Un mes del acuerdo para la acogida de menores migrantes: se desconocen los avances mientras aumentan las llegadas

Los migrantes y refugiados continúan llegando a España. El desplazamiento de la ruta migratoria desde el Mediterráneo central al occidental tras el cierre de fronteras de Italia ha hecho que nuestro país haya triplicado las entradas de migrantes a través de sus costas. Según el último balance del Ministerio del Interior, en lo que va de 2018 han llegado 36.674 personas, un 196% más que en el mismo periodo de 2017, cuando se registró la entrada de 12.366 migrantes y refugiados. Dentro de estas cifras, además, continúa habiendo menores, y muchos de ellos solos. Según informó este lunes la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, el Gobierno ha observado un "repunte" de los niños y niñas que han llegado a nuestro país sin la compañía de un adulto: ya hay 11.174 en España. Pero aun así, los avances que prometía el Ejecutivo continúan paralizados.

No lo dijo así Carcedo, que este lunes aseguró que las medidas anunciadas por su predecesora, Carmen Montón, están "en el trámite final para su aprobación". El Ejecutivo lleva poco menos de un mes preparando el real decreto que anunció la ya exministra y que dotará, según dijo, de 40 millones de euros a las comunidades autónomas que estén dispuestas a tutelar a estos menores. La distribución de los fondos –que tendrán una vigencia de seis meses–, se realizará en función del incremento de los menores atendidos por cada autonomía desde diciembre de 2017. Además, la medida habilita la posibilidad de que las comunidades acojan "solidariamente" a menores de otras comunidades. 

Ahí está la cuestión. La atención y acogida de estas personas se hará de manera voluntaria. Por ello, el pasado 5 de septiembre el Ministerio de Sanidad anunció que aquellas comunidades que quisieran participar en este reparto deberían presentar un plan de acogida. Tenían un plazo para hacerlo: 15 días. Sin embargo, según informan a infoLibre fuentes de Save The Children, Unicef y Fundación Raíces, las autonomías pidieron ampliar ese plazo una semana más. Pero este sábado hace un mes y las ONG, todavía, no tienen información de estos planes.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad informa a este diario de que la única información de la que disponen, por el momento, son las palabras que pronunció el lunes la propia Carcedo. Es decir, están recibiendo "información" que podría hacer que la última semana de octubre o la primera de noviembre sea efectivo ese reparto. 

Andalucía y Cataluña, las más interesadas en el acuerdo

El acuerdo llegó tras la reunión de la Mesa de coordinación interautonómica sobre menores extranjeros no acompañados, en la que participó la propia Montón. Era el segundo encuentro que se producía este año, pues el Gobierno ya se sentó con las comunidades autónomas el pasado mes de agosto con el objetivo de encontrar una solución a la presión migratoria que, sobre todo, afecta a Ceuta, Melilla y Andalucía. Pero la falta de entendimiento hizo que todas las partes salieran de allí sin acuerdo.

Andalucía no quería levantarse de la mesa otra vez sin solución. Es la comunidad que, por situación geográfica –igual que le ocurre a las ciudades autónomas–, más presión migratoria soporta. Y en particular, más menores extranjeros solos tiene que tutelar. Lo confirmó el lunes la propia titular de Sanidad, que cifró en 5.621 el número de niños y niñas no acompañados que actualmente se encuentran en la comunidad. Y como las llegadas se han incrementado, también han tenido que hacerlo los fondos destinados a la acogida: 45,4 millones de euros frente a los 17,7 que gastó en el año 2015, cuando acogieron a 895 personas. "Es un esfuerzo importante desde el punto de vista organizativo y presupuestario. El 70% de la red de acogimiento está siendo utilizada para menores extranjeros no acompañados. Hemos generado crédito y hemos hecho las modificaciones necesarias para poder atenderlos", dijo la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta, María José Sánchez Rubio (PSOE). 

En una situación similar se encuentra Cataluña, con más de 1.000 menores, y País Vasco, con una cifra muy parecida, según la titular de Sanidad. La Comunidad de Madrid, por su parte, también dio la voz de alarma. El Ejecutivo regional incluso elevó el problema a la Fiscalía, según informó el diario El Mundo. El motivo, la llegada de más de 1.000 menores en lo que va de año, es decir, el doble que hace un año. La consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno, informó al diario que la comunidad desconoce cómo han llegado, pues no están siendo transferidos. 

Al respecto, Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, explica a infoLibre que este fenómeno está siendo habitual. Según explica, cuando un niño se encuentra desprotegido es acogido en un centro de emergencia donde ve cubiertas sus necesidades básicas y se inician los trámites para declarar su situación de desamparo. "Allí no pasan más de dos o tres meses", relata. "Después, pasan a residencias, centros de menores, pisos tutelados o acogimientos familiares", continúa. El problema es que muchas de esas plazas desaparecieron cuando las llegadas no alcanzaban las cifras que alcanzan ahora. "En los últimos años, hemos visto casos de niños que han estado en los centros de primera acogida hasta dos años", lamenta. 

Muchos de ellos, por las propias condiciones, deciden escaparse del centro y buscar "protección" en otra comunidad, explica. "También puede ocurrir que, si el menor alega que quiere marcharse porque tiene un familiar en otra comunidad, aunque sea mentira, sean los propios directores de los centros quienes le financien el viaje", asegura. 

"Se demuestra que no es una prioridad"

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Aunque se desconoce si las comunidades han presentado o no esos planes de acogida, para las ONG no es una buena señal que el plazo se haya cumplido. Así lo expresa Carlos Arce, coordinador de migraciones de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH). "Para nosotros, esta forma de gestión tanto de las comunidades autónomas como del Gobierno central demuestra que este asunto no es una prioridad ni para unos ni para otros", critica. "Y más si tenemos en cuenta que todo este acuerdo es una forma de ver quién se quita el problema de forma más rápida y sencilla", continúa. 

En un principio, las ONG calificaron el pacto de positivo, pero vistos los pocos avances que a priori se han acometido, su valoración cambia. "Nosotros expusimos en su momento que es positivo que se aumente la dotación y que todo lo que mejore la coordinación entre organismos es bueno, pero con esta –aparente– dejadez se demuestra que realmente no hay ningún interés", asegura Arce.

Y todo esto ocurre mientras las llegadas no cesan, aunque las organizaciones rechazan el alarmismo. "Las llegadas han aumentado, es evidente, pero nos movemos en unos números que impiden hablar de avalancha o de colapso", explica Arce. Reyzábal, por su parte, habla en los mismos términos. "El que haya un repunte, por la información que nos llega, es real. Pero la cifra no es mucho mayor que hace unos años", asegura. El problema, dice, no es de números, sino de falta de previsión. "Ya se estaba anunciando que esto iba a ser así", critica, pero aun así, las plazas de los centros de menores continuaron cerrándose.