Dos ONG denuncian la intromisión del Gobierno de Obama en la labor de periodistas y abogados

Las interceptaciones "masivas" a gran escala que el Gobierno estadounidense está llevando a cabo sobre comunicaciones y transacciones electrónicas obstaculizan gravemente el trabajo de periodistas y abogados americanos, según señala un informe presentado este lunes por Human Rights Watch (HRW) y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

Ambas organizaciones han asegurado que el Gobierno de Barack Obama atenta contra la libertad de los medios de comunicación y el derecho a la asistencia letrada. Y consideran que estas interceptaciones impiden que el pueblo obtenga la información necesaria para pedir respuestas al Ejecutivo.

El informe ha sido elaborado a partir de entrevistas a medios como el New York Times o altos funcionarios del Gobierno, y documenta cómo periodistas que trabajan en temas relacionados con la seguridad nacional, están adoptando medidas a fin de garantizar la seguridad de sus comunicaciones, fuentes y otras informaciones de cara a las interceptaciones del Ejecutivo.

El documento tituladoCon libertad para vigilar a todos: Cómo las interceptaciones masivas en EEUU perjudican el periodismo, el derecho y la democracia estadounidense afirma que la falta de transparencia y las indagaciones del Gobierno amenazan derechos "fundamentales para una democracia plena" como la libertad de prensa, el derecho público a la información y el derecho al asesoramiento letrado.

Efectos sobre la prensa

Alex Sinha, autor del informe, ha remarcado la importancia del trabajo de periodistas y abogados para la democracia. "Cuando su trabajo se ve perjudicado, todos sufrimos las consecuencias", ha añadido.

El comunicado asegura que, aunque Estados Unidos se ha presentado durante mucho tiempo como líder global en lo referente a la libertad de prensa, los periodistas entrevistados han advertido que las incursiones del Gobierno en su trabajo restringen su capacidad para informar sobre asuntos "de gran interés público".

Entre los efectos que las incursiones del Ejecutivo están teniendo figuran: la negativa de diversas fuentes a conversar sobre temas de interés público que no son confidenciales, por temor a que "el Gobierno revoque sus permisos para acceder a información confidencial", a perder sus empleos y a ser objeto de investigaciones penales. Uno de los periodistas entrevistados ha indicado que "las personas cada vez están más atemorizadas de hablar sobre cualquier cosa".

Las restricciones al contacto entre funcionarios de inteligencia y medios de comunicación junto a la obligación de los funcionarios de denunciar a quienes incurran en "comportamientos sospechosos", han llevado a los periodistas a aplicar técnicas complejas para proteger sus fuentes.

El uso de un lenguaje encriptado, de ordenadores que no entran en contacto con redes inseguras e Internet, o de teléfonos desechables para comunicarse con las fuentes, son alguna de las técnicas utilizadas por los periodistas para eludir el espionaje.

Todo ello tiene como resultado, según las organizaciones, un menor acceso del público a información importante sobre las actividades del Ejecutivo. Los medios de comunicación tienen una menor capacidad para seguir de cerca las actuaciones del Gobierno, algo que para los periodistas es signo de que son percibidos como "sospechosos" por el trabajo que desempeñan.

Efectos sobre el ejercicio legal

La vigilancia del Gobierno estadounidense ha despertado interrogantes sobre la capacidad de los letrados de garantizar la confidencialidad de la información de sus clientes, lo que podría dar lugar a medidas disciplinarias desde las organizaciones profesionales, según los responsables del estudios.

Los abogados necesitan adoptar más medidas para evitar dejar una huella digital que pueda ser rastreada, lo que hace que muchos de ellos "se sientan frustrados, e incluso ofendidos". "Que no piensen que voy a empezar a comportarme como un narcotraficante para proteger la confidencialidad de mi cliente", ha dicho uno de los letrados.