Sánchez quiere hacer públicas las identidades de quienes cometan infracciones tributarias de más de 30.000 euros

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este miércoles que, si llega a la Presidencia del Gobierno, impulsará la revisión del secreto fiscal para que se puedan hacer públicas las identidades de aquellos que cometan infracciones tributarias de cuantías superiores a 30.000 euros, informó Europa Press.

Sánchez volvió a garantizar su compromiso con la lucha contra el fraude fiscal en el marco de un acto en el que varios de sus candidatos a las elecciones generales han firmado un compromiso ético en el que, entre otras cosas, aseguran que tienen una "voluntad irreductible de mantener una conducta íntegra".

Además, el líder de los socialistas destacó las medidas anticorrupción que plantea su partido, frente a las "tres" que proponen Ciudadanos y Podemos y cuando el PP no ofrece "ninguna". "Yo soy un político limpio, que dirige un partido limpio y que aspira a goberar un gobierno limpio", afirmó Sánchez.

El candidato del PSOE se puso como objetivo devolver la confianza de los ciudadanos ante las instituciones y los políticos y, para ello, ha explicado de nuevo la batería de medidas que llevan los socialistas en su programa electoral.

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Entre ellas, hay iniciativas en el ámbito de la prevención, medidas penales y procesales, para regular mejor la financiación de partidos, en la contratación y las subvenciones públicas, además de en materia fiscal.

El compromiso firmado este miércoles por los candidatos, entre quienes han estado los primeros aspirantes de la lista por Madrid, como Meritxell Batet, Irene Lozano, Zaida Cantera y Eduardo Madina, pero también por algunos dirigentes que no van en las listas, como Jordi Sevilla y Angel Gabilond, incluye además la promesa de dimitir de manera inmediata de sus cargos si se les abre juicio oral por un delito grave.

También aseguran que ningún gasto de representación superará los 600 euros semanales o los 1.500 mensuales, y asumen que los expresidentes del Gobierno central y las comunidades autónomas renunciarán "automáticamente a beneficios y percepciones salariales ligados a su condición" si ejercen una actividad profesional continuada y retribuida.