El Gobierno considera clave asumir las competencias de Junqueras

Este miércoles, a menos de 24 horas para que al president de la Generalitat se le acabe el segundo plazo dado por el Gobierno para que aclare si ha declarado la independencia de Cataluña en el Parlament, el Ejecutivo ultima las medidas a adoptar en el caso de tener que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Lo hace, explican las fuentes consultadas, en contacto con el PSOE y con Ciudadanos. "El compromiso de Rajoy es no dar ni un sólo paso sin hablarlo previamente con Sánchez y Rivera y así va a ser", añaden.

El Gobierno está ante un escenario inédito puesto que, hasta la fecha, nunca se ha aplicado esta herramienta constitucional. En los últimos días, desde el Ejecutivo se ha intentado hablar de la "intervención" de Cataluña. Hasta el propio Rajoy, en su carta de respuesta del lunes a Puigdemont hablaba del 155 como una forma de "restaurar la legalidad" en la comunidad autónoma. Las opciones son múltiples y el 155 puede aplicarse de una forma completa o selectiva. Todos los ministerios del Gobierno han elaborado informes al respecto sobre sus departamentos y entre los ministros circulan diferentes teorías sobre cuáles serían los primeros pasos a dar. No obstante, si hay algo en lo que coinciden el grueso de las fuentes consultadas es en que es clave asumir las competencias de Oriol Junqueras, el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat.

El debate está en si ese control de las responsabilidades de Junqueras se hace de forma directa, sustituyéndole desde el Gobierno central, o si se ubica a alguien al frente sin una destitución formal. En todo caso, la persona que asumiría las riendas de la Hacienda catalana sería una persona de "perfil técnico".

En el Ejecutivo subrayan que las medidas de control de las cuentas de la Generalitat aprobadas el pasado septiembre ya son "contundentes". Pero admiten que todavía se puede hacer más en este campo. ¿Por dónde pasaría el mayor control? Por los organismos autónomos y la recaudación.

Para el Gobierno es fundamental controlar que no se destinan fondos públicos a la constitución de estructuras de Estado. De ahí que tengan puesto el foco en la Economía y la Hacienda catalana. Pero va más allá. Consideran que Junqueras es uno de los máximos responsables de la "fuga de empresas" de Cataluña.

Como ya ha informado infoLibre, otro de los campos que el Gobierno cree que debe estar bajo su control es el de la seguridad. La intervención de los Mossos tiene sentido, según mantienen en el Ejecutivo, porque son ellos quienes tienen en sus manos las competencias en materia de seguridad ciudadana y son clave en un momento en el que el malestar por la respuesta del Gobierno volvería a instalarse en las calles.

Presiones para la convocatoria de elecciones

De forma paralela, el Ejecutivo presiona a Puigdemont con el mensaje de que aparcará la aplicación del 155 si convoca elecciones autonómicas sin declarar la independencia. En este caso, el marco legal sería la LOREG, por lo que no habría motivo, explican desde la Presidencia del Gobierno, para continuar con esta herramienta. Lo que no se frenaría serían las medidas económicas excepcionales que afectan a la Generalitat.

Desde el 15 de septiembre, a raíz de un acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Estado asume los pagos de los servicios sociales y el grueso de las nóminas de los funcionarios de Cataluña: unos 1.400 millones mensuales. Fue la medida que Hacienda propuso ante la negativa de la intervención de la Generalitat de remitir un resumen semanal garantizando que no se habían destinado fondos públicos a la promoción u organización del 1-O.

Este miércoles, el presidente del Gobierno cerrará los flecos de la aplicación del artículo 155 con Pedro Sánchez (PSOE) y con Albert Rivera (Ciudadanos). Con el primero, de visita en Bruselas, lo hará vía teléfonica. Con el líder de la formación naranja se verá en el Palacio de la Moncloa por la tarde.

El calendario

El jueves por la tarde, Rajoy estaría en Bruselas, para participar en la reunión del Consejo Europeo. La cita se prolonga hasta el viernes. Así, si Puigdemont no responde al requerimiento anunciando una "vuelta a la legalidad", en palabras del Ejecutivo, el presidente podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el mismo jueves antes de viajar o dejar que se adoptasen las medidas en el del viernes 20, que presidiría Soraya Sáenz de Santamaría. En ese Consejo de Ministros, el Ejecutivo ya tendría que plantear las medidas concretas que propone para Cataluña.

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De ahí pasaría al Senado, que tendría que reunir a la Mesa para que trasladase los trabajos a la Comisión General de Comunidades Autónomas o a otra creada a estos efectos, un trámite que podría cumplirse el mismo jueves o el viernes. Las fuentes más optimistas consideran que a mediados de la semana próxima, podrían estar activadas las medidas. Otras creen que, teniendo en cuenta los plazos que dio el propio Gobierno a Puigdemont –8 días–, el Senado recurriría a plazos similares. Esto nos llevaría a la siguiente semana.

En un sector del Gobierno se ha instalado la idea de que Puigdemont podría convocar autonómicas las próximas semanas, antes de que el Pleno del Senado debata las medidas concretas para la aplicación del 155.

No obstante, el fin último del recurso a este herramienta constitucional sería la convocatoria de elecciones. Entre los asuntos que Rajoy ha de cerrar con Sánchez y Rivera está el de los plazos. No se trata de un asunto menor si se tiene en cuenta que la idea de Rivera es que han de convocarse comicios con carácter inmediato, algo que los conservadores ven, a día de hoy, "muy arriesgado".