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Euskadi y Galicia se preparan para votar con distancia física, horarios para acudir a las urnas y más voto por correo

  • Los líderes autonómicos han fijado el 12 de julio para la cita con las urnas y el lehendakari ha trazado las primeras medidas de seguridad para los votantes
  • Propone redimensionar los colegios electorales, imponer una distancia física de dos metros y establecer franjas horarias para controlar los flujos de movimiento
  • Expertos en salud pública proponen además ubicar las urnas en zonas al aire libre y fomentar el envío de las papeletas a los hogares para que los electores lleven el voto preparado
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Publicada el 20/05/2020 a las 06:00
El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha participado en la habitual conferencia del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu.

EFE

De abril a julio. La emergencia sanitaria dejó en un limbo la convocatoria electoral de Galicia y Euskadi, prevista en ambos territorios para el 5 de abril. La cita con las urnas ha pasado varias páginas del calendario y se ha instalado finalmente en el próximo 12 de julio. Aun con parte de la oposición enfrente –tanto en un territorio como en el otro–, los líderes autonómicos han insistido en julio como fecha razonable para garantizar la seguridad del electorado. "Los expertos sanitarios están de acuerdo en que es más seguro celebrar las elecciones al inicio del verano que después de recibir la visita de miles de turistas de otras comunidades durante los meses de julio, agosto y septiembre", defendió el lunes Alberto Núñez Feijóo.

Este martes, el portavoz del Ejecutivo de Euskadi, Josu Erkoreka, expuso algunos de los planes de su equipo en la organización de los comicios. De esta manera, la administración autonómica ha empezado ya a trabajar en una "readecuación" de los centros y las mesas electorales. "Apostamos, sobre todo, por redimensionar los espacios que tengan más de diez mesas. Vamos a reubicar los locales de votación situados en residencias o centros de personas mayores. Vamos a acondicionar los locales para que el acceso y el tránsito de votantes sea escalonado y su circulación ordenada, cuidando las distancias necesarias", concretó el portavoz.

Entre el 13 y el 17 de junio, los ayuntamientos llevarán a cabo sorteos para determinar los nombres de quienes integrarán las mesas electorales, que deberán seguir una serie de medidas estrictas en materia de seguridad y salud. A día de hoy, se están diseñando "los equipos de protección individual que dispondrán ese día", todo ello acompañado de "una campaña de información específica sobre las condiciones de salud y seguridad que se facilitará el día de la votación".

Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández y exdirector general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, explica a este diario que, a priori, la celebración de comicios no tendría que suponer un riesgo en materia de salud pública. "Si se mantiene la distancia física, se acondicionan los centros e incluso se ubican las urnas al aire libre, en zonas amplias, con pérgolas, no tiene por qué pasar nada", detalla. Lo máximo que podría suceder es que "se prolongue la jornada y haya más colas", pero todo ello podría acontecer manteniendo las medidas de seguridad recomendadas. El experto cree que las administraciones deberán "buscar los recursos apropiados" y fomentar algunos ya disponibles, como el envío de las papeletas a los hogares para que el elector "vaya con el voto ya hecho" y sólo tenga que depositarlo. Sí pueden existir matices en cuanto al comportamiento social de los votantes. "Quienes ya tenían miedo a salir durante la desescalada puede sentir reticencias" a participar en el proceso electoral, pero dependerá de las circunstancias personales de cada individuo.

Rafael Bengoa es experto en salud pública y exconsejero de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco. El también considerado como uno de los padres de Osakidetza –el servicios vasco de salud–, entiende en conversación con infoLibre que el 12 de julio podría ajustarse a los requisitos fundamentales para celebrar elecciones con garantías. "Los indicadores nos permiten decir eso, pero siempre con el mensaje de que el riesgo sigue ahí", subraya. En ese sentido, insiste en la necesidad de reformular los espacios electorales para cumplir con la "amplitud que necesitamos para que todo el mundo pueda mantener los dos metros". Además, reflexiona, "tendría que ser con mascarilla y sería conveniente establecer un método para organizar los flujos".

Precisamente con ese objetivo, otra de las cuestiones que introduce la Lehendakaritza es el establecimiento de franjas horarias para evitar grandes concentraciones de electores en colegios electorales, aunque habrán de tomar forma de "recomendación" y no constituirse como norma "obligatoria". Imponer a los ciudadanos determinados horarios para votar, estima el Gobierno autonómico, podría "vulnerar el derecho de sufragio" y conllevar "anulaciones" de votos.

