La Guardia Civil tarda siete meses en apartar a un sargento al que denunció por violación a una subordinada

Dos horas después de que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) relatara este miércoles ante un grupo de periodistas un sórdido episodio de presunto abuso de autoridad en Murcia que incluyó violaciones y luego amenazas a la víctima para que abortase, la Dirección General del cuerpo ha suspendido al sargento denunciado.

La adopción de medidas cautelares ha tardado siete meses desde que, tal como confirmó la AUGC a infoLibre, fuese la propia Policía Judicial la que pusiera en diciembre el caso en manos de un juzgado militar "siguiendo instrucciones de la Dirección General de la Guardia Civil". La denuncia se formalizó después de que la asociación de guardias civiles hubiese enviado a la cúpula del Instituto Armado una carta en la que explicaba lo sucedido.

Por "miedo", la supuesta víctima se había negado durante años a denunciar ante sus superiores el calvario físico y psíquico al que la estaba sometiendo el sargento O.M.G. A tenor de los indicios recabados por el juzgado militar territorial 14, con sede en Cartagena, ese mismo sargento había terminado convertido en su perseguidor tras una breve relación sentimental consentida.

Pero en la causa –admite la AUGC– obran correos electrónicos enviados por él mismo. Y esos correos, escritos por quien habría ocultado en un primer momento a su víctima su condición de casado para luego abusar sexualmente de ella, violarla, forzarla a practicarle una felación y, finalmente, a abortar, son explícitos y "vergonzosos". La asociación de guardias civiles había pedido expresamente la suspensión del sargento.

La presunta víctima es una guardia de base, es decir, subalterna del investigado. De mediana edad y con un hijo a su cargo, desde marzo de 2015 se encuentra de baja. Paradójicamente, de nada le sirvió estar destinada en la oficina de violencia de género de su comandancia, la de Molina de Segura. Ni el portavoz de la AUGC, Juan Fernández, ni la abogada de la víctima, Laura Pérez, han accedido a facilitar más datos.

¿Se le podía haber suspendido antes?

Fuentes oficiales del Instituto Armado aseguraron el miércoles a este diario que la suspensión ha sido aplicada en cuanto se ha recibido por cauces oficiales el auto que encausa al supuesto violador, dictado la semana pasada por una juez militar de Cartagena. 

Lo que ha firmado este miércoles el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, es "la tramitación del pase a la situación administrativa de Suspenso de Funciones y posterior cese del destino, del Sargento O.M.G., destinado en el puesto de Molina de Segura (Murcia), por un presunto delito de abuso de autoridad en su modalidad de trato degradante o inhumano en concurrencia con otro contra la libertad e indemnidad sexual en concurso con lesiones psíquicas graves y maltrato".

La polémica suscitada por el asunto ha derivado este jueves en un nuevo comunicado oficial donde la Dirección General de la Guardia Civil sostiene que la ley no le permitía suspender al sargento antes de que el juzgado dictase el auto de procesamiento.

Fue el 20 de julio cuando, tras recibir la resolución judicial, se produjo la decisión. La nota difundida señala que el artículo 92.1 de la Ley 29/2014, del Régimen de Personal de la Guardia Civil, "sólo se permite tramitar el pase a situación de suspensión de funciones y cese en el destino cuando se dicta auto de procesamiento, como ocurrió en este caso".

Fuentes jurídicas de la AUGC refutaron de inmediato ese argumento. Y subrayaron que el artículo invocado por el equipo de Arsenio Fernández Mesa dice lo siguiente: "El pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida  cautelar contra el imputado en un procedimiento penal o por la incoación de un expediente disciplinario por falta muy grave". La AUGC asegura que la apertura de ese expediente, previsto en la Ley del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil , habría permitido suspender de inmediato al sargento en cuanto la Policía Judicial puso el caso en manos de un juzgado militar de Cartagena el 22 de diciembre de 2015. El artículo 4 de la citada norma dice esto: "La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de la Guardia Civil no impedirá la incoación y tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. No obstante, la resolución definitiva de dichos procedimientos sancionadores sólo podrá producirse cuando la dictada en el ámbito penal sea firme, vinculando la declaración de hechos probados".

El "desprestigio" como argumento

La nota introduce un argumento inesperado cuando advierte de que la decisión de Fernández de Mesa "se basa en que los hechos delictivos que se investigan por la Autoridad judicial, además de por su gravedad y afectación individual de la víctima, han provocado una amplia difusión en los medios y generan un notable desprestigio de la Institución a la que pertenece el procesado".

¿Significa lo anterior que el apartamiento del sargento no se habría producido si la noticia no hubiera trascendido a la opinión pública? ¿O que Fernández de Mesa lo habría ordenado hace siete meses si se hubiera conocido entonces que un juzgado militar había empezado a investigar la truculenta secuencia de hechos denunciada este miércoles por la AUGC?

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No hay respuesta, aunque fuentes del cuerpo ajenas a la asociación y al equipo de Fernández Mesa aseguran que cuando un caso de abuso sexual acaba en la jurisdicción ordinaria, es decir, no en la militar, "las medidas cautelares son más rápidas". Y ejemplifican con lo ocurrido en Pamplona, donde fue suspendido de inmediato el guardia civil implicado en la violación múltiple durante los sanfermines a una joven: una joven civil.

Según la AUGC, la Guardia Civil "sabía a ciencia cierta" desde abril de 2013 lo que estaba sucediendo. ¿Cómo lo sabía? Por lo que explicaron el portavoz de la AUGC y la abogada de la presunta víctima, al menos una teniente de su comandancia y un guardia de base habían alertado a sus superiores jerárquicos ya en 2013. Ambos –dice la AUGC– acabaron amonestados.

Es más, la AUGC subraya que el capitán al que ambos se habrían dirigido aconsejó al sargento ahora investigado que emprendiese acciones contra el guardia en defensa de su honor. Esa versión no ha podido ser corroborada por este diario en fuentes oficiales.