La ministra de Educación, Isabel Celaá.
EFE"El Gobierno tramita la ley que va contra los colegios de educación especial". Con estas palabras denunciaba, el pasado domingo, la asociación Inclusiva sí, especial también, la norma sobre la que viene trabajando Isabel Celaá, ministra de Educación, desde hace más de un año y que prevé retomar ahora su tramitación. "Quieren traspasar, en diez años, a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios".
La plataforma critica la ausencia de una consulta a padres y profesionales, algunos de ellos firmemente contrarios al cierre de los centros especiales. Las discrepancias ya habían sido manifestadas con anterioridad, durante la confección de la reforma educativa planteada por la ministra. Censuran, asimismo, que la norma haya retomado los trámites de cara a su aprobación en medio del estado de alarma, especialmente por lo ajustado de los plazos a la hora de presentar enmiendas. "Los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle para mostrar un rechazo a una ley que supone una tragedia para nuestros hijos", lanzan desde el colectivo.
Ante el comunicado, el Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha apresurado a desmentir "rotundamente" las acusaciones vertidas por la organización. Isabel Celaá ha reiterado su apoyo "al alumnado con necesidades especiales, sea cual sea el tipo de centro en el que sean escolarizados". "El Ministerio de Educación y Formación Profesional lamenta profundamente que se juegue con los sentimientos y expectativas de un colectivo tan vulnerable", afirma en una nota de prensa el departamento, respondiendo así a la denuncia de la plataforma.
Este mismo martes, la asociación contestó de nuevo a las afirmaciones del ministerio. "Nos encantaría poder pedir disculpas, decir que nos hemos equivocado o que todo ha sido un malentendido, pero lamentablemente no es así". En ese sentido, la plataforma insiste en un apartado concreto de la norma ya bautizada como Ley Celaá: la disposición adicional cuarta. Esta disposición dice lo siguiente: "Las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna". En ese contexto, el Gobierno "desarrollará un plan para que en el plazo de diez años" los centros ordinarios "cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad". De esta manera, "las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Para la plataforma, se trata de "una disposición cargada de ambigüedad, que puede suponer una puerta de entrada" para una de las enmiendas introducidas por CERMI el pasado año, que busca la "implantación plena de la dimensión inclusiva en el sistema educativo español". Esta enmienda, la 502, fue aprobada por el Consejo Escolar y plantea que "todas las estructuras y dispositivos del sistema educativo español sean plenamente inclusivos para el alumnado con discapacidad". La misma enmienda establece igualmente que "los centros y unidades de educación especial se reorientarán para ser convertidos en recursos de apoyo a la inclusión, irradiando a todo el sistema educativo".
La norma tejida por el ministerio prevé dar respuesta a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que perfila un "sistema de educación inclusivo a todos los niveles", sin discriminación y en base a la igualdad de oportunidades. La ONU ha venido observando, en el caso español, "segregación y exclusión" respecto a los alumnos con discapacidad por no cumplir con lo dispuesto en la convención internacional. Hace tres años, el Tribunal Supremo estableció asimismo que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.
En todo caso, se trataría de una reorientación de los centros que no cristalizaría en su cierre, según defiende el ministerio. La cartera de Isabel Celaá ha reiterado, de hecho, su oposición a la clausura de los centros de educación especial. "El proyecto de ley garantiza el apoyo a estos centros y una respuesta adecuada a las necesidades específicas de cada alumno", sentencia.
Yo pienso que hay una serie de alumnos que por sus características no pueden estar en centros “normales” y están mucho mejor atendidos en centros especiales: autistas severos, síndromes Down severos, parálisis cerebrales severas.....Hasta qué punto es cruel en muchos casos estar integrados en un centro “normal” y ser conscientes de que después de clase ningún compañero le invita a salir con él. Tengo muchas dudas al respecto
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Ocultar 2 RespuestasLas personas con discapacidad gravemente afectadas no podrán estar dentro del mismo aula pero sí compartir otros espacios y otras actividades con el resto de alumnado ordinario, de hecho ocurre así en muchos colegios. Hay que normalizar a este colectivo. Igual no les invitan a todos los cumpleaños pero dejarán de mirarlos raro y aceptarán que son personas que necesitan otro tipo de ayudas. Mantenerlos apartados no tiene ningún sentido.
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Planteate lo inhumanos que son los casos de autismo tipo Aspeger, por ejemplo, con capacidades incluso muy por encima de la media, a los que se condena a integrase(?) en centros especiales donde el 90% de los alumnos tienen graves problemas neuronales, cognitivos, y, generalment, de autonomía motora cero. Por mimetismo terminan copiando hasta los gestos. Un desastre total.
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Es posible que a estas alturas nadie se haya preocupado de que los alumnos de 1º de bachillerato vuelvan al menos a hacer exámenes presenciales y terminar bien el curso. Se juegan mucho cuenta igual que 2º. Fútbol, teatro, restaurantes, bodas sí. Exámenes presenciales por grupos no. qué inútiles!!!
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Es una barbaridad que todavía continúen los centros exclusivos para educación especial, unos guetos donde queda apartado un colectivo que interesa muy poco. La inclusión dentro de un aula ordinaria, aunque sea un rato, compartir el comedor o estar mezclados en los recreos, beneficia muchísimo al alumnado con diversidad funcional y también al resto, que aprende que ni son monstruos ni se comen a nadie. Muchas familias prefieren tenerlos aparte por el sufrimiento que acarrea la discriminación que sufren en centros ordinarios, pero eso solo se combate con una inclusión real y una educación inclusiva.
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Ocultar 5 RespuestasUsted no tiene ni idea de lo que son los centros que atienden a personas con gravísimos síndromes, muchos de ellos nada o poco investigados. No sabe el trabajo "especial" que desarrollan sus profesores y el agradecimiento de las familias afectadas.
Dejémonos de discursos de salón y pisemos la realidad.
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Ocultar 4 RespuestasA los de la manita roja los invito a que pasen un día,uno sólo,en un colegio de educación especial, y después que vuelvan a opinar.
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Con qué facilidad apela usted a la ignorancia y qué sabrá sobre lo que yo ignoro o lo que conozco como la palma de mi mano. Dónde he cuestionado ni siquiera mencionado el trabajo de las y los profesionales? Lo único que decía mi comentario y del que usted no ha entendido ni media palabra, era una defensa de la inclusión de personas con discapacidad en colegios ordinarios y los beneficios que eso aporta. Lea mejor y déjese de bailecitos en el salón y pisotones no sé dónde.
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Ocultar 2 RespuestasUsted habla de guetos, calificación que aplica a colegios.¿Quién distorsiona? Por cierto,baje el tono de respuesta o acabará infartada.
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Ocultar 1 RespuestasPara empezar parece que desconoces también la definición de gueto y por supuesto que se lo aplico a esos centros aunque el personal se deje ahí la piel y me consta que lo hacen. Lo de rebajar el tono permíteme que me ría, no te preocupes por mi salud y no sé la entonación que imaginas pero escribo la mar de tranquilita, razonando y argumentando. Y tú?
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www.infolibre.es ISSN 2445-1592
En Navarra el CREENA, es un organismo público que evalúa el grado de discapacidad de cualquier niño y en función de ese estudio valoran cuales pueden ir a centros públicos y concertados, para desarrollar sus habilidades sociales y cognitivas rodeados de otros niños y estos otros a su vez también aprenden valores como la solidaridad e integración al ver que existen otras realidades en su entorne para que su educación sea inclusiva
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