Sobre esta cuestión se expresa el constitucionalista Miguel Presno Linera. Recuerda que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) ya "fija de manera taxativa un horario". La ley, completa, "que se aplica como legislación básica, prevé que la jornada vaya de las 9:00 horas a las 20:00 horas" y precisamente que la horquilla sea tan amplia "es una garantía para que los electores puedan votar". En su artículo 84, la norma señala que "se iniciará a las nueve horas la votación, que continuará sin interrupción hasta las veinte horas". Las franjas horarias, añade el jurista, "únicamente se podrían establecer como recomendación", un extremo que entiende razonable en tanto que, previsiblemente, "la gente atenderá a las recomendaciones".

En cuanto al voto por correo, la comunidad solicitará la ampliación de plazos con el objetivo de extenderlo más allá del 2 de julio. En esa tarea, las autoridades pondrán en marcha una campaña informativa para fomentar el voto por correo. Se insistirá en que los electores descarguen la solicitud de voto por correo desde la web del Instituto Nacional de Estadística (INE) y se permitirá que "quienes en esas fechas puedan estar confinadas, en cuarentena o pertenezcan a grupos sensibles pueda realizarla una persona apoderada". El portavoz vasco aseguró que se facilitará "al máximo posible todos aquellos trámites que se puedan realizar online en todo el proceso electoral", precisamente con el propósito de "reducir los desplazamientos de la ciudadanía que más dificultades tenga para ejercer el derecho al voto".

Alberto Núñez Feijóo manifestó el lunes su intención de completar "desde ya" los protocolos de seguridad para que "se pueda participar en estas elecciones con todas las garantías". "Esperamos contar con la colaboración del Gobierno de España", señaló el líder de la Xunta de Galicia, quien confirmó habérselo solicitado formalmente al presidente Pedro Sánchez. Por el momento, la comunidad no ha detallado las medidas concretas que planea desarrollar.

A mediados de marzo, en plena la expansión mundial de la pandemia, Francia celebró elecciones municipales envuelta en una serie de medidas excepcionales, como la imposición de distancia física de al menos un metro, marcas en el suelo y medidas de higiene en los colegios. Pese a la estrategia para poder garantizar la seguridad de los votantes, la participación quedó marcada por una abstención histórica. La segunda vuelta quedó finalmente aplazada y el consejo científico ha determinado este martes que no se opondrá a que la nueva fecha sea en junio, si bien ha recalcado que será necesaria una nueva evaluación conforme se acerque el día.

Voto rogado: 461.949 gallegos y 75.749 vascos

De un menor grado de previsión cuenta el sufragio de los gallegos y vascos en el exterior. Un total de 461.949 gallegos se encuentran residiendo en el extranjero, cifra que se instala en los 75.749 en el caso de los vascos, de acuerdo a los últimos datos del INE, relativos a abril del presente año. El plazo para solicitar el voto comenzó este mismo martes, pero los residentes en el extranjero y las personas temporalmente ausentes denuncian la opacidad en la información y la inexistencia de un plan que garantice el derecho a voto sin perjudicar la salud de los electores.

María Almena, portavoz de Marea Granate, denuncia que el principal problema reside en la ausencia de medios. Aquellas personas que deban inscribirse como residente permanente (CERA) o no residente (ERTA) deberán hacerlo de manera presencial en el consulado. Los segundos, además, tienen que solicitar el voto también de manera presencial. Todo ello teniendo en cuenta las restricciones a la movilidad, cuyo grado de flexibilidad varía en función del país, que imponen importantes barreras a la hora de ejercer el derecho a voto. La alternativa, estima Almena, pasa por "una plataforma telemática que a día no hoy no está prevista y que no es fácil de solventar, no se puede improvisar del día a la mañana y ahora mismo no hay nada disponible".

Berta Burguete, miembro de la misma plataforma, añade además que los límites en las comunicaciones aéreas dificultan el envío de valijas, que ya de por sí, denuncia, tienden a experimentar dificultades para cumplir los plazos o llegar defectuosas. "Los consulados están bajo mínimos o cerrados, se siguen exigiendo trámites presenciales y a eso hay que sumarle las restricciones al transporte", enumera, "el resultado es que se va a perder una parte decisiva del electorado".

Burguete esquiva, en ese contexto, el "fantasma del voto electrónico", que a su juicio carece de las garantías necesarias. "Puede alterar el resultado de las elecciones, imagina que los votos son hackeados", estima. La falta de previsión y las deficiencias de un modelo que lleva años siendo denunciado han demostrado que al electorado en el extranjero "se le deja fuera una vez más".

Fuentes del Ministerio de Exteriores explican a este diario que actualmente el departamento está en consulta con el INE para determinar "alguna alternativa a la presencialidad en la fase de presentación de reclamaraciones", una búsqueda que se extiende también a la solicitud presencial del voto de los ERTA. De momento, agregan, se está "intentando resolver cómo se desarrolla o no la presencialidad". Sí recalcan, las mismas fuentes, que "se va a garantizar el derecho a voto de los españoles en el extranjero y en consecuencia que sus papeletas lleguen".

 

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