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La herencia del PP en Madrid

Varapalo de los afectados y el PSOE al juez que se niega a reabrir el caso del fondo buitre

La exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, en un acto oficial cuando estaba al frente del Ayuntamiento.

Los afectados por la venta de 1.860 públicos de Madrid al fondo buitre Blackstone y el grupo socialista, que llevó a los tribunales la oscura operación materializada en 2013 por el equipo de Ana Botella, han reaccionado con un durísimo recurso a la negativa del juez a reabrir el caso. Como publicó infoLibre este lunes, el titular del juzgado 38 de Madrid ha denegado la reapertura bajo el argumento de que ni la investigación municipal desarrollada tras el cambio de gobierno ni el demoledor informe de la Cámara de Cuentas regional aportan "nada realmente nuevo".

Los afectados reprochan en su recurso al magistrado que archivase la causa en enero de 2015 tras haber aceptado como "hechos incontrovertibles" la versión del equipo de Ana Botella, según el cual el proceso de venta fue legal de principio a fin, mientras que desprecia "como simple valoración" lo que la propia Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) sostiene ahora a la vista del dictamen de la comisión municipal de investigación y del informe del órgano fiscalizador de la Comunidad.

La EMVS se adhirió como institución a la petición de reapertura formulada tanto por los inquilinos como por el PSOE, que vieron así alimentadas sus esperanzas en que el magistrado accedería a la solicitud. Lejos de ello, el juez dictó un auto en el que, además de recalcar que no observa la existencia de ningún "elemento fáctico" novedoso, lanza una especie de recordatorio al equipo de Manuela Carmena: el de que el Ayuntamiento de Madrid podría acabar siendo responsable civil si prosperase la acción penal cuya reanudación solicita.

Lo previsible es que el juez, Juan Antonio Sáenz de San Pedro, titular del juzgado de instrucción 38 de Madrid, rechace el llamado recurso de reforma, dado que afecta a una decisión tomada por él mismo. Los querellantes deberán entonces plantear un segundo recurso, este ante la Audiencia Provincial. En septiembre de 2015, la Audiencia confirmó el sobreseimiento acordado por Sáenz de San Pedro. Ahora, con lo que los querellantes consideran nuevos y más que relevantes datos sobre la mesa -los destapados por la investigación del consistorio y el informe de la Cámara de Cuentas-, la Audiencia entrará por segunda vez en escena.

El recurso elaborado por el abogado José Mariano Benítez de Lugo ataca la premisa básica en la que el juez Sáenz de San Pedro sustenta su negativa a reabrir el caso: la de la supuesta inexistencia de hechos desconocidos cuando se produjo el carpetazo inicial. "No resulta de recibo jurídicamente -escribe el letrado- minusvalorar lo dicho por los citados Organismos Públicos [el Ayuntamiento de Madrid y la Cámara de Cuentas] a la condición de 'simples nuevas valoraciones de una misma realidad'". "Muy por el contrario -agrega el recurso-, los concienzudos análisis de esa realidad efectuados por los citados Organismos públicos tras analizar el proceso de enajenación, operan desde el análisis de los hechos que se llevaron a cabo en el citado proceso de ventas (los hechos son porfiados)".

"El comprador fijó unilateralmente el precio"

Boicoteada por el PP desde su inicio, la investigación municipal impulsada por el equipo de Manuela Carmena y avalada por PSOE y Ciudadanos certificó que dos filiales de Blackstone se hicieron en 2013 con 18 promociones de pisos públicos por 128,5 millones, un precio no solo inferior en dos millones al ofertado por el propio comprador sino más bajo que el que ofrecía otra empresa.

Ese precio, recuerdan ahora los querellantes, "fue señalado unilateralmente por la parte compradora". Y recuerdan algo más: "no se respetó el procedimiento administrativo establecido por el Ayuntamiento con las consiguientes pérdidas al patrimonio de la EMVS".

La comisión municipal de investigación desveló también que en la operación se produjo el pago de una extraña comisión de 2,4 millones a un supuesto intermediario inmobiliario de cuyo trabajo efectivo no hay rastro. Ese intermediario era una UTE capitaneada por un antiguo socio y directivo del gigante de la gestión inmobiliaria Aguirre Newman SA, empresa en la que un hermano de Esperanza Aguirre figura como copropietario.

El dictamen de la comisión municipal incorporaba un mandato expreso para que la EMVS interpusiera querella o se adhiriese a la de los inquilinos afectados, como finalmente hizo la empresa municipal. Es decir, a la querella que, formulada por los delitos de sustracción de cosa propia a su utilidad social, malversación, fraude y prevaricación, había archivado el juez Sáenz de San Pedro en enero de 2015.

En un escrito posterior al cierre de la comisión de investigación municipal, el fiscal del Tribunal de Cuentas cifró en 2,3 millones el quebranto económico ocasionado por aquella venta de pisos materializada en 2013. Y subrayó que el equipo de Botella había escriturado a nombre de Blackstone 11 garajes [el escrito habla de 13 pero los documentos oficiales, solo accesibles tras el cambio de gobierno, los cifran en 11] que inicialmente no figuraban en la lista y por los que el fondo buitre no pagó ni un euro adicional.

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Dos millones de ese indiciario daño que el fiscal cifra en 2,3 millones se explican por la rebaja en el precio de venta originalmente acordado. Y los 300.000 euros restantes equivalen a la propina de garajes que obtuvo Blackstone. El número de plazas de aparcamiento –11– que el comprador recibió gratis coincide exactamente con el de los garajes robotizados que, frente al Museo del Prado, en pleno centro de la capital, acabaron en manos de Blackstone.

El fiscal del Tribunal de Cuentas basó sus conclusiones en un exhaustivo informe de la Cámara de Cuentas de Madrid que había sido aprobado de forma unánime por los integrantes del órgano fiscalizador madrileño. Es decir, había sido aprobado también con los votos de los consejeros afines al PP.

 

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