La subcomisión del Congreso para la reforma de la ley electoral entra en punto muerto

La reforma de la ley electoral prometía ser uno de los temas candentes de esta legislatura. En mayo del año pasado, quedó constituida en el Congreso una subcomisión para abordar cambios en una norma criticada desde hace años por los grupos minoritarios y, en los últimos tiempos, por Unidos Podemos y Ciudadanos, que han realizado propuestas para sustituirla por un método más proporcional. Pero esa subcomisión está prácticamente parada: su última reunión se celebró el pasado mes de marzo, y en un año de ella no ha salido ninguna propuesta concreta, ya que únicamente se ha dedicado a escuchar comparecencias de expertos y organizaciones de la sociedad civil.

Hace unos días, la reforma de la ley electoral volvía a la actualidad después de que el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, sacara del cajón una de las propuestas clásicas de los conservadores: el cambio en la norma para garantizar que gobierne la lista más votada en las elecciones locales. Hernando aseguró que durante "este periodo de sesiones" –que termina en junio– el PP presentará una "iniciativa" en este sentido para que "el alcalde sea elegido por los ciudadanos y no en despachos". Ciudadanos, por su parte, señaló este fin de semana que "estudiará" la propuesta cuando sea presentada.

El portavoz del PP no concretó ni el formato de esa iniciativa –si fuera una proposición no de ley no tendría ningún tipo de efecto vinculante– ni tampoco si su grupo la presentará para ser debatida por el pleno o por la comisión. Pero lo cierto es que, hasta este momento, solo Unidos Podemos y Ciudadanos han mostrado interés en reformar la ley electoral, y de hecho el partido morado presentó el pasado febrero una propuesta concreta para sustituir el actual sistema D'Hondt de reparto de escaños por el método Sainte-Laguë, que aumenta la proporcionalidad.

PP y PSOE han rechazado esta propuesta, y buena muestra de la escasa iniciativa que existe por parte de estos partidos a la hora reformar la ley electoral es la parálisis de la subcomisión constituida en el Congreso en mayo de 2017. Desde que fue creada como un órgano dependiente de la Comisión Constitucional, la subcomisión únicamente ha servido para escuchar las propuestas y apuntes de once comparecientes, y el pasado mes de diciembre el pleno del Congreso aprobó ampliar hasta el próximo 30 de junio el plazo que tenía otorgado para entregar un informe de conclusiones sobre la reforma de la ley electoral, dado que apenas se han producido avances.

Tanto Unidos Podemos como Ciudadanos aseguran que la subcomisión está, como poco, congelada. "No se reúne, y cuando lo ha hecho solo ha sido para escuchar comparecencias, por eso nosotros comenzamos a mover nuestra propuesta fuera de la subcomisión", afirman fuentes de Unidos Podemos, que en febrero comenzó a mantener reuniones para presentar al resto de partidos su propuesta para reformar la ley electoral. Y lo mismo denuncia Ciudadanos: "La subcomisión va al trantrán porque está claro que el bipartidismo no quiere cambiar" la norma.

La reforma del voto rogado

De las once comparecencias que se han celebrado en el año que lleva en marcha la subcomisión, seis han sido de funcionarios del Estado de diversa índole y otras cinco, de expertos y asociaciones de la sociedad civil. El tema que se ha abordado con más frecuencia ha sido la reforma del voto rogado, un asunto muy polémico desde que se reformó el sufragio desde el exterior en 2010 y se complicaron los trámites para ejercer el derecho al sufragio, lo que ha provocado que se haya reducido sensiblemente la participación en las elecciones de los españoles en el extranjero. No obstante, este problema afecta a un número relativamente reducido de personas y repercute escasamente en el reparto final de los escaños.

En este sentido, María Almena, portavoz de la Marea Granate, defendió ante la subcomisión que la reforma electoral debía contemplar, en lo relativo al voto exterior, cinco aspectos: "el sistema de inscripciones en el exterior, la derogación del ruego del voto, la ampliación de los plazos de los envíos electorales, la dotación de medios a consulados y a la Administración en el exterior en general y una reforma del sistema de voto".

Por su parte, Victoria González-Bueno, directora general del departamento de Españoles en el exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, admitió que el Gobierno es consciente de que "los españoles consideran" que el voto rogado les "perjudica". Y con ella coincidió en su intervención Carlos Granados, actual presidente de la Junta Electoral Central, que explicó que la participación desde el extranjero ha pasado de un 31% en las elecciones de 2008 –sin voto rogado– a apenas un 6,3% en las de 2016.

"Pocas conclusiones" de las comparecencias

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Por el contrario, las comparecencias relativas a otros cambios en el sistema electoral han sido mucho menos frecuentes, aunque también se han producido. Buen ejemplo es el de Miguel Colomo, portavoz de la plataforma Por un voto igual, que afirmó ante los diputados que la próxima ley electoral debe contemplar medidas como la eliminación de la exigencia de recoger un número mínimo de firmas para participar en los comicios. Colomo también pidió que, para promover la difusión de los partidos sin representación, el Estado prepare una web única en la que publique información sobre todas las formaciones que se presentan a las elecciones, así como que todos los partidos cuenten con el mismo tiempo en los medios de comunicación públicos.

En lo relativo al método de votación y a la asignación de escaños, el portavoz de Por un voto igual abogó por eliminar la barrera que impide a los partidos que no consigan un 3% de los votos obtener diputados y, asimismo, desbloquear las listas. No obstante, la modificación más trascendental propuesta por el colectivo fue el cambio del sistema D'Hondt para asignar los escaños en cada provincia por el sistema Sainte-Lagüe –el defendido por Unidos Podemos– o, en su defecto, el sistema Hare. En este último caso, Colomo planteó que deberían aumentarse "a 400 los escaños a repartir" y rebajar el número mínimo de escaños por provincia de dos a uno.

No obstante, los partidos aún no han presentado ninguna propuesta ni han comenzado a debatir un eventual informe. "Y de las comparecencias que han tenido lugar la verdad es que se han podido sacar pocas conclusiones, han sido bastante pobres, salvo quizá en lo relativo al voto rogado", critican desde Unidos Podemos, donde aseguran que siguen hablando con Ciudadanos pero ponen la pelota en el tejado del PSOE. "Nunca han querido negociar, ni en público ni discretamente", denuncian. Y sin los socialistas, la reforma de la ley electoral está abocada al fracaso.