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El futuro de Cataluña

El juez apunta a dos reuniones de Puigdemont con un empresario vinculado a la trama del 3 por ciento

  • El juez relata que el empresario Sánchez Rubio ayudó a introducir a la constructora vinculada a la trama en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Girona cuando era alcalde Puigdemont
  • Se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, entre otros

Publicada el 25/05/2018 a las 17:44 Actualizada el 25/05/2018 a las 17:55
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El expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

El expresident de la Generalitat catalana Carles Puigdemont.

EFE
El expresident de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont mantuvo dos reuniones en 2013 con el director general de la empresa pública Bimsa Ángel Sánchez Rubio y el empresario Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, todos ellos implicados en la trama del 3 por ciento que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, según informó Europa Press.

En el auto por el cual acuerda citar en calidad de investigadas a 23 personas, el juez relata que Sánchez Rubio ayudó a introducir a la constructora vinculada a la trama en el sistema de contratación del Ayuntamiento de Girona cuando era alcalde Puigdemont. Tanto es así, que se produjeron dos encuentros entre ellos, de acuerdo con el parte comercial que el empresario arrepentido elaboró.

El primer encuentro se produjo el 4 de junio de ese año entre Puigdemont, Bassols y Sánchez Rubio en el parlamento catalán con el objetivo de preparar "nuevo pliego y organización de licitaciones". Un día después se celebró una comida entre las partes para "seguir el tema", según las anotaciones del empresario.

Así se desprende del auto en el cual De la Mata cita a declarar a 23 personas en el caso del 3 por ciento, entre ellos ex altos cargos de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) por las presuntas comisiones ilegales pagadas a esta formación a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.

Entre los citados del 11 al 22 de junio, se encuentran Francesc Xavier Sánchez Vera, quien ostentaba el cargo de responsable económico y jurídico de CDC; Anna Dolors Benítez, jefa económica financiera de CDC y Carles del Pozo Cerda, gerente y coordinador de Área Económica de CDC. También están llamados el presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, y el exteniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives.

Campaña de financiación ilegal

Según el magistrado, los ahora citados contribuyeron "a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente al partido político, en forma encubierta mediante donaciones a Fundaciones ligadas a CDC (Catdem y Fórum Barcelona), en connivencia con empresarios y otros cargos de índole política, alterando todo tipo de concurso públicos, con la finalidad de dirigir los mismos hacia empresas que, a su vez, colaboraban con donaciones al partido".

En esta causa, explica el magistrado, se están investigando conductas que revelan, en forma indiciaria, la presunta comisión de delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documentos mercantiles y tráfico de influencias.

Entre los concursos que investiga el magistrado de la Audiencia Nacional se encuentra el proceso de adjudicación de la obra relativa al carril bici entre 2013 y 2014 en el cual Sánchez Vera, entonces director de Bimsa, actuó como "conseguidor" en sus reuniones con altos cargos de Oproler. Con estos trató detalles de las licitaciones a cambio de "cantidades de dinero encubiertas en forma de donaciones" a las fundaciones arriba mencionadas.

El juez también relata que algunos de los acusados que ostentaban cargos públicos fueron agasajados con regalos en reconocimiento a su intermediación. Tal es el caso de Sánchez Rubio que recibió desde la constructora una caja regalo por valor de 579,80 euros además de comidas, otro pack de "mil noches inolvidables" y un jamón.

Vera, el sustituto de Germà Gordó

Estos dos empresarios –Bassols Puig y Lerma Verde– utilizaron el nombre clave de Fernando para referirse a Sánchez Vera a quien incluso consideraron como sustituto de Germá Gordó, consejero de Justicia catalán durante la presidencia de Artur Mas.

De Anna Dolors Benítez, el juez instructor explica su vinculación con las fundaciones Trias Fargas, Nous Catalans, Catdem y Forum y señala que además controló las cuentas bancarias de las mismas. De hecho, los flujos económicos detectados entre estas y CDC "sin que medie una justificación aparente, obedecen a la existencia de una gestión bajo el principio de unidad de caja única". Mismo papel atribuye a Del Pozo Cerdá el cual interactuó con empresarios para canalizar las donaciones hacia la formación política.

Exdirigentes de empresas públicas y privadas

Completan la lista de investigados el excoordinador de empresas adscrito a la Gerencia Municipal del Ayuntamiento de Barcelona Ramón Massague Meléndez; el exgerente municipal del Ayuntamiento Constantí Serrallonga; el director de obra civil de Bimsa, Ernest Santolaria; la directora de la empresa oública Infraestructuras.Cat, Pilar Matesanz y la subdirectora de estudios del Departamento de Gobernación de la Generalitat Isabel Muradàs, quien también fue teniente alcalde de Girona tras la salida de Puigdemont.

El juez cita también a empresarios tales como Ambrosio Martínez Oliver, de la empresa Copisa; el consejero delegado de Comsa Miarnau Montserrat; el empresario ligado a la empesa Oproler José María Zaragoza; el exdirector general de contratación de Oproler Pedro Javier del Llano y el consejero delegado de Rubau Torres, Ramón Anglada.

Además del apoderado de Benito Arnó e Hijos Sau, Joan Albert Arqués; el presidente de Construcciones Deco, Antonio Cañellas; Ramón Blázquez de Certis Obres y Serveis; Joan María Pujals, de Impulsa Grup Ortiz; Antoni García Bragado, exadministrador de Tec Cuatro; Jordi Soler de Soler Constructora y Jordi Duran, exapoderado de Urbaser.

De la Mata ordena estas diligencias en un auto una vez asumida la competencia de esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, en la línea de lo que ya se acordaba por dicho órgano judicial en auto de 13 de abril, y a la vista de que todavía no se les había dado la oportunidad de ser informados de las imputaciones que se les dirigen y de aportar, en su caso, las explicaciones que estimen convenientes sobre las mismas.
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