El Gobierno, convencido de que “aprovechar una desgracia colectiva” se volverá contra Casado y Abascal

El Gobierno mantiene oficialmente los llamamientos a la unidad y a la lealtad pero empieza a dar señales de que se le agota la paciencia. Sobre todo con Vox y con el PP, los dos partidos que critican, casi a diario, el esfuerzo que el Ejecutivo está llevando a cabo para intentar atajar la expansión del coronavirus y afrontar las consecuencias económicas y sociales de las medidas de confinamiento.

Fuentes del Gobierno aseguran que los ciudadanos no están percibiendo en la clase política la misma unidad, la fuerza y el empuje que sí están demostrando los ciudadanos para hacer frente al reto de la pandemia. “Algunos representantes públicos hablan de lealtad mientras, al minuto siguiente, con sus palabras y hechos, demuestran que sus objetivos son otros: intentar aprovechar una desgracia colectiva para obtener rendimientos políticos. No es nada descartable que, cuanto esto pase, esta actitud egoísta tenga un efecto bumerán”, aseguran.

Sanidad está muy molesta con los reproches a su gestión del material sanitario . Fuentes del departamento de Salvador Illa recuerdan que la administración y gestión de la asistencia sanitaria es competencia transferida desde hace dos décadas a cada comunidad autónoma, que son las titulares de prestar la asistencia sanitaria y proveerse de medios técnicos y humanos para llevar esta misión a buen término. “Las consejerías de salud han tenido años para estar preparadas ante las hipotéticas emergencias sanitarias que pudieran llegar y, desde luego”, subrayan, “desde el 31 de diciembre, fecha del primer positivo por Covid-19 en China, han tenido margen para hacer acopio de medios para afrontar esta emergencia sanitaria”.

El decreto de alarma no menciona “en ninguna parte”, recuerdan las mismas fuentes de Sanidad, que se retire competencia alguna a las comunidades autónomas en materia de sanidad. “Las consejerías de salud ha podido y pueden seguir comprando los suministros necesarios para ejercer su misión. El gobierno no ha dado ninguna orden de incautación. Todo lo contrario, las incontables gestiones llevadas a cabo en un complicado mercado internacional han tenido y tienen el objetivo único de ayudar en las gestiones de compra”.

Para muestra, un botón. “Que se lo digan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había vaticinado para el martes 23 la llegada de dos aviones procedentes de China con material sanitario y aún no ha llegado ninguno. Al parecer, se está encontrando con dificultades en el mercado chino, donde impera la ley de la selva. Bienvenida a la realidad”, ironizan en respuesta a las críticas que han recibido por parte de Isabel Díaz Ayuso.

Y, frente al intento de la derecha de negar los recortes en Sanidad, recuerdan que la Comunidad de Madrid llevó a cabo, bajo el mando del PP, una privatización “masiva” —multiplicó por dos las privatizaciones entre 2002 y 2012—y fue el territorio “que más recortó sus plantillas de profesionales entre 2009 y 2014, con un descenso del 9,52%, el dbole que la media nacional también bajo mandato conservador. De hecho, remarcan, entre 2007 y 2013, el gasto sanitario per cápita disminuyó en Madrid un 13,9%, el doble que en Asturias, gobernada por el PSOE.

El enfado en el Ejecutivo y en el PSOE es cada vez más evidente. La derecha y la ultraderecha, PP y Vox, volvieron a demostrar este miércoles en el Congreso que no tienen intención de dar tregua al Gobierno. Especialmente Vox, que lo hizo frontalmente, sin matices, pero también el partido de Pablo Casado, cuyo portavoz descalificó todas las actuaciones llevadas a cabo por El Gobierno desde que comenzó la crisis para acabar diciendo que está de acuerdo con la mayoría. A pesar de lo cual la prórroga del Estado de alarma salió aprobada por amplia mayoría (321 votos a favor, ninguna abstención  y 28 abstenciones) después de un larguísimo Pleno que se prolongó durante 11 horas y no concluyó hasta las dos de la madrugada. La medida se prolongará hasta el 11 de abril. 

La actitud de ambos fue especialmente llamativa porque momentos antes, en su intervención, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había pedido la prórroga del estado de alarma para ganar tiempo en la pelea contra el virus y también reclamó “otro bien igual de precioso en un momento tan crítico como el actual, que es unidad y lealtad”.

“Cada necesidad que atendemos conjuntamente, cada problema para el que hallamos solución en la cooperación, es un paso más hacia la recuperación de la vida de la ciudadanía española y la reconstrucción del bienestar común”. “Sigamos trabajando con la máxima lealtad institucional”, pidió. “Preservemos la unidad como respuesta al sacrificio que estamos pidiendo a los ciudadanos, como respuesta a la valentía de quienes salen de sus casas para combatir el virus”.

“Trabajemos juntos, pensemos en los enfermos y en sus familias, que pensemos en la angustia con que siguen la expansión de la epidemia los mayores y los más vulnerables; pensemos en los sanitarios y en sus desvelos. Ahuyentemos cualquier pensamiento mezquino, cualquier pensamiento egoísta”, añadió.

