El sistema falló para 16 víctimas mortales de violencia machista que sí habían denunciado a sus agresores

La gran mayoría –el 67,35%– de las víctimas mortales de violencia de género en 2018 no estaba protegida por el sistema. Pero a otra parte de importantes dimensiones –el 32,65%– el sistema les falló. Fueron 16 las mujeres que advirtieron de la violencia que asolaba sus vidas y que, sin embargo, acabaron siendo asesinadas por sus agresores. Así lo denuncia la Fiscalía General del Estado en su Memoria anual, hecha pública este lunes y disponible en este enlace.

El balance muestra un ascenso respecto al ejercicio anterior, que "genera la frustrante sensación de que, a pesar de la mayor confianza de las víctimas en la respuesta judicial, no se ha sido capaz de ofrecer la protección adecuada para garantizar su seguridad". En lo que va de año, de acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, ocho de las 40 víctimas mortales por violencia de género habían interpuesto denuncia previa, un 20% del total.

¿Qué falló para que finalmente la vida de aquellas mujeres fuera arrebatada por sus maltratadores, pese a haber dado la voz de alerta? El Ministerio Público ofrece algunas pistas al respecto.

Archivo de la denuncia

En seis de los casos contabilizados, aunque se habían formulado una o varias denuncias, se acabó archivando el caso porque la víctima no deseó continuar con el procedimiento judicial, por diversas razones, o por acogerse a la dispensa de declarar, recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La dispensa de declarar ha suscitado tradicionalmente un intenso debate entre los expertos en violencia sobre las mujeres. La fiscal Susana Gisbert se confirma detractora de la herramienta. "La dispensa debería o bien desaparecer, o bien ser reformada" de manera que deje de ser una puerta abierta para las mujeres que "no declaran porque son coaccionadas, amenazadas, tienen miedo o por otros factores ajenos a su mera voluntariedad", sostiene a preguntas de infoLibre.

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de la asociación Themis Mujeres Juristas, coincide con matices. "La dispensa no debería existir cuando la mujer está personada como acusación particular en el procedimiento", detalla, "pero sí en el resto de supuestos". La jurista repara igualmente en la multiplicidad de circunstancias que condicionan la decisión de la víctima en cuanto a su declaración. "Intervienen muchísimos factores, fundamentalmente las presiones externas provenientes del propio entorno familiar y del maltratador, además de las contradicciones personales" que implica declarar contra la propia pareja.

Sentencia absolutoria

Otras dos de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas habían interpuesto denuncia, pero el procedimiento judicial resultó en sentencia absolutoria para los acusados. El motivo, de acuerdo al balance del Ministerio Público, tuvo que ver con "declaraciones contradictorias y no contarse con más pruebas".

Miguel Lorente es exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género y, en conversación con infoLibre, recuerda que el primer aprendizaje del balance fiscal es que "estamos ante una realidad frente a la que los instrumentos que usamos no son lo suficientemente sensibles".

La existencia de sentencias absolutorias, en este caso, se conjuga con un resultado fatal: el feminicidio. Por tanto, argumenta el exdelegado, "esa respuesta por parte del Estado no ha sido buena". La conclusión es que "no han sido bien aplicados los medios utilizados para esa persona que efectivamente vivía en una situación de violencia". Se ha fallado, por tanto, "en el uso". Pero también en la denuncia social. "La sociedad no pone el grito en el cielo, no se echa las manos a la cabeza, para denunciar estas situaciones", sino que al final asume que "son cosas que pasan".

Las pruebas, al fin y al cabo, "se buscan". Y si pasan desapercibidas en el caso de una mujer "que está siendo sometida a una violencia tan alta que acaba siendo asesinada, es que sencillamente no las hemos visto". La receta para Lorente tiene que ver con el refuerzo de los recursos disponibles, con una mayor formación y sobre todo con "romper los estereotipos" para superar esa "falta de credibilidad" que atraviesa a las víctimas.

Gisbert recuerda, en esa línea, que "la inmensa mayoría de órganos no están especializados" o los jueces ejercen como producto de una "mera cuestión de reparto". A su entender, por tanto, "una simple especialización cambiaría la estadística".

