España arranca el año con otros seis nuevos ultimátums de Bruselas

Bruselas continúa presionando a España para que cumpla de una vez por todas con las normas comunitarias. El pasado jueves, la Comisión Europea emitió contra nuestro país hasta seis dictámenes motivados –paso previo a acudir al Tribunal de Justicia de la UE– al detectar que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin poner solución a las infracciones del derecho comunitario en cuatro ámbitos diferentes: medio ambiente; estabilidad financiera, servicios financieros y unión de los mercados de capitales; justicia, consumidores e igualdad de género; y principios de los tratados. Esta media docena de decisiones tomadas por el Ejecutivo que preside Jean-Claude Juncker se suman a los 12 dictámenes motivados que se emitieron contra España durante 2017 y que todavía se encuentran en curso en Bruselas. 

La Comisión Europea inicia así la segunda fase del procedimiento de infracción formal, que se inicia con una carta de emplazamiento en la que se solicita al gobierno del Estado miembro que presente sus observaciones sobre el problema detectado por las autoridades europeas. En caso de no recibir respuesta o la contestación sea insatisfactoria, la Comisión emite un dictado motivado en el que se da al país en cuestión un plazo de dos meses para arreglar las disfunciones apreciadas por Bruselas. Si el Estado mantiene una posición inmovilista, el caso se remite al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que suele resolver después de una media de dos años. Según explica la Comisión, más del 85% de los asuntos se solucionan antes de la fase contenciosa.

De los seis ultimátums dados a España, cuatro tienen que ver con la falta de transposición de normativas comunitarias. En marzo de 2017, España tenía pendientes de adaptar a la legislación nacional 78 directivas europeas, según plasmó la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes en una respuesta parlamentaria por escrito al diputado del PDeCAT Carles Campuzano: una de 1998, cinco de 2013, 23 de 2014, 18 de 2015, 28 de 2016 y 3 del año en curso. En aquel momento, fuentes de la secretaría de Estado para la Unión Europea consultadas por infoLibre lo achacaban al largo periodo de Gobierno en funciones y aseguraban que ya se estaban estudiando el tipo de mecanismos legislativos para transponerlas. Casi un año después, siguen llegando varapalos de Bruselas por este asunto.

Residuos de industrias extractivas

En primer lugar, la Comisión Europea ha dado un ultimátum para que se adopten medidas en relación con los residuos salinos que la empresa Iberpotash está vertiendo en los municipios barceloneses de Súria y Sallent, en la cuenca del río Llobregat. En un comunicado, el Ejecutivo comunitario señaló que "las autoridades regionales –en este caso la Generalitat–" deben velar por que las instalaciones de residuos de la industria extractiva "cumplan plenamente" con la normativa europea –Directiva 2006/21/CE– y deben "aplicar las medidas necesarias" para mejorar la calidad del agua en la cuenca del río Llobregat. "La situación actual sigue causando graves problemas medioambientales como consecuencia de la extracción de potasa", apunta Bruselas.

El procedimiento de infracción en este asunto, sobre el que en los últimos años también se han pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Supremo, se inició hace cuatro años. El peligro para la salud humana, el golpe contra el medio ambiente y que la empresa operadora no hubiese tomado las medidas necesarias para disminuir los efectos dañinos de la gestión de los desechos de extracción hicieron que la Comisión Europea abriera el expediente con una notificación a España. Ahora, la Generalitat tiene dos meses para poner solución a la contaminación del Llobregat si no quiere que Bruselas ponga el asunto en manos del TJUE. Desde la Generalitat señalan que "se han valorado cosas antiguas" y que "hoy la situación es diferente".

Transposición de directivas

En materia económica, el Ejecutivo comunitario ha exigido a España –y a otros 11 Estados miembro– que transponga la directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, la conocida como MiFID II, así como la directiva delegada que se aprobó en abril de 2016 y que completa a la primera. Estas normas, según la Comisión, buscan conseguir unos mercados financieros de la UE "más transparentes, competitivos e integrados" para lograr una "mayor protección de inversores y consumidores" y garantizar la estabilidad financiera. El pasado mes de diciembre, el Gobierno de Rajoy aprobó un real decreto para transponer parcialmente MiFID II. Ahora, Bruselas presiona para que la ajusten por completo.

El Ejecutivo de la UE da también dos meses de plazo al Gobierno para que adapte a la legislación nacional la directiva sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y la normativa sobre requisitos de capital. Esta última, fija los "requisitos prudenciales" para las entidades de crédito mediante "la determinación de normas sobre el importe del capital que las entidades deben tener para cubrir las posibles pérdidas". A más tardar, los Estados debían tenerla incorporada antes del 31 de diciembre de 2013. Cinco años después, todavía faltan algunas disposiciones referidas "a las facultades de las autoridades competentes, las sanciones administrativas u otras medidas aplicables a las entidades declaradas responsables de una infracción grave en la lucha contra el blanqueo de capitales".

Dos meses da, así mismo, al Ejecutivo español –también al austriaco, búlgaro y luxemburgués– para transponer las normas de la Unión Europea en relación con la orden comunitaria de investigación en materia penal, algo que tenía que haber hecho antes del pasado 22 de mayo. En concreto, la directiva exige a los países miembro, tal y como recuerda la Comisión, "que reconozcan y ejecuten la solicitud de pruebas presentada por otro Estado de la misma manera y bajo las mismas circunstancias que si la medida de investigación hubiera sido presentada por una autoridad nacional". "De esta manera, la lucha contra la delincuencia y el terrorismo es mucho más rápida y eficaz a nivel europeo", completa el equipo capitaneado por Juncker.

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Cambios en la legislación nacional

Por último, el Ejecutivo comunitario ha exigido a España que corrija algunos aspectos de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que se aprobó en el año 2015 después de que Tribunal de Justicia de la UE dictaminará que el impuesto sobre los carburantes que algunas comunidades autónomas aplicaban y cuyos ingresos se usaban para financiar la sanidad –el conocido como céntimo sanitario– era contrario a la legislación europea. En opinión de la Comisión, "las actuales disposiciones nacionales" sobre el régimen jurídico y sobre los procedimientos administrativos comunes para el sector público "hacen que sea extremadamente difícil comprometer la responsabilidad del Estado por una infracción de la legislación de la UE".

"La normativa española –continúa Bruselas– ha establecido condiciones menos favorables en lo relativo a la responsabilidad por una infracción de la legislación de la UE que por la responsabilidad debida a una infracción de la Constitución española". Además, añade el Ejecutivo europeo, "contiene condiciones de procedimiento" que no son "acordes" con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo. Por todo ello, enviaron en junio de 2017 una carta de emplazamiento a las autoridades españolas para que arreglaran todas estas cuestiones. Siete meses después, dan un nuevo paso iniciando la cuenta atrás. Si España no corrige las disfunciones detectadas desde Bruselas, tendrá un nuevo caso al que hacer frente en el TJUE. Otro más.