El presidente ofreció convertir la comisión de Sanidad en una comisión de evaluación a través de la cual informar al Congreso de todas las medidas que vaya adoptando el gobierno para que pueda sacar conclusiones de cara a futuras pandemias, así como de la evolución de la situación. También propuso que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dé cuentas cada siete días en ese mismo órgano, dos medidas que Casado rechazó —quiere una comisión específica y que quien dé explicaciones semanalmente sea Sánchez— y Abascal ignoró.

El Gobierno lo sabía, según Casado

El líder del PP fue durísimo. Le acusó de ofrecer sólo “mítines” y “soflamas”, de no estar respondiendo a tiempo a la emergencia, de saber que la pandemia se avecinaba y de animar la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo sabiendo lo que iba a pasar. Según Casado, Sánchez no está protegiendo a los sanitarios, los ha “abandonado a su suerte”.

Reprochó al Gobierno que culpe al PP de los recortes sanitarios y de haber puesto en marcha una “cruzada” contra el sector privado. Y reclamó, entre otras cosas, bajadas de impuestos y un monumento en Madrid para las víctimas.

Abascal no se quedó a la zaga. Aseguró haber visto venir antes que nadie la epidemia y acusó al presidente de mentir y ocultar información. Pidió la destitución del doctor Fernando Simón, cabeza visible de los técnicos y científicos que asesoran al Gobierno en esta crisis, y del vicepresidente Pablo Iglesias, así como la suspensión de la autonomía catalana. Y pidió a Sánchez que rectifique o dé paso a un Gobierno “de unidad nacional”. “Si no aprovecha la oportunidad” de los quince días que restan de estado de alarma, “no volverá a tener otra oportunidad”, advirtió. Y Vox le exigirá “responsabilidades políticas y penales”. 

Sánchez no se resistió a contestar. Y eso que que advirtió que será cuando todo este pase cuando se defenderá de las críticas del PP y de Vox —“ahora no gastaré ni un gramo de energía porque la necesito toda par luchar contra el virus”, subrayó— pero sí se detuvo a desmentir que el Gobierno haya actuado tarde. El comité de coordinación sobre el coronavirus se constituyó, recordó, el mismo día que el Gobierno, el 13 de enero, y se reúne cada día desde entonces. Y la de las Comunidades Autónomas el 24 de ese mismo mes, mucho antes de que se prudujese el primer fallecimiento.

Sánchez sí admitió que su Gobierno “no ha sido capaz de frenar” el virus. “Con los que sabemos hoy todos habríamos actuado de forma distinta”, admitió, pero no sólo España. También China, Italia o Francia. Y, sobre las demandas de paralización completa de la actividad, el presidente sí pidió no hacer de esa cuestión “un debate ideológico”, porque en su opinión es “técnico”. “No forcemos a los ciudadanos a tomar partido” sobre este tema.

Gabriel Rufián (ERC) e Iñigo Errejón (Más País) también acusaron a Sánchez de haber tomado medidas tarde y de estar desbordado por la situación. Y le pidieron que pare el país, el único modo, defendieron, de hacer frente el virus. Una estrategia a la que se sumaron Mireia Vehí (CUP) y el portavoz del BNG, Néstor Rego, que también exigió “blindar” las comunidades con menos casos, como Galicia, con el fin de impedir que se reproduzca la escalada que ya se ha producido en Madrid o en Cataluña. Y también Maite Aizpurua (EH-Bildu), según la cual no parar todas las actividades no permitirá frenar la pandemia en España.

Joan Baldoví (Compromís), aunque con menos énfasis, suscribió a necesidad de reforzar el confinamiento. Pero, al igual que Pablo Echenique (Unidas Podemos), cerró filas con el Gobierno y recordó que la principal lección de lo que está pasando es que “no podemos vivir sin lo público”. 

La formación morada defiende también la paralización de las actividades no esenciales, pero su portavoz evitó reclamar lsa medida en aras de la unidad de acción dentro del Gobirno de coalición.

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María Muñoz (Cs) se quejó de no poder celebrar el Pleno telemáticamente —el Reglamento de la Cámara no lo permite— pero tomó distancia con las otras dos derechas. Su partido apoya al Gobierno, aunque pide más medidas, reprocha también tardanza en las decisiones y se reserva sus discrepancias para cuando pase la crisis, pero respalda que no se decrete el cierre de todas las actividades económicas no esenciales: hay que “congelar sin destruir nuestra economía”, argumentó. La oferta para aprobar unos presupuestos “de emergencia”, sigue en pie, subrayó.

Con matices en relación con algunas medidas —reclama más iniciativa sociales—, Mikel Lejarza (PNV) defendió el apoyo de su grupo a la prórroga del estado de alarma, así como a la estrategia de no ampliar las medidas de confinamiento y no decretar la paralización de todas las actividades no esenciales.

También Tomás Guitarte (Teruel Existe) se sumó al Gobierno y al llamamiento a la unidad por encima de las ideologías en un momento como el presente, de especial gravedad.