El fin del negocio del 902: Consumo prohibirá que se cobren las llamadas a atención al cliente

El Ministerio de Consumo está preparando una ley para prohibir los teléfonos 902, es decir, aquellos que suponen una tarificación adicional para las personas que efectúan la llamada, y que comúnmente se encuentran en los servicios de atención al cliente de empresas y compañías. De este modo, el Ministerio de Alberto Garzón defiende que la medida es “de justicia social”, y “pondrá fin a un abuso generalizado y agravado en el contexto del covid por las restricciones de aforo, movilidad y presencialidad”.

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Este tipo de teléfonos se caracterizan por suponer un coste a aquellos que realizan la llamada, pese a que la ley estipula que las empresas deben disponer de un número que no tenga un coste superior al de la tárifa básica. Sin embargo, esta vaga definición es utilizada por las compañías para cargar más que una llamada provincial, pero menos que una llamada nacional, ya que la Ley de Defensa del Consumidor define este concepto como “el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario”.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que “no puede exceder del coste de una llamada a una línea telefónica fija geográfica o móvil estándar”. “Siempre que se respete este límite, el hecho de que el comerciante obtenga o no beneficios por medio de esa línea telefónica de asistencia es irrelevante”, concluye el tribunal.

De este modo, desde el Ministerio denuncian que el acceso a los servicios de atención al cliente “no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico”. Para ello, se modificará el artículo 21.2 de la Ley del Consumidor, ajustándolo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que no “excedan el precio de llamada a una línea telefónica geográfica”.