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El futuro de Cataluña

El Supremo impide que Jordi Sànchez acuda al Parlament a su investidura

  • El magistrado Pablo Llarena basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva y apunta a que hay otros candidatos a la Presidencia que no presentan riesgos
  • Considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal

infoLibre Publicada 09/03/2018 a las 16:04 Actualizada 09/03/2018 a las 16:25    
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El diputado electo de JxCat, Jordi Sànchez, acude a declarar a la Audiencia Nacional (archivo).

El diputado electo de JxCat, Jordi Sànchez, acude a declarar a la Audiencia Nacional (archivo).

E.P.
El magistrado el Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa por el procés, denegó al candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez (JuntsxCat) permiso para salir de prisión y acudir al Pleno de investidura fijado para el próximo lunes en el Parlament de Cataluña. También rechaza, al apreciar riesgo de reiteración delictiva, la petición de excarcelación que hizo su defensa en su escrito del pasado martes y lo hace sin que expire el plazo de cinco días que dio a las acusaciones para posicionarse al respecto, según informó Europa Press.

En consonancia con la Fiscalía, la única parte que este viernes ya había respondido al requerimiento del juez, el juez Llarena mantiene la medida cautelar de prisión provisional comunicada y sin fianza que dictó para Sánchez la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 16 de octubre. Vox anunció que no informaría hasta el lunes, por lo que el magistrado responde sin esperar a conocer la postura de la acusación popular ni tampoco la de la Abogacía del Estado.

Llarena basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas "claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en el ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente".

En un auto de 26 páginas, el juez relata primero los indicios de delito contra Jordi Sánchez que se fueron afianzando a lo largo de la instrucción, y su participación en un concierto de voluntades para conseguir una república en Cataluña fuera de todo cauce legal.

Explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 –fecha del asedio a la Consejería de Economía– todos ellos "hubieron de representarse que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace". "Y si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intención de utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en este proceso", añade el auto.

"Intolerable" la independencia sin soporte legal

Subraya que es "intolerable, social y jurídicamente, que pueda alcanzarse la secesión (de Cataluña) desde vías de hecho que, sin soporte constitucional y legal, rompen inexorablemente la convivencia social, familiar y personal de todos y cada uno de los miembros de la comunidad".

Una vez constatada la gravedad de la conducta, el juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el encausado persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la norma penal.

"La investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron a perseverar en su táctica", señala el auto, que subraya además la reciente integración de Jordi Sánchez en una candidatura electoral "que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon".

"Dado que los hechos cuya reiteración se teme afectan a valores constitucionales que tienen una proyección directa en los derechos subjetivos de toda la población, su protección en la eventualidad de conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto a la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde", explica el magistrado.

Además, recuerda que esta situación afecta a un candidato como Jordi Sànchez que ya concurrió privado de libertad al proceso electoral, y que, asimismo, "no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama".

Hay otros candidatos que no presentan riesgos

Añade que la candidatura tiene otros integrantes en "los que no se aprecian los riesgos colectivos que tratan de conjurarse".

En cuanto al permiso para acudir al Pleno del próximo lunes, el magistrado la deniega tras realizar una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que tratan de protegerse. Explica que si bien el artículo 23.1 de la Constitución reconoce el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones, esos derechos se pueden limitar fundándose en finalidades constitucionalmente legítimas que presenten una correspondencia razonable en su intensidad. Se trata de un argumento que también exponía en su escrito la Fiscalía.

Concluye al respecto que, "aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección".

Frente a la invocación por la defensa del precedente de 1987, cuando la Audiencia de Navarra concedió permiso de salida al etarra Juan Carlos Yoldi, para acudir a defender su investidura como lehendakari, el magistrado indica que los delitos en ambos casos eran distintos.

En el caso de Yoldi, se trataba de comportamientos delictivos que no verían potenciado el riesgo de su reiteración en la eventualidad de que el permiso condujera a un mayoritario apoyo parlamentario a su candidatura. En aquel caso, el permiso solo podía afectar a un eventual riesgo de fuga, por lo que se adoptaron las pertinentes medidas de seguridad.

Su traslado al Parlament no sería seguro

El juez resalta también que una conducción vigilada no aporta la contención precisa para un traslado seguro, "menos aún en quien –como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución– ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley".

Por ello, el ejercicio del derecho que se solicita por Sànchez "no supone sino favorecer la reiteración delictiva que trata de conjurarse, visto que la actividad delictiva que se investiga se desplegó –precisamente– desde actuaciones legislativas y ejecutivas claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales del ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente.