Coincide Gonzalo al afirmar que, siempre que hay una denuncia y ha habido después un asesinato, "el fracaso es del Estado". Y en esa asunción de responsabilidades, recalca que el problema de falta de pruebas "concierne también a la Fiscalía", por lo que no hay que "tirar balones fuera: es un fracaso tremendo". Por ello, la jurista cree necesario, en estos supuestos, iniciar "una investigación y la exigencia de responsabilidades personales" para resolver "quién se ha confundido y por qué". Cuando hay un fallo, agrega, "porque se ha pedido ayuda a la justicia y ha fallado de esa manera, hay una responsabilidad y se debe responder".

Riesgo y protección

Otro de los archivos de los casos enumerados por la Fiscalía General del Estado proviene de una incorrecta valoración del riesgo, que se había calificado como bajo. En otros seis, además, existían medidas de alejamiento vigentes que fueron quebrantadas. Herramientas que no cumplieron con su cometido: proteger a las víctimas.

El Ministerio Público se expresa especialmente crítico en esta materia. "Como ya se señaló en memorias anteriores, se constata que en ninguno de los casos se había establecido el control de las medidas por medios telemáticos, ni siquiera cuando existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores o cuando la valoración policial del riesgo era alta", narra el documento. Entre los motivos que arrojan luz a la situación, agrega, está "el hecho de que todavía no se perciben las ventajas que este medio de control supone para la protección de la víctima, frente a las molestias que genera en su vida cotidiana, lo que explica las reticencias a una utilización más generalizada".

En segundo lugar, sostiene la Fiscalía, "se hace necesario mejorar los tiempos de respuesta ante los supuestos de quebrantamiento de las medidas de protección de la víctima, incluso sin la oposición de la misma". El organismo recuerda que este tipo de incumplimientos "supone un factor de riesgo relevante que permite valorar la adopción de medidas cautelares como la prisión preventiva".

Finalmente, la institución repara en la "enorme dificultad" que entraña la valoración del riesgo o "la previsión de la conducta futura del agresor, a fin de adoptar las medidas de protección adecuadas y suficientes". A tal efecto, agrega, resulta imprescindible que al informe policial del riesgo lo acompañe otro informe realizado por las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI). "Se trata de una reclamación ya reiterada", insiste la Fiscalía, pero es además una de las medidas recogidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017.

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En ese punto precisamente se detiene Gonzalo, quien explica que las Unidades de Valoración Forense están previstas en la Ley Integral contra la Violencia de Género. "Al principio se crearon unas cuantas, pero después de 2008, con motivo de la crisis, se dejaron de crear y la consecuencia es que la valoración de riesgo la hace la Policía", lamenta. Este tipo de unidades, relata la jurista, deben estar formadas por un equipo multidisciplinar, especializado, compuesto por un psicólogo, un trabajador social y un médico forense "que analice cada caso y asesore al juez sobre cuál es el riesgo que existe", pero que también examine "los daños sufridos por mujeres e hijos menores". El Gobierno de Pedro Sánchez había prometido, para los Presupuestos Generales de 2019, un refuerzo de las unidades mediante una partida de 9,6 millones de euros, un 57,48% más que el año anterior, y la dotación de 29 nuevas plazas.

Hasta hace bien poco, recuerda Gisbert, la valoración se hacía en base a preguntas directas dirigidas a las víctimas, con las consecuentes respuestas que no siempre atendían a la realidad. Si bien hoy día el procedimiento está cambiando, "todavía hay que hacer más y que no se valore en función a lo que dice la mujer, sino en relación al riesgo que supone el agresor". No se puede obviar, dice la Fiscalía, "la fuerte vinculación afectiva que muchas víctimas mantienen con el agresor, lo que les lleva a poner en peligro su propia vida". Partiendo de tal premisa, Gisbert apuesta igualmente por un refuerzo de los recursos. "Cuantos más medios, más protegidas están las mujeres", expone.

También Lorente conviene en que la valoración de riesgo "no está lo suficientemente afinada", aunque reconoce que la tarea es siempre compleja –"el riesgo hoy puede ser bajo y mañana muy alto", señala–. Lo que "no tiene sentido", continúa, es que exista "alrededor del 30% de mujeres asesinadas después de haber denunciado". Ésa y no otra es la "demostración más objetiva de que no lo estamos haciendo bien con los instrumentos que tenemos".