Aguirre maniobra para que el juez cierre ya la investigación sobre la financiación del PP sin usar el año extra que le brinda una nueva ley

La entrada en vigor este miércoles de la nueva ley que otorga otros 12 meses de plazo a las investigaciones judiciales en marcha ha movilizado con rapidez a Esperanza Aguirre. Imputada en Púnica por la financiación del PP madrileño, la defensa de la expresidenta regional ha enviado un escrito al juez en el que pide que mantenga el 27 de agosto como fecha definitiva para dar carpetazo al caso. En su escrito, Aguirre utiliza un argumento que fuentes jurídicas consultadas por infoLibre consideran probable que maneje el instructor de la causa, Manuel García Castellón: que la fecha del 27 de agosto no es gratuita sino que viene marcada por un auto con el que la Sala de lo Penal de la Audiencia ordenó hace un año concluir la instrucción este verano. Aquella decisión se basaba en la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC) aprobada por el Gobierno del PP en 2015 y que acortaba los tiempos de investigación judicial de manera drástica. Pero esa norma restrictiva dejó de estar en vigor el miércoles.

"Acordar un nuevo plazo de prórroga de instrucción –sostiene el escrito de Aguirre– contravendría lo dispuesto por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional". Alargaría otro año una "dilatada instrucción" que comenzó en 2014. Y sometería "injustificadamente a los investigados a dicha situación durante un año más".  Aguirre esgrime en su favor el preámbulo de la nueva ley que, aprobada ahora con el voto en contra del PP, brinda un año extra a todas las causas en tramitación. "Como es sabido –dice el preámbulo y así lo reproduce el escrito–, el proceso penal es en sí mismo una pena que comporta aflicción y costes para el imputado (...), debe articularse un sistema que cohoneste [armonice] la eficacia del proceso penal con los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho de defensa y a un proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable".

Pero si la exposición de motivos señala lo transcrito en el anterior párrafo, el breve articulado de la nueva ley resulta inequívoco: "La modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contenida en el artículo único será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. A tal efecto, el día de entrada en vigor será considerado como día inicial para el cómputo de los plazos máximos de instrucción establecidos en aquél". En otras palabras, que a partir del 29 de julio comienza el cómputo de "los plazos máximos". Es decir, de los 12 meses extra ahora disponibles.

El mismo día 29 y en espera de que Anticorrupción y el juez –ambas partes cada vez más distanciadas– oficialicen sus respectivas posiciones, las acusaciones populares optaron por curarse en salud. La asociación de abogados Adade y el PSOE solicitaron a García Castellón "una resolución meramente declarativa" sobre la contabilización de los nuevos plazos. Y aunque su escrito no hace mención alguna a Aguirre, todas y cada una de las partes de esta macrocausa de 16 piezas –la financiación del PP es una de ellas– y 200 imputados son conscientes de que completar o no el marco probatorio depende en buena medida del tiempo. Para las acusaciones resulta crucial sumar nuevos documentos y declaraciones de investigados arrepentidos dispuestos a aportar más datos. Por ejemplo, el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, condenado en Gürtel a 38 años y que hace menos de un mes prometió identificar qué facturas de una determinada empresa pública se inflaron para cumplir los deseos de Esperanza Aguirre.

En el polo opuesto, la antigua líder del PP de Madrid, la mujer que más poder acumuló en esa comunidad a lo largo de una década, sigue confiando en que el juez la deje finalmente fuera de la lista de investigados que habrán de sentarse en el banquillo. Su estrategia: remachar que ni sabía nada de las cuentas del partido ni es responsable de lo que hicieran sus subordinados.

González Panero asegura que Aguirre le pidió adjudicar obras a empresas que financiaban al PP

Ver más

De momento, una gama extensa de delitos relacionados con el desvío de fondos públicos en beneficio del partido amenaza a la que durante años fue conocida como la lideresa. Pero cerrar el círculo de los indicios sigue pendiente de un hilo. Y para las acusaciones privadas implica tener de una vez acceso a los documentos intervenidos en los registros, a los archivos alojados en dispositivos electrónicos incautados o a conversaciones intervenidas que ni siquiera han llegado a poder de todas las partes.

Aguirre cree que Adade y el PSOE piden que la causa prosiga solo por "interés político". "Pero en este ámbito jurisdiccional –señala su escrito– han de prevalecer las razones jurídicas y el respeto a las garantías conforme al principio de proporcionalidad". En el Senado, el PP llegó a aducir que la nueva ley tenía "efectos retroactivos". Y eso –insinuó el senador Fernando de Rosa, que fue consejero en el Gobierno de Francisco Camps y vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces– responde al objetivo de "provocar la nulidad de muchos procedimientos de corrupción que afectan" al PSOE. 

El escrito de Adade y el PSOE desmonta ese argumento. Y lo hace al recordar que la reforma de 2015, la que cerró a cal y canto las opciones de prórroga en causas complejas o que requieren el envío de las siempre lentas comisiones rogatorias, se aplicó a todas las diligencias que en octubre de aquel año ya estaban en tramitación. "Nadie -dice su escrito- discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada con mayoría absoluta en el Parlamento durante el Gobierno del PP no fuera de inmediata aplicación a una causa que le afectaba directamente como partido político". Esa causa que le afectaba directamente al PP es Púnica.