PSOE y Adelante Andalucía se lanzan contra la reforma que facilita el cierre de aulas públicas

PSOE y Adelante Andalucía, la oposición al Gobierno de PP y Cs –apoyado por Vox–, se lanzaron este martes contra los planes del Ejecutivo autonómico de aprobar una nueva norma educativa que que facilita el cierre de aulas públicas.

“La situación de la educación pública en Andalucía es preocupante, pero será peor si las derechas ejecutan sus planes. Cs y PP tienen una propuesta para seguir cerrando clases en colegios públicos y favorecer a la privada. Nos encontrarán enfrente”, señaló el PSOE de Andalucía en su cuenta de Twitter, junto al titular de la información adelantada por infoLibre. Y añadía: “El Gobierno de derechas en Andalucía no cree en la educación pública”.

"Esto es muy grave. El modelo Esperanza Aguirre ha dejado el sistema educativo público hecho trizas en Madrid. Ahora lo traen aquí bajo la falsa premisa de "libertad de elección", señaló en su cuenta de Twitter el coordinador andaluz de IU, Toni Valero. 

La responsable de Política Institucional de IU y portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, afirmó en Conil (Cádiz) que la libertad de elegir colegio por parte de los padres generaría "una selección social", algo de lo que ha culpado a la "jerarquía católica", informa Europa Press. En rueda de prensa, Nieto señaló que "para condicionar el incremento de líneas educativas a la demanda social, se va a abrir la posibilidad de que las delegaciones territoriales [de Educación] puedan suprimir líneas en algunos colegios o aumentarlas".

Según la parlamentaria de Adelante, "es aquella temida demanda social que aparecía en la Lomce y que ahora parece que PP y Cs, con la colaboración entusiasta de Vox, quieren introducir con rango de ley en Andalucía". Para Nieto, es "algo que no puede hacerse", ya que "generaría no una demanda social, sino una selección social, destinando más recursos a los centros más solicitados, que lo son normalmente porque son los mejor dotados, en detrimento de aquellos que por tener un profesorado más inestable o unas instalaciones en peores condiciones, van a estar relegados dentro de las preferencias de los padres".

“Se hace una primera criba que condena a los centros que están en peor estado a seguir estándolo, y con ellos a su alumnado”. Según la parlamentaria de Adelante Andalucía, "esto es una petición expresa hecha por la jerarquía católica, que tiene una de sus piezas básicas de influencia en la sociedad y en las instituciones en el control que tiene de la educación en los centros concertados".

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Como ha publicado este periódico, el Gobierno de PP y Cs trabaja en los borradores de un decreto y una orden que sujetan la planificación de las plazas a la "demanda social", lo cual beneficia a la educación privada concertada en detrimento de la pública.

El modelo impulsado por PP y Cs se sitúa así en estela del desarrollado en Madrid y el blindado por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). La Junta quiere incorporar ahora la "demanda social" a la normativa andaluza, si finalmente se produce la modificación, actualmente en trámite. La introducción de este criterio sintoniza con las reclamaciones de la Conferencia Episcopal y los grupos católicos de defensa de la educación concertada, que han sido especialmente incisivos en la defensa del mantenimiento de la "demanda social". En octubre del año pasado Escuelas Católicas pidió expresamente a la ministra de Educación, Isabel Celaá (PSOE), que no cambiase este punto de la Lomce. En enero fue la confederación de asociaciones de padres católicos (Concapa) la que le pidió a Celaá que lo mantuviera. El propio secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha defendido el criterio de "demanda social" para la planificación de centros educativos.

La concreción de este principio de sujeción de la planificación escolar a la demanda se encuentra en el borrador de orden actualmente en tramitación, que establece que la Junta podrá "modificar el número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos, con objeto de adecuar la planificación educativa a la demanda de las familias". Ese punto es clave en la reforma impulsada por la Consejería de Educación, dirigida por Javier Imbroda (Cs). Está por ver el posicionamiento de los sindicatos, patronales y asociaciones de padres.