Valencia (17.30 horas); el empresario Juan Carlos Gelabert (17.45); el exdirector el Hotel Expo Antonio Mora (18.00); la exdirectora de Gama de Valencia Eventos y Congresos Gabriela Sales (18.15); Enrique Torres (18.30); el promotor turístico Vicente Blasco (18.45), y Pedro Campillo (19.00).

Del mismo modo, para el sábado están fijadas las comparecencias de Luis García (9.30); el exsecretario general de Feria de Valencia Enrique Calomarde (9.45); el expresidente de Feria Alberto Català (10.00); el expresidente de la Confederación Empresarial Valenciana Rafael Ferrando (10.15); el exdirector del Hotel Expo José Gallego (10.30); Manuel Ales (10.45); la exdirectora del Hotel Meliá Rey don Jaime Consuelo Garde (11.00), y la concejal de Cultura de Valencia, María Irene Beneyto (11.15).

Todos ellos fueron citados a petición de la defensa del exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón, imputado en el marco de este procedimiento judicial. El exalto cargo planteó en 2012 que Castro debía apartarse de las pesquisas referidas a hechos acontecidos en Valencia, como la preparación de los Valencia Summit y de los Juegos Europeos, por los que Nóos percibió 382.000 euros públicos a pesar de que nunca llegaron a celebrarse.

Además, estas testificales constituyen una de las últimas diligencias que Castro prevé practicar en el marco del caso Nóos, cuyas investigaciones dieron sus primeros pasos a principios de 2010, en el marco del caso Palma Arena, y estallaron en noviembre de 2011 con el registro del Instituto Nóos y de varias sociedades vinculadas. A través de ellas, tanto Iñaki Urdangarin como su exsocio Diego Torres se habrían apoderado de unos 5,9 millones de euros de las Administraciones públicas.