El Gobierno recurre los Presupuestos de Cataluña al incluir partidas para un referéndum

El Consejo de Ministros ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2017, ya que incluyen partidas destinadas a procesos electorales, consultas populares y procesos de participación ciudadana que, según entiende el Gobierno, son "competencia estatal".

En concreto, el Ejecutivo ha acordado que la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017 del 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017. Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, que ya había avanzado el pasado viernes que darían este paso una vez que la Ley de Presupuestos catalana se publicase, algo que ocurrió el pasado jueves con la publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat.

Tanto el Consejo de Garantías catalán –órgano consultivo de la Generalitat– como los letrados del Parlamento catalán han coincidido en la ilegalidad de esta partida en las cuentas catalanas, si bien el Gobierno de Carles Puigdemont ha insistido en su intención de convocar ese referéndum.

El Gobierno pide al Tribunal Constitucional que advierta al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a consejeros y varios cargos del Ejecutivo catalán de las responsabilidades que implica seguir adelante con el referéndum, "incluso penales". La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha indicado que el Gobierno solicita la suspensión automática de los preceptos impugnados, haciendo uso de la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, así como que se notifique "personalmente" esta providencia de suspensión, si así se acuerda, al presidente de la Generalitat y a los consejeros de su Gobierno.

Igualmente, reclama que se notifique al secretario del Gobierno, al secretario general de la vicepresidenta del Gobierno, a la interventora general de la Generalitat, al director de contratación y al director general de Presupuestos de la Generalitat. "Entendemos que estas últimas personas serían las encargadas de autorizar y llevar a cabo actos de ejecución presupuestaria", ha precisado Sáenz de Santamaría.

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La vicepresidenta ha subrayado que también se pide que en esa notificación se advierta "a todos" de su "deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada", y que se "abstenga" de hacer acuerdo alguno de disposición de las partidas impugnadas o de dictar cualquier tipo de acuerdo de modificación de las cuentas públicas catalanas para sufragar el referéndum. "Todo ello con el apercibimiento de las correspondientes responsabilidades, incluso penales", ha enfatizado.

Sáenz de Santamaría ha indicado que el referéndum "no va a ningún lado" y ha recalcado que tanto el Consejo de Garantías catalán --órgano consultivo de la Generalitat-- como los letrados del Parlamento catalán han coincidido en la ilegalidad de esta partida en los Presupuestos catalanes.

"Creo que cuando los propios letrados del Parlamento catalán advierten de que esto es inconstitucional, no es necesario que se lo diga nadie más. No van a ningún sitio y lo que es más importante, cada vez les acompaña menos gente", ha proclamado Sáenz de Santamaría.