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Alberto Garzón, ministro de Consumo.
EFEEl Ministerio de Consumo está preparando una ley para prohibir los teléfonos 902, es decir, aquellos que suponen una tarificación adicional para las personas que efectúan la llamada, y que comúnmente se encuentran en los servicios de atención al cliente de empresas y compañías. De este modo, el Ministerio de Alberto Garzón defiende que la medida es “de justicia social”, y “pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”.
Este tipo de teléfonos se caracterizan por suponer un coste a aquellos que realizan la llamada, pese a que la ley estipula que las empresas deben disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tárifa básica. Sin embargo, esta vaga definición es utilizada por las compañías para cargar más que una llamada provincial, pero menos que una llamada nacional, ya que la Ley de Defensa del Consumidor define este concepto como “el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que “no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar”. “Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”, concluye el tribunal.
De este modo, desde el Ministerio denuncian que el acceso a los servicios de atención al cliente “no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico”. Para ello, se modificará el artículo 21.2 de la Ley del Consumidor, ajustándolo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que no “excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica”.
Masel
06/09/20 10:29
Pernalonga
04/09/20 23:20
Ya iba siendo hora. Lo más sangrante es que los destinatarios de estas llamadas, perciben una remuneración, es decir participan en el botín. De ahí su proliferación, sobre todo para servicios de información, asistencia técnica y reclamaciones. Cuanto peor es el servicio más cobran
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Azalea
04/09/20 23:15
74camilo
04/09/20 20:11
RFripp
04/09/20 18:29
BREAKTHROUGH
04/09/20 18:09
Y los 901 qué? Muchos teléfonos de información y trámites de las administraciones públicas comienzan con 901 y las llamadas desde móviles son una ruina. Por ejemplo el INSS. 22€ he gastado este mes llamando al 901166565 para intentar corregir un error en los datos de mi hijo que nos impedía tramitar la tarjeta sanitaria europea por internet. Para nada. Nadie me contestó nunca en la opción 2 del menú (TSE), 0,53€ casa llamada. Luego pinché la opción 3 que no era la que necesitaba pero logré hablar con alguien, 11 minutos casi 4€ para nada me dio información errónea. Al final solo quedaba la opción 1, me contestó una señora, 15 minutos de conversación 5€, por fin nos dijo lo que teníamos que hacer aunque no era su parte. En fin 22€ porque el servicio no funciona como debe funcionar y encima con 901. Ministro esto no es un abuso también?
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Varsovia
04/09/20 15:43
Es una noticia extraordinaria!!!
Esto sí que es gobernar para los ciudadanos y no en contra de los ellos... Deberían aprender la banda de delincuentes organizados que gobiernan en algunas comunidades (PP-C'c-Vox)
Bravo!!! señor ministro de consumo D. Alberto Garzón.
Espero que no le pongan muchos palos en la rueda para impedírselo. Un saludo.
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Felipe211049
04/09/20 14:33
senenoa
04/09/20 14:08
Larrauri
04/09/20 12:11
José Miguel Contreras
Helena Resano
Luis Arroyo
www.infolibre.es ISSN 2445-1592
Esperemos que sea verdad que se va a acabar con esta golferia.
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