La conferencia de rectores no aporta un solo dato sobre los "graves hechos" del máster de Cifuentes y se remite a Fiscalía

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, aseguró este miércoles en rueda de prensa que existen "graves irregularidades" en relación al máster en Derecho Público del Estado Autonómico en el que se matriculó la presidenta de la  Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, si bien no aportó ni un solo dato al respecto. Fernández se escudó en que la CRUE es una organización privada que "no tiene potestad jurídica para inmiscuirse en la autonomía de cada universidad". 

La organización en la que se agrupan los responsables de los campus públicos y privados nombró a dos inspectores externos para que ejercieran de observadores en el procedimiento abierto por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC): Carmen Ruiz Llamas, jefa del área de la Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia; y José Ángel Contreras, director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos. No obstante, ambos se han limitado a constatar que ese proceso se llevó a cabo "con todas las garantías administrativas y procedimentales". Para más detalles, el presidente de la CRUE se remitió a los trámites que pueda llevar a cabo la Fiscalía, que abrió diligencias sobre el caso el pasado viernes. 

Eso sí, los observadores designados por la CRUE han constatado que en el expediente abierto por la URJC "no obran parte de los documentos solicitados" por la Inspección de Servicios de ese campus a las distintas unidades intervinientes en la gestión del máster, algo que atribuyen a la interrupción de esos trámites por el inicio de la investigación de la Fiscalía. También han constatado que no se efectuaron las comparecencias de personas clave en la investigación como consecuencia de las solicitudes de aplazamiento o los partes médicos presentados por los aludidos. 

"Grave irregularidad"

En relación al caso concreto de la presidenta regional, a preguntas de los periodistas, Fernández sí admitió que si "se confirman el conjunto de hipótesis" que han ido publicando varios medios de comunicación en las últimas semanas sobre las condiciones en las que accedió a esa titulación, "sí estaríamos ante una grave irregularidad universitaria". En concreto, citó el hecho de que las notas "no fueran las correctas", de que "no aparezca" el Trabajo de Fin de Máster o de que "presuntamente no se hiciera la defensa". El rector de la URJC, Javier Ramos, ya aludió a todas estas cuestiones en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes. 

Respecto a la actuación de Ramos, el presidente de la CRUE admitió que las declaraciones que hizo el pasado 21 de marzo, el mismo día que eldiario.es publicó su primera información sobre este caso, fueron "algo precipitadas". Ese día aseguró que se trataba únicamente de un error de transcripción. No obstante, Fernández sí calificó de "acertada" la decisión de Ramos de abrir un expediente informativo y de trasladar el caso a la Fiscalía "cuando tuvo fehaciente conocimiento de que podía haber irregularidades administrativas". 

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Aunque no ofreció hechos, el presidente de la CRUE sí fue más tajante en sus reflexiones. "Los políticos no son una raza de ciudadanos distinta, no tienen derechos ni obligaciones distintas a los demás, y por tanto los políticos en ejercicio de representación de la soberanía nacional, si dicen tener un máster, deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no lo tienen es motivo de dimisión de su cargo público", aseguró.

También hizo una defensa férrea de las universidades públicas y de los universitarios, cuyo comportamiento calificó de "ejemplar", aunque –dijo– "es posible que se produzca alguna incorrecta actuación de forma puntual".

En este sentido, hizo un llamamiento a los políticos para que "mantengan a la universidad española al margen de sus legítimas contiendas". "Nos parece inaceptable que algunos políticos hayan extendido una sombra de duda en el funcionamiento de la universidad española. Esa actitud manifiesta una mayúscula irresponsable frivolidad impropia del ejercicio de un representante democrático", sentenció.