Una investigación plagada de errores y retrasos nunca explicados liquida el 'caso del ático' de Ignacio González

Comisiones rogatorias internacionales cursadas a organismos equivocados o mediante conductos erróneos. O que se tradujeron tarde al inglés como paso previo a su envío. O en las que faltaban datos clave como el número de la cuenta sobre la que se requería información a un banco de Londres. E incluso otra que se había "extraviado" camino de Panamá y así lo terminó reconociendo el Ministerio de Justicia.  O una petición de ayuda judicial para que los peritos verificasen la autenticidad de una grabación y que la Guardia Civil tuvo dos años y medio en el cajón. Todo eso ocurrió en los más de siete años de instrucción sobre la oscura compra en 2012 de un ático de lujo en Estepona por el expresidente de Madrid, Ignacio González, cuya imputación sobreseyó este martes el juez que investigaba esta causa. Por qué en el caso del ático se enviaron rogatorias a organismos equivocados o con datos erróneos, por qué su traducción se demoró o por qué la Guardia Civil tardó dos años y medio en activar una petición de ayuda son aspectos para los que nadie ha ofrecido una explicación razonada. El sucesor de Esperanza Aguirre continúa investigado en otras dos macrocausas de corrupción: Lezo, donde se encuentra ya pendiente de juicio y en la que dos arrepentidos colombianos le han señalado como quien ordenó cómo repartir las mordidas para quedarse la mejor parte en una operación del gigante público Canal de Isabel II; y Púnica, donde figura entre los imputados de mayor relevancia por la supuesta financiación ilegal del PP madrileño. 

Provisional y por tanto reversible pero solo si surgieran nuevos hechos incriminatorios de relevancia, el sobreseimiento del caso del ático se produce bajo el siguiente argumento: "A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles". El juez concluye que nada demuestra la existencia de un delito de cohecho (soborno) ni de blanqueo.

No hay –sostiene el auto judicial– "indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado" para la compra del piso provenga, como sospechaban las acusaciones, del empresario Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Primero el sindicato policial SUP y, luego, trabajadores de Telemadrid, los denunciantes observaban indicios de que el ático había sido un regalo en especie de Cerezo. ¿A cambio de qué? Pues en compensación por una operación urbanística que en el municipio madrileño Arganda aseguró un verdadero pelotazo a la constructora Martinsa. Y es aquí donde entra en escena el comisario José Manuel Villarejo, preso bajo la acusación de graves delitos desde noviembre de 2017. Fue Villarejo quien declaró en el juzgado de Estepona que, según un confidente del caso Gürtel, González había cobrado dos millones por una recalificación en Arganda. 

Junto con González y su esposa, Lourdes Cavero, Cerezo era el tercer protagonista de una investigación que ya en su fase inicial sufrió atascos con Alberto Ruiz Gallardón como ministro de Justicia. Los retrasos, con episodios como los enunciados en el primer párrafo, persistieron en la etapa de Rafael Catalá. Tras su cese como titular de Justicia a raíz de la moción de censura de 2018, Catalá fue fichado en noviembre de ese año como patrono de la Fundación del Atlético de Madrid.

Extraído del sobreseimiento dictado por Eloy Marfil –el tercer juez que se hizo cargo de la instrucción–, los entrecomillados sobre el origen del dinero se refieren al manejado en la compra del ático. En realidad hubo dos adquisiciones: primero, en mayo de 2008, se hizo con la propiedad una extraña empresa domiciliada en Delaware (EEUU) y dirigida por un tal Rudy Valner, testaferro profesional según su propia publicidad. La sociedad se llamaba Coast Investors Llc y las pesquisas policiales pronto señalaron que tras ella se encontraba una compañía panameña, Waldorf Overseas Investments, como su verdadera propietaria. Residente en EEUU, Valner había comprado el ático de Estepona tras una negociación telefónica. O sea, sin verlo. Quien sí lo había visto era la esposa de Ignacio González, Lourdes Cavero. Al menos, así lo declararon bajo juramento el anterior propietario del inmueble y una agente inmobiliaria. El fiscal ni siquiera asistió a la declaración de los dos testigos.

Cuatro años después y cuando el sindicato policial SUP ya había interpuesto una denuncia por sospechas de corrupción, González y su mujer compraron la vivienda. No era un aterrizaje sorpresivo. Nada más adquirir Coast Investors Llc. el ático y pese a que los involucrados señalaron que no conocían a Valner, residente en California, González y su esposa habían alquilado el ático. En diciembre de 2012, ambos dejaron así de ser inquilinos para convertirse oficialmente en propietarios. Situado a medio kilómetro de la playa, con una superficie de casi 500 metros cuadrados, piscina privada, jacuzzi, sauna y tres plazas de garaje, la pareja escrituró la compra por 770.000 euros. En 2008, Coast Investors había pagado oficialmente 750.000 euros, es decir, solo 20.000 euros menos. El entonces presidente de la Comunidad de Madrid y su esposa adujeron desde el primer momento que sufragaron aquella compra gracias a la estratosférica indemnización por despido –unos 700.000 euros– abonada a Cavero por la patronal eléctrica Unesa.

