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Amnistía fiscal

El TC tumba la amnistía fiscal de Rajoy aunque no afecta a los contribuyentes que regularizaron su situación

  • El Gobierno, según el tribunal, legitimó "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar"
  • Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país

infoLibre Publicada 08/06/2017 a las 16:55 Actualizada 08/06/2017 a las 18:44    
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El Tribunal Constitucional anula la plusvalía municipal en la venta de inmuebles con pérdidas.

El Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo.

E.P.
El Pleno Tribunal Constitucional ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos". En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.

El recurso fue presentado por 50 diputados del PSOE contra la disposición adicional primera del Real Decreto ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducían diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción de déficit público.

Según informa Europa Press, el Tribunal declara nula la citada disposición por vulnerar el artículo 86.1 de la Constitución, que prohíbe el uso del decreto ley cuando las medidas aprobadas afecten "de forma relevante o sustancial" a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del "deber constitucional de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" (artículo 31.1 de la Constitución).

En su recurso, el PSOE señalaba que la medida adoptada por el departamento de Cristóbal Montoro favorece a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.

A la regularización fiscal se han acogido personalidades públicas investigadas en los tribunales por presuntos delitos de corrupción como son varios miembros la familia Pujol, el extesorero del PP Luis Bárcenas, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y su exsocio David Marjaliza —ambos imputados en el caso Púnica—, así como el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato. En su día Hacienda cifró en 30.000 los españoles que se acogieron a este modelo retributivo dirigido a recuperar dinero oculto fuera del país.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, recuerda que el Real Decreto ley impugnado previó la posibilidad de que los contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas  y del impuesto de sociedades que no declararon todas sus rentas presentaran una declaración para regularizar su situación tributaria. Las rentas así declaradas tributarían al 10 por ciento, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.

Para determinar si el Gobierno traspasó los límites establecidos por la Constitución al empleo del decreto ley (artículo 86.1 de la Constitución Española), el tribunal ha valorado si la medida prevista en la disposición adicional recurrida afectó de forma sustancial al deber general de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su riqueza y mediante un sistema tributario justo.

Dicho análisis se ha realizado en la sentencia mediante el examen de la naturaleza de los tributos afectados, de los elementos del tributo que resultaron alterados y, finalmente, mediante el examen del alcance de la regulación aprobada.

La sentencia advierte de que la adopción de medidas que, "en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (artículo 31.1 CE)".

De esta forma, se legitima "como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir".

El TC concluye que la medida impugnada ha tenido tres "importantes efectos": permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas "a un tipo reducido" (10 por ciento); eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de "la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria"; y, por último, convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación "en renta declarada a todos los efectos".

La sentencia explica que la regularización se dirigió "a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos", que "constituyen los pilares estructurales del sistema tributario". Además, repercutió en "la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones)", permitiendo "la regularización a un tipo reducido con exclusión de toda responsabilidad accesoria".

Con ello, "el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es (...) la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización".

Todo ello lleva al TC a afirmar que la previsión contenida en el Real Decreto ley 12/2012 "ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas —aunque ocultadas a la Hacienda Pública— por un gravamen único del 10 por ciento, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales)".

Por tanto, la norma "ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos" que enuncia el art. 31.1 CE al haber "alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes". Y lo ha hecho en unos términos "prohibidos" por el artículo 86.1 de la Constitución.

En respuesta a algunas de las alegaciones del Abogado del Estado, el Tribunal sostiene que el hecho de que la medida cuestionada pudiera contar con una justificación que la legitimase (como es la "necesidad de ajustar el déficit público para cumplir con el principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución), "sería un requisito necesario pero en ningún caso suficiente, desde el plano constitucional, cuando se introduce mediante el uso de un instrumento normativo a través del cual no se puede afectar al cumplimiento de un deber de los previstos en el Título I de la Constitución".

Lo mismo ocurre con las recomendaciones de la OCDE referidas a la promoción de procedimientos especiales para quienes hubieran incumplido sus obligaciones tributarias, pues "tampoco servirían para legitimar la forma en la que se ha adoptado la medida impugnada". "Cualesquiera que sean los fines que guíen al legislador", "(...) deben respetarse los principios establecidos en el art. 31.1 CE, en orden a conseguir un sistema tributario justo".

En conclusión, "el objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular".

 
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10 Comentarios
  • LAIE LAIE 09/06/17 13:01

    Yo tengo una pregunta y agradecería que quien pueda contestarmela, lo haga. Por qué el Constitucional, cuya función es aplicar y defender la Constitucion,, no actuó en cuanto vio que ésta se estaba vulnerando? Por qué no paro en seco la aplicación del RD? Su actuación no contribuyó a la que el daño ciudadano fuera efectivo?

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  • Sancho Sancho 09/06/17 00:03

    ¡¡Habrá que votar al Psoe!! es el único que les puede hacer frente...¡¡Viva el Psoe!!

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  • Sancho Sancho 09/06/17 00:00

    Qué bonita sentencia del Constitucional, "El Consti", como dice Su Santidad...Es preciosa, y vale para que ven en el parlament que son duríiiiiisimos con quien haga falta; ¡faltaría más! que aunque la amnistía ya no se la quita ni su tía, ¡menudos son de duros y serios los del Consti, con Montoro o con "Tunvaca", si fuera menester!...Eso sí, ¡¡Menuda sentencia!!, ¡¡Uff!!, no vale ni para tomar por culo, pero, ¡cuidado!, ¿Quién había dicho que las leyes no son iguales para todos, a ver?.