Razones de no cumplir sus propios plazos

La Fiscalía ya había informado este viernes en contra de la libertad y el permiso, pero Vox anunció que no lo haría hasta el lunes, por lo que el magistrado Llarena respondió sin esperar a conocer la postura de la acusación popular ni tampoco a la Abogacía del Estado.

Lo justifica señalando que "una demora en la resolución puede hacer ineficaz el derecho cuya preservación se busca" y que las partes tuvieron posibilidad de dar a conocer su postura "antes de que se alcanzara el momento en el que el solicitante pude ver desvanecido su derecho".

La defensa del que fuera presidente del la Assemblea Nacional Catalana (ANC), en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre, pidió expresamente al magistrado que se pronunciara sobre esta cuestión antes del próximo lunes y anunció que, si esta respuesta no se produce a tiempo o es negativa acudirá a denunciarlo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y pedirá allí que se decrete su libertad para ejercer sus derechos políticos.
 

 


 
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11 Comentarios
  • Hammurabi Hammurabi 09/03/18 21:56

    Qué encierra el no querer ver lo evidente?

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    3

    1

  • andresb andresb 09/03/18 20:59

    esto tiene nombre, se llama prevacicacion, y cuanto menos resulta sorprendente el silecio de los democratas y gentes de izquierdas, con estas situaciones, dice hoy Ada Colau, que pesenten a alguien que no este en la carcel o el exilio, en lugar de deninciar con la adecuada contundencia el que esten en el exilio, en la carvel o simplemente procesados, lo tienen facil que presenten a Domenech o a Garcia Albiol, No hay que preocuparse por que no fueron votados, Llarena puede nombrarlos con una orden judicial,

    Responder

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    10

    10

  • andresb andresb 09/03/18 20:59

    esto tiene nombre, se llama prevacicacion, y cuanto menos resulta sorprendente el silecio de los democratas y gentes de izquierdas, con estas situaciones, dice hoy Ada Colau, que pesenten a alguien que no este en la carcel o el exilio, en lugar de deninciar con la adecuada contundencia el que esten en el exilio, en la carvel o simplemente procesados, lo tienen facil que presenten a Domenech o a Garcia Albiol, No hay que preocuparse por que no fueron votados, Llarena puede nombrarlos con una orden judicial,

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    9

    5

  • RFripp RFripp 09/03/18 20:58

    Los soberanistas lo tienen en su mano si quieren formar Gobierno. Siguen de pulso, el Estado tiene sus armas. Prevaricar el Juez ? A los Tribunales.

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    5

    6

  • Libertino Libertino 09/03/18 20:14

    Si el PSOE traga y apoya todo esto, está ideológicamente muerto. Este país se queda sin esperanza de cambio y regeneración. Que náusea!

    Responder

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    11

    16

  • Libertino Libertino 09/03/18 20:06

    "... una conducción vigilada no aporta la contención precisa para un traslado seguro, "menos aún en quien –como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución– ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley". ¿Se puede escribir esto en un auto en pleno siglo 21 en un país supuestamente avanzado y democrático? Nos hemos gastado 90 millones de euros en mandar policías a golpear a las ancianas armadas con papeletas y no se puede garantizar el traslado seguro de un sólo hombre!!??

    Espero que toda la indignación que ayer se vio en las calles se traduzca de verdad en votos que echen a estos falangistas del gobierno.

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    9

    17

  • Libertino Libertino 09/03/18 19:59

    Si Elpidio Silva fue inhabilitado 20 años por mandar tres días a la cárcel al intocable Miguel Blesa, ¿qué no se merece este juez prevaricador, inquisidor y fascista? ¡Da auténtico miedo!

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    10

    22

  • Larry2 Larry2 09/03/18 19:56

    No entiendo nada. Si le han dejado presentarse a las elecciones con una prisión preventiva por medio, y lo han elegido parlamentario, los ciudadanos y ahora lo eligen para investirlo presidente en el parlamento, algo falla.... Va a elegir el tribunal supremo al próximo presi de la generalitat?-. Esto no es entendible.  Que peligro tiene? Eso es democracia?. Este país es la risión.  

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    9

    23

  • Mascarat Mascarat 09/03/18 19:33

    El juececito prevaricará todo lo posible y, si fuera posible, lo imposible, para contentar a su amo y señor M. Rajoy.

    Vergüenza...!!!

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    12

    21

  • vibado vibado 09/03/18 19:15

    El supremo , supremísimo , se convierte en "" TORQUEMADA """ de la santa inquisición , los q quemaban a todo el q se movía , el sabrá ,el juez LLanera ,pero su carrera judicial la marca para siempre , ya en la dictadura había, todos los jueces , q cometían tropelías en el santo nombre de .................. siglo 21 , y todavía estamos así ,con fundamentalistas en el poder

    Responder

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