El auto judicial que sobresee el caso alude a ese finiquito en el siguiente párrafo: "En este caso, no sólo no constan en el procedimiento indicios sobre la existencia de un delito antecedente del cual procedería el dinero utilizado (...) para la adquisición de los bienes inmuebles sitos en Estepona, sino que tampoco existen indicios de que el dinero utilizado tuviera un origen ilícito. Así, ya en el oficio policial (...) de 30 de mayo de 2019 (...) se alude al origen no sospechoso de los fondos empleados, atendiendo, entre otros, a la escritura pública en la que se formaliza la compraventa (...) y al finiquito percibido por la señora Cavero Mestre en el año 2011 (...), de los que se infiere cómo se financió la compra, sin que pueda vislumbrarse que el dinero utilizado en la adquisición no sea lícito".

El misterio de la comisión rogatoria extraviada

Que los errores y los retrasos inexplicados han sido la tónica en estas diligencias judiciales quedó claro desde el inicio. Por ejemplo, en marzo de 2013, la primera jueza del caso ya libró una rogatoria dirigida al Lloyds Bank de Londres para que informasen sobre el beneficiario último de una cuenta corriente abierta a nombre de Coast Investors. Dos años más tarde y como publicó infoLibre en febrero de 2015, aquella rogatoria seguía atascada. La respuesta del Reino Unido ilustra lo que estaba pasando: "A menos que la información solicitada sea cumplimentada, la Oficina de Información de Impuestos del Reino Unido no podrá llevar a cabo la asistencia requerida".  ¿Y qué datos faltaban? Pues nada menos que el número de cuenta bancaria y la concreción del período sobre el que el banco británico Lloyd's TSB Bank debía suministrar la información vinculada a la compra del ático. El bloqueo de la entrega de datos bancarios solicitados por el Reino Unido a España terminó por dar al traste con la comisión rogatoria cursada a ese país, esencial para desentrañar la madeja societaria internacional que rodea al inmueble.

El verano de 2017 asestó otro golpe a la instrucción del caso. Dos años antes, en julio de 2015, trascendió que EEUU no había podido aportar la información pedida mediante otra rogatoria sobre las cuentas desde las que Coast Investors había pagado el ático en 2008. Y que no había podido porque España envió datos erróneos. La rogatoria se refería a dos pagos y dos cuentas. Y los números de las cuentas corrientes estaban intercambiados. 

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Pero hubo todavía más golpes a la investigación. El 5 de mayo de 2016, había llegado al Ministerio de Justicia una rogatoria para que la cursara a Panamá. El departamento que entonces dirigía Rafael Catalá la envió, pero se confundió: la hizo llegar al Ministerio de Gobierno y no a la Procuraduría [Fiscalía] General del país. Casi un año después, el 15 de marzo de 2017, el ministerio de Catalá recibió un escrito de las autoridades panameñas que ponía de manifiesto el error. Justicia volvió a remitir el 22 de marzo la solicitud a la Procuraduría panameña. En enero de 2019, el juez Eloy Marfil preguntó a través de un escrito por qué el juzgado de Estepona no había recibido aún respuesta a la comisión cursada tres años antes.

Fue a partir de ahí cuando se supo que la rogatoria, aquella que por una confusión el ministerio de Rafael Catalá había remitido al organismo panameño equivocado, jamás llegó a su destino.  Lo expuso una funcionaria de Justicia en su respuesta al juez Marfil: "Teniendo en cuenta que las autoridades de Panamá comunican que no han recibido la comunicación original entendemos que se ha extraviado durante el envío".

Detrás quedaban otros episodios igualmente inexplicados. Por ejemplo, el que involucra a la Guardia Civil, que tardó dos años y medio en comenzar a atender la petición del juzgado de Estepona para que los peritos analizaran una de las más famosas grabaciones del caso: aquella fechada en noviembre de 2011 y donde, tras las primeras informaciones publicadas por El Mundo, el político madrileño expresaba al comisario Villarejo su temor a la difusión de los datos sobre el ático que ya entonces amenazaban con colocarle en el disparadero. El juzgado pidió la pericial el 15 de julio de 2015. Y la Benemérita no le contestó hasta el 4 de enero de 2018. Pero su respuesta no fue un informe sino un aviso de que o le confirmaba en un mes que el caso seguía abierto o  daría "de baja definitiva" la solicitud de pericial. Este periódico preguntó entonces al Instituto Armado el porqué de aquella demora de dos años y medio.  "Es la habitual en los análisis que realiza el departamento de ingeniería". Esa fue la respuesta.