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  • Inocencio XIV Inocencio XIV 08/06/17 23:27

    Que si a quien beneficia, que si a quien afecta...Hay que joderse con los rojos preguntones. Lo que dice el Tribunal Constitucional se acepta y punto. Esto es como lo de la Santísima Trinidad: no lo entiende ni Dios pero va a misa. ¡¡¡Viva la  Consti y viva nuestro Estado de derecho y que siga la fiesta!!! Me cagüen tó. 

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  • mcjaramillo mcjaramillo 08/06/17 23:18

    Si esa anulación de la ley de amnistía hubiera afectado a los que se acogieron a ella, no se habría quedado en simple paripé.

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  • irreligionproletaria irreligionproletaria 08/06/17 22:54

    2.- Se que aparezco 'plasta' para muchos, pero, es imprescindible leer el texto del RDL12/2012, donde aparece (*) (1) que explica pie de pag. (*) Los apartados 6 y 7 de esta disposición han sido añadidos por la disposición final tercera de la Ley 12/2012, de 26 diciembre de medidas urgentes de liberalización del conercio y determinados servicios (BOE 26 de mayo) con efectos desde la entrada en vigor del RDL-12/2012. (1) Véase la disposicio adicional única, efectos de la declaración tributaria especial, de la LO 7/2012 27 noviembre) por la que se modifica la LO 10/1995, 23 noviembre, del CP en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la SS (BOE de 28 diciembre)// El punto 5. De la Disposición anulada, refiere (2) Véase la Orden HAP/118/2012, 31 mayo.// Corolario: cualquier asalariado, activo o pasivo, cotiza el 14% con unos ingresos anuales de +-16000e. (Ingresos del 30% de la población) Han regulado la situación por IRPF, Sociedades y No residentes, por todas las actividades que devengaban impuesto, por el precio de adquisición antes del 31/12/2010. TODOS SUS 'PRESUNTOS ILICITOS' REGULADOS -porque la aplicación de la ley no tiene carácter retroactivo, salvo, que beneficie al reo- Ergo , SE RIEN A MANDÍBULA BATIENTE...Objetivo cumplido...no volverán; pero, los suyos estan a salvo y a 8/junio/2017, es inconstitucional...// Disculpen el aburrimiento...este mortadelo, seguirá burlandose.

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  • irreligionproletaria irreligionproletaria 08/06/17 22:21

    La risa de mortadelo me enarva. Pero, el error está en reaccionar como si fuesen ignorantes.. Y QUIENES NO TENEMOS RESENTANTES 'SUFICIENTEMENTE PREPARADOS' PARA DEFENDER NUESTROS DERECHOS, somos los contribuyentes al erario en las cuotas correspondientes. // El FALLO, que puede leer cualquiera en el PDF que adjunta Infolibre, dice "...ha decidido: Estimar el recurso de inconstitucionalidad núm.3856-2012 y, en consecuencia, declarar inconstitucionañ y nula "la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se producen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del deficit público con los efectos señalados el el Fundamento Jurídico 6 de esta Sentencia. Publíquese en el BOE. Dado en el 8/junio/2017. // "6. La medida prevista en la disposición adicional primera del RDL-12/2012 ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el arlo 31.1 CE, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga trbutaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Al haberlo hecho así es evidente que no puede introducirse en el ordenamiento jurídico mediante el instrumento normativo excepcional previsto en el arlo 86.1 CE; esto conduce necesariamente a declarar la disposición impugnada inconstitucional y nula, por contradecir la prohibición prevista en este precepto constitucional. ...Esta declaración de inconstitucionalidad y nulidad de la DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA del RDL12/2012, por contradecir el arlo 86.1 CE, hace innecesario entrar a conocer la lesión de los ppios. recogidos en arlo 31.1CE....para precisar el alcance de esta Sentencia, DEBEN DECLARARSE NO SUSCEPTIBLES DE SER REVISIDAS COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA RDL-12/2012 LAS SITUACIONES JURIDICO-TRIBUTARIAS FIRMES PRODUCIDAS A SU AMPARO, POR EXIGENCIA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE SEGURIDAD JURÍDICA DEL ARLO 9.3 CE (por todas STC 189/2005 FJ9)// Lean la disposicion anulada por inconstitucionalidad y el apartado VII de la Exposición de Motivos

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  • Veletri Veletri 08/06/17 22:17

    Una nueva chapuza de estos ineptos del PP que necesitan tener tribunales a medida para ganar el más mínimo pleito.

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  • jj51 jj51 08/06/17 22:14

    Por 80 euros te guardan un año en la cárcel .... pero si eres un delincuente de ésos a quienes el país les importa un bledo ( como la infanta, Urdanguarrín, Pujol y demás) no sólo te perdonan sino que encima te premian. ¿Cuándo se acabará con todos esos hijos de Franco? ¿Cuándo?

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  • joanose joanose 08/06/17 21:42

    Pero no es también anticonstitucional que el Tribunal Constitucional dicte sentencia de que  "es anticonstitucional la amnistía fiscal" y que sea sin consecuencias retroactivas???. No es también anticonstitucional una sentencia que validad la impunidad y el aquí no pasan nada??? 

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