El Congreso pretende dar luz verde a que 35 diputados ejerzan la abogacía o una actividad empresarial sin desvelar sus clientes

El Pleno del Congreso de los Diputados tenía previsto dar luz verde este jueves al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. Un documento en el que el citado órgano de la Cámara baja autoriza a sus señorías para el desempeño de otro tipo de actividades a la par que mantienen el escaño. A última hora del miércoles, una decisión de la presidenta de la institución, Ana Pastor (PP), cambió el orden del día de la sesión para aplazarla a otra semana, todavía sin concretar. La idea, según fuentes parlamentarias, es "buscar mayor consenso para una votación en la que tradicionalmente lo ha habido". Estaba previsto que el dictamen saliese adelante sin el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que, como norma general y salvo excepciones muy concretas, está ahora en contra de que sus diputados apuesten por el pluriempleo.

Los socialistas demandaban que el pleno votara por separado unos 40 expedientes de parlamentarios que habían solicitado compatibilizar el escaño con actividades profesionales privadas remuneradas.

El dictamen que, a puerta cerrada, se iba a votar este jueves a primera hora, autorizaba a 35 parlamentarios a ejercer la abogacía o participar en empresas privadas sin desvelar quiénes serán sus clientes.

Por grupos, es el PP, con 20 miembros, el más numeroso en lo que a estas autorizaciones se refiere. Le sigue Ciudadanos con seis, Podemos con cinco y el Mixto y el PSOE, con dos respectivamente

infoLibre ha tenido acceso al borrador de este dictamen, con fecha de 16 febrero de 2017. La reunión de la Comisión se celebró una semana después, el día 23.

Son los parlamentarios los que tienen la obligación de comunicar a la Comisión del Estatuto de los Diputados cualquier cambio en la información consignada inicialmente tanto en sus declaraciones de bienes como de actividades. Hasta la fecha, la Cámara no ha comprobado la veracidad de los datos facilitados ni ha hecho un seguimiento de los mismos a lo largo de las legislaturas. Todos los escándalos que han saltado a cuenta de las incompatibilidades de sus señorías o de la falta de exhaustividad a la hora de proporcionar la información han partido de investigaciones periodísticas, como la que destapó las labores de asesoría para empresas especializadas en obra pública de los ya exdiputados del PP Federico Trillo o Vicente Martínez-Pujalte. O que Agustín Conde, ahora secretario de Estado de Defensa, no había declarado al Congreso ni su empresa energética ni que asesoraba a una inmobiliaria.

A continuación, infoLibre repasa de forma detallada algunas de las compatibilidades que la Comisión de Estatuto de los Diputados tenía previsto haber llevado al pleno este jueves:

  16 abogados, 2 procuradores y 2 consultores 

El ejercicio de la abogacía ha sido tradicionalmente una de las tareas para la que más compatibilidades han demandado sus señorías. El dictamen recoge sobre este tipo de actividades –iguales requisitos recoge para economistas, médicos, farmacéuticos y veterinarios– que esta actividad es susceptible de autorización "con las limitaciones" de "no poder percibir honorarios o cualquier otra forma de remuneración del sector público estatal autonómico o local y no poder invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de la actividad" y sin que "pueda suponer menoscabo de la dedicación absoluta a las tareas parlamentarias".

Entre los abogados del PP destaca su portavoz en la Cámara, Rafael Hernando, y Leopoldo Barreda. Este último, diputado por Gipuzkoa, es el presidente de la Comisión del Estatuto de los Diputados, el órgano que visa y debate a puerta cerrada las declaraciones de bienes. 

Coinciden con ellos en actividad privada, también del PP, Francisco Martín Bernabé Pérez; Javier Calvente Gallego, que también es concejal en el Ayuntamiento de Baeza (Jaén); Celso Luis Delgado; el también concejal en A Coruña Miguel Lorenzo; José Vicente Marí;Francisco Martínez Vázquez;Pablo Matos;Francisco Molinero;  el concejal en Viveiro  (Lugo) Jaime de Olano y Juan Carlos Vera Pro. 

Por parte del PSOE sólo hay una autorización para el ejercicio de la abogacía: la de Pedro José Muñoz. Su caso es muy particular. Tiene permiso para ejercer como abogado "en procedimientos judiciales y asesoramiento jurídico a miembros o cargos" de su partido, "sin retribución, minuta, ni contraprestación económica ni de cualquier otro tipo, por esas actuaciones".

El caso de Muñoz es similar al de Gloria Elizo, de Unidos Podemos. Abogada del Colegio de Madrid, es "letrada del partido político Podemos; representante legal a efectos penales, civiles o electorales, sin retribución". Su compañera de grupo Sara Carreño también ha reclamado a la citada comisión autorización para ejercer la abogacía.

En cuanto a los procuradores de los tribunales, uno es del PP, Avelino de Barrionuevo, y el otro pertenece a En Comú Podem. Se trata de Jaume Moya.

En Ciudadanos, sólo una diputada, Patricia Reyes, está autorizada para el ejercicio de la abogacía.

Los dos diputados que han solicitado autorización para labores de consultoría pertenecen al PP. Uno de ellos, Teófilo de Luis, reclamó, según recoge el citado dictamen, permiso para algo tan genérico como "asesoría a empresas por cuenta propia sin relación con el sector público". El otro, Javier Ruano, es algo más específico. Es "consultor de organización" y su especialidad es la "elaboración de protocolos familiares y supervisión de la sucesión entre generaciones, sin ninguna relación con la Administración Pública".

  18 diputados relacionados con empresas privadas

La Comisión del Estatuto de los Diputados también suele autorizar la pertenencia a órganos de representación y dirección de empresas privadas siempre que no se contrate con el sector público ni los afectados se sirvan de su condición de parlamentarios para hacer negocio. 

Por parte del PP, Raquel Alonso es arquitecta socia de Pejarbo SL, "sociedad del sector privado, dedicada al cálculo de estructuras de edificación, sin contratar con el sector público". María Carmen Álvarez-Arenas es consejera delegada de una empresa familiar de prestación de servicios cuyo nombre no precisa.

Celso Delgado, también con autorización para ser abogado, ejerce de administrador único de la mercantil Delgado Arce Abogados SLNE, cuyo objeto es la prestación de servicios jurídicos. Juan Manuel Juncal declara tener el 100% de participaciones en Juncal Auditores SL, una sociedad que, según se señala en el dictamen, "no tiene actividad, y en todo caso, no contrata con el sector público".

Por su parte, Jordi Roca, es administrador de la entidad Presencia Internet SL. Se dedica a la administración de sistemas informáticos. 

Del PSOE sólo una diputada, María Mercè Perea i Conillas, tiene compatibilidad para la administración del patrimonio familiar de Perea i Conillas CB y Avperme CB, "ambas en liquidación y sin facultades de administración".

Seis son los diputados de Ciudadanos con cargos en empresas. José Cano Fuster es apoderado de una empresa familiar, Xato Restauración SL. Elena Faba es administradora de varias mercantiles dedicadas a la informática, telecomunicaciones y ofimática, asesoramiento informático, relaciones públicas, marketing y comunicación. Su compañero Miguel Ángel Garaulet es administrador único de Garaulet y Asociados, "consultoría de servicios de valor añadido para empresas", socio trabajador de una cooperativa de instalación de telecomunicaciones y administrador único de una mercantil intermediaria de comercio inactiva desde diciembre de 2015.

Por su parte, Miguel Ángel Gutiérrez es administrador único de una sociedad limitada de consultoría de seguridad de la información "sin actividad desde enero de 2015"; Patricia Reyes, que pidió compatibilidad para ejercer la abogacía, es administradora de Yatay Ediciones SL y José Manuel Villegas, secretario general de la formación naranja, es administrador único de Mabex Gestión SL, "dedicada a la asesoría jurídica, fiscal y laboral".

Según informó infoLibre a finales de 2015, Villegas usó esta sociedad para pagar menos impuestos por los trabajos de asesoría que realizó para Ciudadanos en 2011 y 2012. Cobró 72.100 euros a través de Mabex Gestión SL, según admitió él mismo a este diario. Al no declarar ese ingreso como renta personal pagó unos 15.000 euros menos a Hacienda.

El dictamen de compatibilidades de los diputados aprobado por el Congreso no evita nuevos casos Trillo o Pujalte

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De Unidos Podemos, Sofía Fernández Castañón, trasladó al órgano del Congreso que eleva a pleno las demandas de compatibilidad de sus señorías que es administradora de la productora Señor Paraguas SL. En la actualidad, señala el dictamen, continúa como socia solidaria de la misma pero no tiene actividad como trabajadora.

Iñigo Alli, de UPN, integrado en el Grupo Mixto, declara ser socio fundador "con el 50%" de la sociedad Síndrome Up, una "consultoría en responsabilidad social corporativa e innovación social". Y su compañera de grupo Miriam Nogueras (PdeCAT) es socia de Bonclasif SL, una firma del sector textil especializada en la fabricación y comercialización de hilos.

Por último, dos parlamentarios declaran también tener relación con la energía fotovoltaica. Es el caso de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, del Partido Popular, que señala ser "titular de planta fotovoltaica". Y de Juan López de Uralde, coportavoz de Equo y diputado de Unidos Podemos. Según figura en el citado documento es "propietario de central solar fotovoltaica de 2,5 kw".